El Consejo Nacional Justicialista reorganizaba su conducción, poniendo al frente a un gobernador sin aspiraciones presidenciales, Eduardo Fellner, tal cual lo indicado por Cristina. En vicepresidencias “ad hoc”, se oficializaban a los siete precandidatos presidenciales del oficialismo: Julián Domínguez, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo, Agustín Rossi, Daniel Scioli, Sergio Urribarri y Juan Manuel Urtubey. Por orden alfabético y conforme cada uno de ellos fue esbozando en su momento su deseo presidencial.
El kirchnerismo vivía días complejos en materia judicial, con fallos de cámara negativos para causas que involucraban a sus miembros. En efecto, luego de que la Corte Suprema quedara reducida a seis miembros por el fallecimiento de Carmen Argibay, y comenzaran a circular versiones referidas a un supuesto interés oficial por reemplazar con incondicionales eventuales vacantes en el Tribunal Supremo, llegaron las pálidas para el kirchnerismo en materia judicial.
El gobierno arrancó con el pie izquierdo el martes 13, cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña resolvió anular el dictamen que había desestimado una denuncia contra la Presidenta por la firma del decreto que selló el acuerdo de YPF con Chevron. Dos días después la Sala I de la Cámara Federal -habitualmente favorable al kirchnerismo-, declaraba la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Y al día siguiente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidía no hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de Amado Boudou en la causa Ciccone.
Más allá de los trastornos judiciales, Cristina volvía a las cadenas nacionales: en la duodécima del año, anunciaba el aumento en asignaciones esperado desde principios de año. Pero contrariamente a lo que se suponía, el anuncio no vino como complemento de una suba del mínimo no imponible. El domingo 25, Cristina volvió a la Catedral Metropolitana para participar del Tedéum, ocho años después de que a partir de una homilía de Jorge Bergoglio que no pudo digerir, Néstor Kirchner decidiera no volver a visitarlo. La semana siguió con la confirmación de una invitación de los BRICS a la Argentina para participar como invitada a su próxima reunión. Pero la frutilla del postre se dio el jueves, con el anuncio del arreglo con el Club de París, donde Axel Kicillof tuvo todo el protagonismo.
La alegría duró solo un día: al siguiente se apagó la euforia oficial por el acuerdo crediticio al conocerse la noticia de la convocatoria a indagatoria de Amado Boudou.
La manera elegida por el gobierno para defenderlo fue hablar de “ensañamiento mediático” y un deliberado intento de opacar el resonante éxito que acaba de alcanzarse. Se asentó para ello en que el anuncio de la citación fue hecho al día siguiente del acuerdo con el Club de París y que la indagatoria tendría lugar cuando la Presidenta estuviera en Brasil participando de la reunión del BRICS. Ese día Boudou debería entonces concurrir a Tribunales en su condición de presidente en ejercicio.
La citación fue fijada para el 15 de julio, dos días después de la final de la Copa del Mundo, a la que el gobierno asignaba sus mayores expectativas, cifradas en la performance de Messi y compañía.
Un día antes de partir hacia Venecia, para representar al país en la Bienal, Amado Boudou pidió a través de su abogado el adelantamiento de la fecha de la declaración indagatoria. Concedido su deseo, el vicepresidente apareció en Tribunales acompañado por un equipo del Senado TV para grabar la indagatoria, cosa que el juez Lijo rechazó, y al cabo de la jornada que pasó adentro de los Tribunales, Boudou dejó clara la dirección de su estrategia: apuntar a la ruta del dinero, exigiéndole al magistrado que investigara la línea relacionada con la adquisición de la ex Ciccone. Al día siguiente, tras conceder nuevos reportajes a medios afines, el vicepresidente sorprendió por la noche apareciendo en vivo en la pantalla de TN, entrevistado en dependencias del Senado nacional. Allí ya no pudo mostrarse tan expeditivo; por el contrario, la hora que pasó al aire fue un verdadero traspié para su estrategia.
Una comitiva interpartidaria de legisladores viajaba a Washington para apoyar la postura argentina en el litigio con los fondos buitre, ante la inminente decisión de la Corte Suprema norteamericana en torno a si tomaba o no el caso por el litigio entre nuestro país y los fondos buitre NML Capital y Aurelius Management. Y contra todos los pronósticos, la Corte dijo no. La que se manifestó “no sorprendida” fue Cristina, quien aseguró por cadena nacional que esperaba esa decisión. En rigor, los conocedores del paño descontaban que la Corte no nos daría la razón, pero había confianza en que diera parte al procurador y con ello la Argentina ganaría tiempo al menos hasta fin de año. Comenzó a gestarse en el kirchnerismo la consigna “Patria o buitres” y si bien el ministro de Economía aseguró que esa situación ya había sido calculada, todo pareció indicar que no había un plan B definido. De hecho, las medidas emprendidas a partir de conocerse el fallo resultaron contraproducentes. Desde el discurso presidencial en el que habló de un intento de “extorsión”, a la conferencia de prensa de Axel Kicillof posterior, en la que adelantó el cambio de jurisdicción para el pago de la deuda a los holdings. El calificativo presidencial no podía haber caído peor en el juez Thomas Griesa, al que en simultáneo el jefe de Gabinete se ocupó de fustigar también. Se sabe que en esas horas de incertidumbre confrontaron dos tendencias en la Casa de Gobierno; una inclinada a negociar, y la otra que sugería patear el tablero y marchar hacia el default sin arriar las banderas del proyecto.
Llegó el acto del Día de la Bandera y se esperaba que allí la Presidenta quemara las naves, pero por el contrario, se mostró sosegada y cuidó las formas. Todo pareció indicar que tras los fuegos de artificio sobrevendría un acuerdo. No fue así y la Argentina se encaminó entonces al default técnico, término que el gobierno nunca aceptó. Paralelamente, en otro viernes negro, el vicepresidente Boudou era procesado por el juez Lijo en la causa Ciccone. Advertido de la imposibilidad de avanzar en un acuerdo con los holdouts para antes del vencimiento de una cuota con los bonistas que entraron al canje, el gobierno optó por efectivizar el pago, convencido de que Griesa embargaría ese importe. Ello llevaba la disputa a terrenos farragosos, pues complicaba al Banco de New York involucrado en el canje y expuesto a incumplir compromisos, quedando a expensas de demandas de los holdings. Paralelamente el gobierno había vuelto a preparar el terreno beligerante para con Griesa, reanudando sus diatribas: “No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los buitres ni de su verdadera intención de llevar a la República Argentina al default”, dijo Economía a través de un comunicado en el que el término “buitre” volvió a su discurso. La Argentina entró técnicamente en default a fin de mes, si bien contaba a partir de entonces con 30 días más para normalizar la situación.
JULIO
Mientras Argentina avanzaba en el Mundial de Brasil, el gobierno dividía la atención en dos frentes abiertos. Con el vicepresidente Boudou, si bien el oficialismo había mostrado sus músculos al dar por cerrada la discusión en la Comisión de Juicio Político, lejos estaban las cosas de amainar. El otro frente abierto era la deuda, donde los holdouts volvían a ser “fondos buitre” y el juez parte del eje del mal.La semifinal del Mundial con Holanda le restó importancia a la celebración del Día de la Independencia, que en un primer momento se había organizado con la presencia en Tucumán de presidentes de la región. Enfermedad presidencial mediante, la convocatoria se desactivó y finalmente el gobierno optó por hacer reaparecer ese día al vicepresidente Boudou junto al Gabinete en pleno, en lo que se interpretó como una señal de Cristina hacia propios y extraños. Sobre todo una señal hacia la Cámara Federal que debería resolver en los próximos meses sobre el procesamiento dispuesto por Lijo.
Siguiendo en el plano judicial, el gobierno experimentaba un traspié al no lograr desplazar al fiscal José Campagnoli.
Con la deuda, hasta último momento se especuló con una solución que no llegó. La negociación que emprendieron los banqueros encabezados por Jorge Brito fracasó por la desautorización postrera de Kicillof y Cristina, en un mismo día y en ese orden.
AGOSTO
El cierre de la imprenta Donnelley llevó a las autoridades nacionales a echar mano por primera vez a la controvertida Ley Antiterrorista. La medida anunciada en el marco de la presentación de otro plan de viviendas sorprendió tanto como la propia declaración de quiebra de la empresa, que ya había dado lugar a múltiples especulaciones. El episodio pasó a formar parte de la épica oficial que mostraba al gobierno decididamente enfrentado con los poderosos de Estados Unidos: su gobierno, su justicia y ahora sus multinacionales. De ahí que en su discurso a los militantes desde el balcón de la Rosada, Cristina advirtiera que “para los que me quieran correr por izquierda, les notifico que a mi izquierda, ¿saben qué hay? La pared nada más”.
El Senado comenzaba a analizar una reforma de la Ley de Abastecimiento que generaba la masiva reacción adversa de los empresarios. Con el Congreso en el centro de la escena, la Presidenta anunciaba por cadena la decisión de crear una comisión investigadora de la deuda externa, mientras mandaba un proyecto para cambiar el lugar de pago a los bonistas. Era una carrera contrarreloj, pues necesitaba esa ley para antes del 30 de setiembre, fecha del próximo vencimiento. Ya no quería repetir la experiencia del depósito de los fondos en el Bank of New York Mellon del 27 de junio pasado, pues los U$S 539 millones quedaron en una suerte de limbo. El gremialismo combativo realizaba el 28 de agosto un nuevo paro, ya sin la magnitud del 10 de abril, pues la UTA no se sumó. Moyano habló de “presiones” oficiales y prebendas, pero quedó claro que la única garantía de un paro efectivo es la falta de transportes. Con la city porteña convertida en un bosque tupido por la cantidad de “arbolitos”, el Banco Central no podía parar el drenaje de dólares. Ese mes se registraba un récord en venta del “dólar ahorro”: 260,1 millones se fueron por esa vía, el mayor volumen del año.
SEPTIEMBRE
La Presidenta se afirmaba en una temeraria advertencia de Luis Barrionuevo sobre un posible estallido para alertar sobre el probable armado de saqueos para esa fecha. Paralelamente anunciaba la promulgación en tiempo récord de la Ley de Pago Soberano que los diputados acababan de votar en la madrugada de ese mismo día.
En la ONU, 124 países sobre 193 votaban a favor del proyecto argentino sobre un marco legal para regular las restructuraciones de deuda, lo cual fue ensalzado al máximo por el kirchnerismo, que lo tomó como una prueba de la justicia de nuestro reclamo.
Acompañada por una numerosa comitiva copada por miembros de La Cámpora, la Presidenta volvía al Vaticano para compartir un nuevo almuerzo con Francisco, antes de emprender viaje a Estados Unidos, donde expresó una dura postura ante la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad. Previsiblemente cargó contra los fondos buitre, a los que llegó a comparar con terroristas. Alertó también sobre un posible intento de atentado del grupo ISIS en su contra. Mientras tanto en Buenos Aires se aprobaba la Ley de Abastecimiento y se tensaba la pulseada entre Kicillof y el presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, a quien el ministro de Economía quería fuera del cargo. También se especulaba con la posibilidad de que Capitanich dejara la Jefatura de Gabinete para volver al Chaco y lo reemplazara el propio Kicillof, o alguien de su sector.
El martes 30 de septiembre Cristina no dio un discurso, sino cuatro, en los que sucesivamente fue subiendo el tono. Ya no trató al juez Griesa de extorsionador, sino de “senil” y “municipal”, deliberadamente con la intención de ofenderlo, e incendió la relación ya complicada con Estados Unidos. Le dio incluso a su mensaje un toque caribeño al sugerir un golpe y/o un magnicidio impulsado desde el Norte. La estocada final fue para Fábrega, puesto en primera fila, con el rostro pétreo escuchando cómo la Presidenta se refería a la supuesta actitud “pasiva”, o -peor aún- “cómplice” del Banco Central. Al día siguiente presentó su esperada renuncia y asumió en su lugar el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.
Los primeros resultados de la nueva política implementada en el Central dejaron satisfecho al gobierno: bajó el blue y se desplomó el “contado con liqui”. La tendencia se profundizaría en el futuro, con fuertes controles, allanamientos, denuncias y hasta suspensiones, como la aplicada sobre la Sociedad de Bolsa Mariva.
OCTUBRE
Sin la mayoría de la oposición en el recinto de Diputados, la Cámara baja convertía en ley el nuevo Código Civil y Comercial. Paralelamente, la Ley de Hidrocarburos había logrado sortear los cuestionamientos, dejando claro que si esa norma había logrado ser aprobada, el kirchnerismo no encontraría problemas con ningún proyecto en el Parlamento, al menos hasta bien entrado 2015.
Al firmar la promulgación del nuevo Código, la Presidenta anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar el Código Procesal Penal.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, daba la nota fotografiándose en Jujuy con el jefe del bloque radical del Senado, Gerardo Morales, candidato a gobernador de esa provincia. Mientras un sector de UNEN sugería un acuerdo con el PRO y otros mantener la independencia, otro sector -con Morales a la cabeza- sugería una gran interna con Macri y Massa, quien posteriormente se mostró con otros candidatos radicales, como el tucumano José Cano y el formoseño Luis Naidenoff. Partidario del sector que sugería acordar con el PRO, el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, anticipaba que si la oposición llegaba al poder el próximo año derogaría muchas de las normas impulsadas por el kirchnerismo, lo cual desató una ola de reacciones de parte de dirigentes oficialistas, entre ellos la propia Presidenta.
NOVIEMBRE
Cristina Kirchner volvía a ser internada, esta vez por una sigmoiditis que la obligó a suspender su viaje a Australia para participar de la reunión del Grupo de los 20.
En vísperas de dejar su banca en el Congreso y confirmar su alejamiento progresivo del oficialismo, Martín Insaurralde protagonizaba la boda del año con la modelo Jésica Cirio, a la que no asistieron ni Daniel Scioli, ni Sergio Massa. El Frente Amplio UNEN aceleraba también su estallido con el alejamiento de Elisa Carrió de su conducción.
Ante la decisión de Raúl Zaffaroni de renunciar a fin de año a la Corte, la oposición anunciaba la decisión de no darle al gobierno la posibilidad de nombrar a su reemplazante. Una treintena de senadores firmaron un documento en ese sentido y fueron denunciados por “sedición” por el abogado Eduardo Barcesat. La denuncia fue desechada.
A su vez, el juez Claudio Bonadío -que había procesado ya al vicepresidente Amado Boudou en la causa por la venta de un auto con papeles truchos- mandaba a allanar lnada menos que a la empresa administradora del hotel de la Presidenta. La medida generó la reacción masiva del oficialismo contra el magistrado y tensó al máximo la relación entre el gobierno y los jueces. El gobierno aceleraba el proyecto para votar parlamentarios del Mercosur, lo que fue interpretado como la posibilidad de poner a Cristina como candidata en las próximas elecciones.
DICIEMBRE
Luego de que insistentemente los voceros oficiales descartaran medidas sobre ese impuesto, la Presidenta “sorprendía” anunciando que se exceptuaría este fin de año para los trabajadores que ganaran menos de 35.000 pesos.
Si bien se venía sugiriendo la certeza de un acuerdo con los buitres en enero, cuando cayera la cláusula RUFO, esa posibilidad fue enfriándose. Más cuando el ministro Kicillof anunció la decisión de salir a tomar deuda -aunque los resultados fueron magros-.
En su discurso por los 31 años de democracia, la Presidenta no rehuyó al tema de la deuda, ni al conflicto con la Justicia. Tras hablar de “sicarios mediáticos que se unen con secuaces judiciales”, citó el caso de la citación a indagatoria al ministro Alak, que vinculó con la resistencia de una parte del Poder Judicial al Código Procesal Penal. Se quejó por el “hostigamiento” al que dijo que estaba siendo sometida la procuradora general Alejandra Gils Carbó, cuya dependencia fue allanada cuatro veces en el mes, y los casos de dos fiscales llamados a indagatoria. Mencionó luego la causa de las cuentas en Suiza, “que los jueces no quieren investigar” -dijo-, y concluyó con una referencia a la causa que se investiga en Nevada, impulsada por los fondos buitre en busca de la ruta del dinero de la corrupción. “Estos buitres están perdiendo algunas plumas y me parece que van a terminar siendo un verdadero cachivache”, disparó la Presidenta, advirtiendo a los holdouts que “esta presidenta no tiene nada que esconder” y no se dejará presionar.
La mandataria desplazó luego a la cúpula de la ex SIDE, poniendo al frente a Oscar Parrilli y en su lugar en la Secretaría General de la Presidencia a Aníbal Fernández.
En medio de las fiestas, Cristina se fracturó el tobillo, terminando el año como lo había empezado: con reposo médico. Mientras tanto, la Justicia avanzaba pidiendo un fiscal la indagatoria de Lázaro Báez, un día después de que la Cámara Federal le ordenara al juez Sebastián Casanello ocuparse de ese empresario, en lugar de hacerlo sólo con Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Paralelamente el fiscal Carlos Gonella era declarado en rebeldía por resistirse a declarar ante el juez Claudio Bonadío, quien a su vez elevaba a juicio oral la causa de Boudou por la venta irregular de su automóvil.
A su vez, el fiscal tucumano Carlos Brito la citación a indagatoria para el jefe del Ejército, César Milani, por la desaparición del soldado Ledo.
Un fin de año con la Justicia hiperactiva, pero también con una Presidenta que, aun lesionada, seguía mostrándose en el centro de la escena.
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