Política
Sin nuevas reuniones con el mediador Pollack a la vista, crece la expectativa respecto de lo que vaya a suceder con los fondos buitre. Si no hay acuerdo con los acreedores antes, el país entrará en default en 48 horas
El gobierno nacional no tiene prevista una reunión para hoy con el mediador judicial Daniel Pollack en el marco del duro conflicto con los fondos buitre que reclaman el pago de bonos en cesación de pagos, a pocas horas de que el país incursione en un nuevo default.
El diálogo de los funcionarios argentinos con Pollack continuó durante el fin de semana con el objetivo de alcanzar un acuerdo con los acreedores rebeldes, aunque la administración Cristina Kirchner dejó en claro que no cederá al reclamo de los fondos buitre.
En la Casa Rosada afirman que no pueden ofrecer a los "holdouts" mejores condiciones de pago que aquellas que dio a los bonistas que aceptaron canjear su deuda, bajo el riesgo de violar una cláusula RUFO que abriría la posibilidad de reclamos por una suma de hasta 400.000 millones de dólares, según las estimaciones.
Los fondos especulativos liderados por el NML Capital, propiedad del multimillonario Paul Singer, y Aurelius Capital Management, quieren cobrar unos 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) de bonos en cesación de pagos desde 2002. Los títulos que llevaron a una extensa batalla judicial bautizada como el "juicio del siglo" no fueron incorporados por sus tenedores a las reestructuraciones ofrecidas por la Argentina en 2005 y 2010.
Los denominados "holdouts" cuentan con un fallo judicial emitido por el juez federal del segundo circuito de Nueva York, Thomas Griesa, por el que la Argentina está obligada a pagarles en la misma proporción que a los acreedores que sí aceptaron reestructurar el pasivo. Argentina depositó el 26 de junio pasado unos 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon para pagar los bonos Discount que vencían el 30 de julio (con un período de gracia de un mes) a acreedores que aceptaron las reestructuraciones de deuda incumplida, desafiando la orden del juez Thomas Griesa.
Pero una orden del magistrado bloqueó a fines de junio el pago de un vencimiento de deuda reestructurada hasta que el país compense a los "holdouts", lo que dejó a Argentina al borde de un nuevo default mientras no alcance un acuerdo con esos acreedores antes del 30 de julio.
Si el gobierno no logra acordar con los "fondos buitre" antes del miércoles 30 y destrabar el giro de los recursos a los acreedores reestructurados, la Argentina caería en un default técnico.
A esa situación se llegará por cuanto el magistrado no ha emitido ninguna sentencia sobre el destino de los pagos a los bonistas durante la audiencia del último martes. En cambio, advertido de las consecuencias de sus decisiones, decidió cambiar el eje de la audiencia y se concentró en los "once años de litigio", en cuyo marco explicó su visión de que la Argentina evadió el pago a los acreedores.
Evitó dar una opinión sobre los pagos -motivo de la audiencia- debido a la proximidad del día D del 30 de julio, señalando que "anduvimos por cerca de 10 años, 11 años con la República rechazando el pago de las sentencias. La retórica que se desarrolló en este tiempo fue desafortunada, aunque no tan incendiaria como la retórica reciente. La República tomó cada paso que podía para señalar que no pagaría las sentencias, que no negociaría las sentencias. Creo que se aprobaron leyes en el Congreso, entre otras medidas. Las sentencias fueron tratadas como cosas que la República no tiene nada que ver. Esto fue deafortunado".
En la Casa Rosada afirman que no pueden ofrecer a los "holdouts" mejores condiciones de pago que aquellas que dio a los bonistas que aceptaron canjear su deuda, bajo el riesgo de violar una cláusula RUFO que abriría la posibilidad de reclamos por una suma de hasta 400.000 millones de dólares, según las estimaciones.
Los fondos especulativos liderados por el NML Capital, propiedad del multimillonario Paul Singer, y Aurelius Capital Management, quieren cobrar unos 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) de bonos en cesación de pagos desde 2002. Los títulos que llevaron a una extensa batalla judicial bautizada como el "juicio del siglo" no fueron incorporados por sus tenedores a las reestructuraciones ofrecidas por la Argentina en 2005 y 2010.
Los denominados "holdouts" cuentan con un fallo judicial emitido por el juez federal del segundo circuito de Nueva York, Thomas Griesa, por el que la Argentina está obligada a pagarles en la misma proporción que a los acreedores que sí aceptaron reestructurar el pasivo. Argentina depositó el 26 de junio pasado unos 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon para pagar los bonos Discount que vencían el 30 de julio (con un período de gracia de un mes) a acreedores que aceptaron las reestructuraciones de deuda incumplida, desafiando la orden del juez Thomas Griesa.
Pero una orden del magistrado bloqueó a fines de junio el pago de un vencimiento de deuda reestructurada hasta que el país compense a los "holdouts", lo que dejó a Argentina al borde de un nuevo default mientras no alcance un acuerdo con esos acreedores antes del 30 de julio.
Si el gobierno no logra acordar con los "fondos buitre" antes del miércoles 30 y destrabar el giro de los recursos a los acreedores reestructurados, la Argentina caería en un default técnico.
A esa situación se llegará por cuanto el magistrado no ha emitido ninguna sentencia sobre el destino de los pagos a los bonistas durante la audiencia del último martes. En cambio, advertido de las consecuencias de sus decisiones, decidió cambiar el eje de la audiencia y se concentró en los "once años de litigio", en cuyo marco explicó su visión de que la Argentina evadió el pago a los acreedores.
Evitó dar una opinión sobre los pagos -motivo de la audiencia- debido a la proximidad del día D del 30 de julio, señalando que "anduvimos por cerca de 10 años, 11 años con la República rechazando el pago de las sentencias. La retórica que se desarrolló en este tiempo fue desafortunada, aunque no tan incendiaria como la retórica reciente. La República tomó cada paso que podía para señalar que no pagaría las sentencias, que no negociaría las sentencias. Creo que se aprobaron leyes en el Congreso, entre otras medidas. Las sentencias fueron tratadas como cosas que la República no tiene nada que ver. Esto fue deafortunado".
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