Sergio Massa, titular de la Cámara Baja, designó para el Consejo de la Magistratura a una diputada radical y desde el Frente de Todos amenazan con denunciarlo.

La decisión que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tomó al designar a Roxana Reyes como representante legislativo en el Consejo de la Magistratura generó críticas desde el Frente de Todos-coalición de gobierno a la que el líder del Frente Renovador pertenece- que no tardaron en llegar.

Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, cuestionó la decisión de Massa y sostuvo: "No estoy de acuerdo con la resolución respecto a la designación de la diputada Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura. Habida cuenta de esa resolución, la composición de los cuatro miembros que Diputados debe mandar va a quedar claramente en contradicción con lo dispuesto por la ley de Consejo de la Magistratura sancionada en el 97".

Y en esta misma línea añadió: "Voy a analizar la posibilidad con mi equipo jurídico de hacer una impugnación. Si los hechos lo ameritan, me reservo la posibilidad de hacer una denuncia en sede judicial".

Al referirse a los motivos del rechazo al nombramiento de Reyes, Martínez explicó: "Nosotros somos el bloque parlamentario con mayor cantidad de integrantes, nos corresponderá dos y solo vamos a quedar con uno. El interbloque de Juntos por el Cambio va a quedar con dos diputados. Y el tercer interbloque en cantidad de integrantes, el que encabeza Alejandro Rodríguez, va a quedar con uno. Se rompe la idea de equilibrio que tiene que tener este ámbito en la representación política por parte de Diputados".

A pesar de esto, el legislador oficialista afirmó que tiene diálogo con el presidente de la Cámara y que le comunicó su disconformidad antes de hablar con los medios. "Tenemos confianza de compañeros y amigos de plantear estas diferencias sobre la resolución que firmó. Se lo comuniqué primero a él por respeto", explicó.

También no tuvo reparos para criticar el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma de 2006 y dio un plazo al Congreso para sancionar una nueva ley que no fue cumplida por parte del Legislativo Nacional.

"No me gustaba la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad. La ley de 2006 es mucho mejor que la de 1997. En segundo lugar, no me gustaba que emplacen a otro poder del Estado, que le den exclusivamente 120 días para reemplazar la ley. Y tampoco me gusto lo más gravoso, la reposición de una ley que fue derogada por mayoría en ambas cámaras. Sigo pensando lo mismo hoy", manifestó.

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