Patricia Ramallo, fiscal federal subrogante de Río Gallegos, le dio curso a la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner y solicitó la apertura de la investigación por la filtración de sus charlas telefónicas con el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli.
El requerimiento recaló en el juzgado subrogado por el camarista Javier Leal de Ibarra quien se excusó puesto que éste a su vez tiene a cargo la oficina encargada de captación de teléfonos la cual depende de la Corte Suprema de Justicia.
El teléfono de Parrilli estuvo intervenido durante 60 días a mediados del año pasado por el juez federal Ariel Lijo, pues lo investiga al ex funcionario por presunta inacción en la detención de quien hasta ese momento estaba prófugo, el empresario Ibar Pérez Corradi.
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Incluso Lijo procesó a Parrilli días atrás por el delito de encubrimiento en la fuga de Pérez Corradi y lo hizo en base a las escuchas telefónicas y documentación sobre que la AFI no actuó en tiempo.
A raíz de esa intervención, varias conversaciones de Cristina con Parrilli y algunas de ellas se filtraron a la prensa. Fueron esas escuchas a partir de las cuales se hicieron varias denuncias en la Justicia Federal.
Pero en paralelo, la ex presidenta denunció la filtración y apuntó hacia el juez Lijo, quien ordenó la escucha, a la oficina encargada de llevarlas a cabo, la cual depende de la Corte Suprema, y a las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia.