Dsesperado por reducir el déficit fiscal, una las condiciones que seguramente exigirá el FMI para liberar el préstamo, el gobierno oficializó el plan de ajuste del estado que, aseguran, permitirá un ahorro de $26 mil millones: a los $20 mil millones adelantados con recortes en horas extras y de la flota automotor, congelación de la planta estatal y cancelaciones de contratos que venían por convenios con universidades, se le sumarán otros $6 mil millones que no transferirá el Tesoro para financiar a las empresas públicas.
El plan fue anunciado ayer por los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Andrés Ibarra (Modernización), quienes tuvieron que concurrir a un salón de Casa Rosada por una protesta de estatales que había en ese momento en el microcine del Palacio de Hacienda.
Ibarra, que quedó sólo en la conferencia de prensa ante la sorpresiva salida de Dujovne, dijo que ‘tratándose del dinero de todos los argentinos, es fundamental que la política siga dando señales de austeridad y transparencia, sobre todo en momentos donde la ciudadanía está haciendo un esfuerzo muy grande’ y blanqueó que ‘la baja del déficit fiscal, es una condición necesaria para seguir creciendo y generar la confianza que se necesita para atraer más inversiones’.
El plan de austeridad, no obstante, ha generado cierto malestar entre el personal de planta de Casa Rosada. ‘Nos recortaron las horas extras, viáticos, y han sugerido a muchos jubilarse pero el gasto estuvo en los últimos meses en los pibes que hicieron entrar con sueldos de $70 mil al contratarlos como coordinadores’, azuzó un histórico empleado de Balcarce 50.
En otra dependencia oficial otra fuente confirmó que ‘van a quitar el 30% de las horas extras cuando ya las habían reducido el mes pasado’ y respecto a la contratación de tropa propia, alegó que ‘hubo incorporaciones de ‘amigos’ a través de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil)’.
Lo cierto es que las medidas se van a implementar tras la publicación de un decreto que
prohibirá los ingresos al estado durante 2 años bajo cualquier tipo de modalidad (quedan exceptuados el CONICET, Servicio Exterior, Fuerzas Armadas y de Seguridad).
También se prevé continuar con la reducción de la planta estatal -hoy en 208 mil empleados- con el plan de retiros voluntarios y la finalización prevista para el 31 de diciembre de los contratos vía universidades: hasta principios de año había carteras como Interior o Desarrollo Social que tenían muchos convenios de este tipo. En el gobierno recuerdan que en noviembre del 2015 había 16 mil y hoy ascienden a 7 mil.
En el oficialismo reconocen que también podrán aprobarse cancelaciones de contratos por ‘incumplimientos’ y para ello serán claves las auditorías por la ‘gestión de resultados de los tableros de control de los ministerios’ y el presentismo -el año próximo todas las dependencias públicas contarán con el sistema- medido con el control de datos biométricos.
También hay cuestiones que generan dudas internas. Por ejemplo, la situación de la Unidad G-20 -creada para la organización del evento que culminará a principios de diciembre con la reunión de los 20 presidentes más importantes del mundo- que nació en Jefatura de Gabinete, pasó por Secretaría General y hace un mes regresó a Jefatura. En el medio, hubo numerosa incorporación de personal.
También continúa siendo cuestionada la Dirección de Diseño Organizacional -que autoriza las altas de cargos en las diferentes carteras-, que depende del vicejefe Mario Quintana.
Con todo, el plan prevé también reducir los viajes al exterior y la flota oficial y los vehículos oficiales sólo podrán estar a disposición del traslado de ‘funcionarios con rango hasta Secretario’. El ahorro total previsto asciende a $20.408 millones a los que se sumarán la poda del 15% los fondos destinados a las empresas públicas, lo que significará un ahorro extra estimado entre $6 mil y $8 mil millones.
En el oficialismo reconocen que una deuda pendiente en este plan de ajuste es el Correo, hoy con 17 mil empleados. ‘Sobra gente en un negocio en declive pero hay condicionamientos por los 21 sindicatos que tiene la empresa’, puntualiza una fuente.
Según se pudo averiguar, no se paralizarán por ahora las obras de remodelación de la Rosada. ‘Infraestructura no se toca: las de este año tienen financiamiento y las de 2019 en setiembre se discutirán en el Presupuesto pero la idea es no frenarlas’, concluyó otra fuente oficial.
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