Lijo ordenó procedimiento por el acuerdo del Estado con Correo Argentino

Según fuentes judiciales, el juez dispuso que una comisión de la Gendarmería Nacional se presente en el Ministerio para exigir la documentación. El plazo de entrega de se fijó en 24 horas.

La disposición fue impuesta por Lijo hacia el Ministerio conducido por Oscar Aguad. Es para que informe sobre los antecedentes y proyectos que constan en torno al concurso preventivo de quiebra.

Además de los antecedentes del director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, el abogado que realizó el ofrecimiento que implicaba una quita sustancial de la deuda.

Lijo solicitó también que se brinden detalles sobre el marco normativo respecto de las atribuciones que tienen tanto el Ministerio de Comunicaciones como Aguad para afrontar el tema de la deuda.

Se trata de las primeras medidas de prueba ordenadas por Lijo tras el pedido del fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien la semana pasada imputó a Macri, Aguad y Mocoroa por la deuda del Correo Argentino S.A., para determinar si “el interés público” fue “protegido de forma adecuada”.

Lijo pidió, en paralelo, que la Cámara en lo Comercial le entregue copias certificadas sobre las ofertas y contraofertas de las negociaciones en torno a la deuda entre el Estado y el Correo Argentino; las opiniones que dio la Fiscalía, la Sindicatura General de la Nación; y los síndicos controlantes y verificantes.

También a la Auditoría General de la Nación (AGN) que aporte las opiniones que hizo en torno al concurso preventivo del Correo Argentino y lo mismo con la Procuración del Tesoro de la Nación.

De esta forma, el magistrado le dio curso a las medidas solicitadas por el fiscal Zoni, aunque no dio lugar a su pedido de imponer el secreto de sumario sobre la causa.

“En la presente investigación se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”, había reclamado Zoni al imputar a Macri.

El fiscal había hecho lugar a las denuncias de efectuadas por el abogado Daniel Igolnikov y por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro. De acuerdo a la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriel Boquin, el acuerdo con el Correo era “abusivo” porque tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, se hacía una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la suma original.

Tras la polémica que se generó por el convenio, Macri decidió dejar sin efecto ese acuerdo y volver a “foja cero”, situación que derivó este lunes en una nueva convocatoria de la Justicia para que las dos partes intenten alcanzar otro entendimiento.