Un gobierno que asumió en diciembre de 2015 con un discurso ético para diferenciarse a las causas de corrupción de la administración kirchnerista ahora surfea una cuestión de ‘moral republicana’ -como gusta decir a la socia Elisa Carrió que, hasta la semana próxima, guardará un meditado silencio- emanada del acuerdo con el ex Correo Argentino y, pese que se discute una acreencia de la polémica concesión del padre del actual Presidente, rechaza que exista un conflicto de intereses y aduce que se vio obligado a negociar porque la deuda ‘iba camino a evaporarse al ser licuada por la inflación’.
Durante un acto celebrado ayer en Casa Rosada, por la firma de un convenio con la Unidad de Investigación de Financiera (UIF), tanto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se abroquelaron al discurso oficial que machaca para invalidar los números vertidos desde la fiscalía -’no es cierta la condonación de $70 mil millones’, un cálculo por demás abultado- e insiste con la supuesta obligación de no permitir que se licue una deuda del estado. Un argumento un tanto polémico en tanto las arcas oficiales tienen decenas de deudas incobrables y no registran la premura que si ha tenido el caso del Correo que manejaba el grupo SOCMA.
Del encuentro llevado a cabo ayer por la tarde también participaron la gobernadora María Eugenia Vidal, que no tuvo contacto con la prensa, y una figura de quien también se esperaba que se refiriera sobre el delicado asunto: Laura Alonso, secretaria de Etica Pública y lucha contra la corrupción, que dijo a la prensa no poder hacer declaraciones y se escudó en un inexplicable silencio el mismo día en que la Oficina Anticorrupción -que dirige- anunció que investigará el caso, tal vez, empujada por la onda expansiva de la polémica. ‘Hoy vine como tía’, soltó a la salida del encuentro mientras se retiraba, de la mano de un niño, por la galería del Patio de las Palmeras.
Quién sí accedió a responder una pregunta de este medio fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que argumentó que no hay una cuestión ética de por medio porque ‘es un tema en el que todos los pasos están homologados por la justicia tal como está previsto. La justicia determina si cada paso que se da es el correcto. Además, dos tercios de la deuda fueron amparados por los privados’ ya que el último porcentaje del pasivo es el reclamado por el estado.
El escándalo se conoció luego que la fiscal ante la Cámara de Apelaciones Gabriela Boquín rechazara el entendimiento por considerarlo ‘abusivo’ y que de alguna manera ‘condonaba’ la acreencia que mantenía el grupo Macri con el estado federal.
En el oficialismo rechazaron los cálculos efectuados por la fiscal general -cuyo dictamen ahora será validado o no por la Cámara- y centraron la defensa en que lo que se debe son poco más de $600 millones y que como la ex concesionaria está en concurso preventivo no se aplican intereses y ese monto se va perdiendo con los años por efecto de la inflación.
En este contexto, el senador Federico Pinedo también rechazó ante la consulta de este diario que el gobierno incurra en una falta ética al avenirse a acordar con el grupo Macri. ‘Mantenemos el discurso ético’ se atajó pese a que los 7 meses de mandato comenzaron a pactar con una firma que pertenecía al padre del actual presidente.
‘Es un caso increíble en el que había una deuda congelada en pesos, que no se podía actualizar porque la ley lo prohibía, y con el paso del tiempo no se podían aplicar intereses porque la ley de Quiebras lo negaba, entonces cada vez se beneficiaba más el deudor y de perjudicaba el estado. Y en lugar de ser en trámite de meses no se resolvió en 11 años. Y hay que afrontarlo’, enfatizó.
En este sentido, el referente PRO dijo que ‘hay una propuesta que el 70% de los acreedores privados aceptaron, el estado pidió condiciones mejores que el resto y eso es lo que tiene que evaluar la Cámara en lo Comercial si convalida o no’.
Al ser nuevamente consultado si no había un problema ético por tratarse de una firma del padre del ex presidente, Pinedo dijo que ‘podría haber un tema ético si se le genera deliberadamente un perjuicio al estado no cobrando, dejando que se deprecie el crédito. No cobrar beneficia a la empresa del señor Macri padre’.
El radicalismo, en la cabeza de Oscar Aguad, avala la postura oficial. Pero aún no se conoce la postura de la otra pata de Cambiemos: la Coalición Cívica -que representa de alguna forma el contralor ético de la coalición-. Elisa Carrió recién la semana que viene se pronunciaría sobre el tema. ‘Pedimos información para tener una postura. Aún estamos analizando’, sostienen en la CC.