Los "peros" en la marcha atrás del Gobierno en la polémica por las pensiones

Pese a que aún es muy pronto para medir el impacto en la sociedad de la medida, en el oficialismo tomaron nota del descontento en las redes sociales y hasta de las críticas de aliados como el bloque radical de la Cámara de Diputados que presentó un pedido de declaración al respecto.

Ayer, el tema volvió a cobrar agenda e incluso hubo una marcha de protesta en el Obelisco porteño. Preocupado, el gobierno difundió al atardecer un comunicado en el que Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, sostiene que “las familias que reciben una pensión por discapacidad la seguirán cobrando”.

Y respecto a la baja de los beneficios conocidos esta semana, que en verdad forma parte de una auditoría permanente, la funcionaria dijo que aquellas pensiones que “por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar en el último cobro, la van a estar recibiendo la semana que viene”.

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También salió a jugar anoche la vicepresidenta Gabriela Michetti al afirmar que "no hay ninguna decisión" del Poder Ejecutivo que propicie dar de baja pensiones para discapacitados y que "hace menos de un mes el gobierno lanzó, con el Presidente y conmigo, el Plan Nacional para la Discapacidad que consagra prácticas, procedimientos y políticas para que la discapacidad sea atendida como se debe”. Y, con tono épico, declaró: “Voy a liderar esto con un compromiso arraigado en el corazón, porque yo misma pasé por una situación que me convirtió en discapacitada".

En el gobierno insisten en que durante el kirchnerismo los beneficios crecieron de 180 mil a un millón y que se detectaron “irregularidades con tono de corrupción" o pueblos con un “75% de su población incapacitada”.

En este sentido, anoche voceros gubernamentales destacaban que no volverán a cobrar el subsidio “fallecidos, aquellos que no tengan discapacidad o con familiares de ingresos altos”. Aunque se negaron a dar precisiones, de alguna manera harán laxo el límite de $20.000 que regía hasta el momento. Sí se dará prioridad a aquellas pensiones que se perciban en un ámbito de vulnerabilidad. “El decreto habla de eso: atender a personas vulnerables pero en un los últimos años se lo universalizó”, apuntó un funcionario consultado.

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El integrante del equipo de Jefatura de Gabinete, remarcó: “Todos tienen certificados médicos, lo que ocurre que muchos refieren a una incapacidad inexistente. Y era imposible auditarlos personalmente, por eso se hizo de esta forma. Pese a que siempre hay altas y bajas en el sistema, sí hubo cambios técnicos -que incrementaron las suspensiones-”.

Lo cierto es que la lluvia de críticas hacia el gobierno por dar de baja pensiones de $5.000 para discapacitados no se hizo esperar. El lunes el oficialismo utilizó a Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones -un cuadro técnico de Desarrollo Social-, para dar explicaciones sobre el entrecruzamiento de datos que generó las bajas automáticas en el sistema de Anses. Y para dar los argumentos del caso: la necesidad de depurar el listado luego de un uso clientelar, cuáles eran los requisitos para cobrar el beneficio y la recomendación de ASDRA para que personas con síndrome de Down no perciban la pensión “ya que tienen una oferta de trabajo espectacular”.

Ayer, el funcionario consultado admitió que Badino no resultó el mejor comunicador, pero defendió su postura: “En el siglo XXI se promueve la estimulación temprana y el acceso al trabajo de las personas Down”. El problema es que las Ong´s remarcan –como lo resaltó el titular de ASDRA a DIARIO POPULAR- que un 70% de los discapacitados intelectuales no tiene empleo.

La encerrona en la que se vio el gobierno por depurar un sistema a la vista irregular chocó, una vez más, con el síndrome de la “planilla Excel”, como había ocurrido con el aumento tarifario del gas. Ahora intentan corregir sobre la marcha y, aunque remarcan que continuarán entrecruzando datos para identificar irregularidades, buscan reducir los costos políticos de la polémica en un año eleccionario.