Mientras la oposición sigue acusando al gobierno por encubrir la desaparición de Santiago Maldonado, el oficialismo confirmó el giro en torno a su postura en cuanto al hecho al señalar que no descartan que surjan nuevos indicios que comprometan al grupo de ocho gendarmes que se separaron del escuadrón que participó del desalojo de la ruta 40 aquél 1 de agosto y persiguió a los manifestantes hacia la vera del río Chubut.
Mientras tanto, el juzgado federal de Esquel continuó ayer tomando declaración a los uniformados señalados a raíz de los interrogatorios internos que elaboró Gendarmería -el último a fines de la semana pasada- y que el gobierno le entregó al juez del caso, Guido Otranto.
Esos informes ya revelaron que un gendarme admitió ‘haber arrojado’ una piedra a un encapuchado que cruzó el río tras la protesta al tiempo otro uniformado reconoció haber disparado balas de gomas ‘hacia el piso’ en momentos en que huían los manifestantes hacia el curso de agua.
Estas declaraciones se contraponen al primer informe que había entregado la fuerza al ministerio conducido por Patricia Bullrich, que no había arrojado contradicciones entre los 40 agentes que participaron del operativo.
Es que en su descargo ante el Senado nacional del 16 de agosto, la titular de Seguridad ya conocía las actuaciones internas de la Gendarmería y aún así defendió a esa fuerza de seguridad de cualquier responsabilidad en el incidente. Al contestar las requisitorias de los senadores, la funcionaria había dicho que algunos de los gendarmes que participaron del desalojo contra los mapuches eran ‘personas respetadas y queridas en la zona’ y aseguró que no iba a ‘cometer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana’.
Tras los resultados negativos de ADN cotejados en las camionetas de la fuerza, la ministra Bullrich dijo el último martes que con estas pericias quedaba despejada la hipótesis ‘de desaparición forzada’ de Maldonado, la misma que sostiene la querella encabezada por los familiares y los organismos de DD.HH. desde el comienzo. Más allá de los resultados de los nuevos careos entre los uniformados, el cambio de estrategia del oficialismo resulta evidente: deslindar la responsabilidad de la fuerza y, en caso que la justicia lo compruebe, que queden comprometidos el grupo de 8 agentes que se separaron del escuadrón y persiguieron a los mapuches hacia el río.
Ayer una alta fuente gubernamental admitió a este diario que no se descarta que surjan nuevos indicios que comprometan al citado grupo de gendarmes. ‘Estamos escuchando los testimonios aún. No lo descartamos’, indicó.
En el edificio Centinela el cambio de estrategia respecto a lo declarado por los uniformados no cayó bien. ‘Si alguien cometió una falta debe ser penado pero no se entiende mucho haber sostenido una versión más de un mes y ahora meter ese cambio’, indicó un conocedor de los pasillos del edificio del barrio de Retiro.
La semana pasada el gobierno dejó trascender su fastidio por el ‘lento accionar’ del juez Otranto, que en los últimos días aceleró la pesquisa con las declaraciones de los gendarmes que siguieron a los manifestantes hasta la vera del río Chubut. Pero ya se resignaron sobre la posibilidad que finalmente se allane el territorio sagrado de la comunidad Cushamen en la estancia Leleque. ‘Los perros habían rastreado en dirección hacia el río por donde cruzaron quienes escaparon tras el operativo. Pero esas huellas con el tiempo se han desvanecido. Es tiempo que no se puede recuperar’, indicaron.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Santiago Otamendi, aseguró ayer en declaraciones radiales que ‘hoy a la luz de una información más fidedigna parece ser que la causa estuvo plagada también de alguna información falaz’.
Las críticas, que parecen alcanzar a la Procuración por el informe trucho de inteligencia acercado al tribunal y también a la cartera de Seguridad, llegan de parte de un colaborador de Garavano que desde hace semanas intentó diferenciarse de la férrea defensa que Bullrich ejerció sobre la Gendarmería.
Hace una semana una fundación vinculada al kirchnerismo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, disparó la imputación del fiscal Federico Delgado para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri, los ministros Garavano y Bullrich y los jefes de Gendarmería por presuntamente encubrir la desaparición del tatuador de 28 años. ‘Consideramos que la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición es clara y la actitud de Bullrich por el encubrimiento se va develando de a poco’, contaron ayer desde Unidad Ciudadana.
En este contexto, ayer Sergio Maldonado remarcó que ‘ya probaron’ que su hermano ‘estaba en el corte’ durante el operativo de Gendarmería y que lo ‘sorprendieron’ las declaraciones de los uniformados recién 43 días después del hecho.
‘Me sorprendió que no lo hayan hecho en el momento que tuvieron que hacerlo’, enfatizó al canal TN. Y nuevamente cuestionó a la ministra Patricia Bullrich: ‘Lo único que hizo fue crear al principio un cono de silencio y bajar una protección a Gendarmería en vez de ponerse de nuestro lado’.
En esta misma línea, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, declaró ayer que ‘es de una hipocresía muy grande decir “son unos gendarmes y no la Gendarmería”. Adonde pertenecen esas fuerzas, son parte de ella, hay una responsabilidad institucional’.
Al visitar el Parlamento, el dirigente concluyó que ‘la desaparición forzada de personas es una desaparición hecha por fuerzas del estado, no pueden eludir esto. Que asuma su responsabilidad’, en un claro mensaje hacia la ministra Bullrich. Y volvió a pedirle al juez Otranto que llame a indagatoria a Pablo Nocetti, jefe de Gabinete de Seguridad, que participó del operativo del 1 de agosto.
La última novedad de la investigación fue que efectivos de la Policía Federal realizaron una diligencia de identificación en una vivienda de Puerto Madryn, tras una denuncia respecto a que una persona con las características físicas del joven Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto en Chubut, estaba en esa ciudad de la costa atlántica provincial, 700 km. al este del lugar donde se lo vio por última vez.
El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, aseguró que la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado “está avanzando”, desaparecido hace más de un mes, al reiterar ayer que el Gobierno está dispuesto a “investigar absolutamente todo”.
“Las pruebas de ADN tienen un dato que ha sido subvalorado y es mucho más interesante: que las camionetas (de Gendarmería Nacional) no tengan el ADN de Santiago muestra que no hay prueba de que haya sido trasladado” en vehículos de esa fuerza de seguridad, destacó en una entrevista con la radio Mitre.
Milman comentó que la “única prenda que tiene ADN de Santiago es un buzo” y recordó que “el día 16 de agosto, en el allanamiento a (la comunidad mapuche) Cushamen los perros detectaron los rastros de las tres prendas aportadas en lugares distintos al primer rastrillaje del día 5”.
Señaló que el juez Guido Otranto, a cargo de las actuaciones, le preguntó a los policías encargados de los perros que buscaron a Maldonado qué antigüedad podrían tener los rastros de esas tres prendas y la respuesta fue “no mayores a 24 horas”.
Agregó que, por ello, hay una hipótesis que estaría indicando que “ese rastro estaba presente” en el terreno de la comunidad mapuche en “las 24 horas previas al 16 de agosto”.
En este sentido, afirmó que el Gobierno no puede “aferrarse a ninguna hipótesis” y va “a investigar absolutamente todo” lo ocurrido con Maldonado, a quien testigos dijeron haberlo visto por última vez el 1 de agosto pasado, durante un operativo de la Gendarmería para despejar un corte de ruta de miembros de la comunidad mapuche.”