Odebrecht: Gils Carbó se siente "perseguida" por el Gobierno

“Somos varios los procuradores que sufrimos amenazas, hostigamiento, pedidos de renuncia o armado de causas judiciales con fines persecutorios. Pero estas amenazas no apuntan a nuestras personas, son contra las instituciones que dirigimos y contra la ciudadanía, cuyos intereses generales nos toca representar”, remarcó Gils Carbó al dedicar unas palabras a la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, desplazada por el gobierno de su país.

Fue al exponer en la Convención de Fiscales y Procuradores Generales que comenzó este lunes en Lima y que continuará hasta el miércoles con la presencia de 20 delegaciones de ministerios públicos de América y Europa.

Allí, Gils Carbó compartió el primer panel de las jornadas dedicado a “Los delitos de corrupción: retos y desafíos de la política criminal internacional”- con el fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez Velarde, y el fiscal general de Uruguay, Jorge Díaz Almeida.

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En su exposición, Gils Carbó hizo hincapié en la necesidad de profundizar los lazos de cooperación jurídica internacional para hacer efectiva una “política criminal internacional” y propuso incrementar “instrumentos, presupuestos y condiciones que deben concurrir para luchar contra la delincuencia trasnacional”, tal como se promueve desde los organismos internacionales.

“El fenómeno de la corrupción no puede ser limitado, en la actualidad, al marco geográfico de un país, más aun cuando se advierte que la corrupción asociada a la financiación de la política, al tráfico de armas y de drogas ilícitas, a la construcción de obra pública, o a determinadas actividades relacionadas con el blanqueo de activos constituyen relaciones cotidianas que enlazan a los diferentes Estados y empresas transnacionales”, advirtió.

En ese sentido, recordó la experiencia de los ministerios públicos de Argentina y Brasil en el caso Odebrecht, en el que los titulares de ambos organismos acordaron la creación de un Equipo Conjunto de Investigación que tiene como principal tarea coordinar el intercambio de información y las condiciones que deben respetarse tomando en cuenta los sistemas procesales de ambos países.

En ese marco, la procuradora puntualizó en las “dificultades” con las que todavía se encuentran los investigadores argentinos en uno de los casos más resonantes de corrupción trasnacional luego de que ambas cancillerías pusieran “reparos” al funcionamiento de los Equipos Conjuntos.

“Un aprendizaje recogido al explorar distintas alternativas de solución es que existe una dificultad importante para establecer en estos casos complejos, con distintas facetas jurídicas y jurisdiccionales, la autoridad competente a la que genéricamente se refieren los instrumentos internacionales, al momento de llevar adelante distintas alternativas contempladas en esos pactos”, indicó Gils Carbó.

Al respecto, sugirió a sus pares fortalecer los canales electrónicos de intercambio para agilizar el acceso a información confiable que “permita conocer la gravedad de los fenómenos, sus dimensiones, los derechos afectados y las características de las víctimas que sufren las consecuencias indirectas de la corrupción para poder ofrecer respuestas más inteligentes”.

Y, a su vez, “contar con los recursos necesarios para ascender en las cadenas de responsabilidades, lograr la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por las operaciones ilegales que no se producen exclusivamente al interior de las fronteras de los Estados en los que tienen lugar los ilícitos”.

Gils Carbó está cerca de ser procesada por el juez federal Julián Ercolini por la compra de un edificio para el organismo, operación por la cual cobró una comisión millonaria el familiar de un funcionario que estaba a cargo de la transacción.