Política
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El ministro de Defensa, Agustín Rossi, tomó esta determinación luego de de producirse la fuga Jorge olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, desplazó a siete militares luego de producirse la fuga de los represores Jorge olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central.
Ambos fueron condenados por delitos de lesa humanidad y eran atendidos por derivación judicial en ese centro asistencial al momento de escapar.
Los dos represores habían sido condenados en juicios realizados en San Juan y luego de fugarse, fueron relevados de sus funciones siete militares que desempeñaban tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud.
Los desplazados son: el director general de Salud, general de brigada Marcelo Carlos Gutiérrez; el jefe de Departamento Técnico de la Dirección General de Salud, coronel médico Carlos Alberto Ramos; jefe de Departamento operativo de la Dirección General de Salud, coronel Eduardo Jacinto Alemanzor; director General del Hospital Militar Central, general de Sanidad Juan Carlos Adjigogovic.
También fueron desplazados el director asistencial del Hospital Militar Central, coronel médico Francisco José Gambino; el director Operativo del Hospital Militar Central, coronel Pedro Gerardo Osores; y el encargado de oficina de Ayuda Humanitaria de ese centro médico, suboficial mayor Eduardo Oscar Suárez.
Con el motivo de evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones similares, Rossi firmó una resolución por la cual prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, en cumplimiento de las directivas del ministro de Defensa, finalmente inició las acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos.
Entre ellos, se encuentra la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.
Los dos represores habían sido condenados en juicios realizados en San Juan y luego de fugarse, fueron relevados de sus funciones siete militares que desempeñaban tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud.
Los desplazados son: el director general de Salud, general de brigada Marcelo Carlos Gutiérrez; el jefe de Departamento Técnico de la Dirección General de Salud, coronel médico Carlos Alberto Ramos; jefe de Departamento operativo de la Dirección General de Salud, coronel Eduardo Jacinto Alemanzor; director General del Hospital Militar Central, general de Sanidad Juan Carlos Adjigogovic.
Con el motivo de evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones similares, Rossi firmó una resolución por la cual prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, en cumplimiento de las directivas del ministro de Defensa, finalmente inició las acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos.
Entre ellos, se encuentra la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.