Quitan responsabilidad parental por femicidios

Con 203 votos afirmativos y dos abstenciones, la Cámara baja aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial, de manera tal que bastará con una sentencia o un procesamiento judicial a un autor de femicidio u otros delitos aberrantes para que automáticamente quede privado de la patria potestad sobre sus hijos.

“Las víctimas no son sólo las mujeres sino también los hijos, que son las víctimas colaterales”, aseguró el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovestky (PRO), quien lideró el trabajo en comisión para consensuar un dictamen común en conjunto con la presidenta de la comisión de Familia, Alejandra Martínez (UCR).

Justamente, la diputada radical fue la encargada de brindar el detalle de la iniciativa, que cuenta con el respaldo de la ONG “La Casa del Encuentro’: explicó que cuando el juez dicta un procesamiento contra el autor del delito, ya le cabe la suspensión de la responsabilidad parental, en tanto que la privación comienza a correr una vez que la condena queda en firme.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria-PJ Analía Rach Quiroga indicó que el aporte más importante de su bloque fue haber logrado incorporar a la letra del proyecto que los delitos contra la integridad sexual sean “pasibles de la misma sanción” (quita de la patria potestad) que los femicidios.

El bloque Justicialista puso en consideración un dictamen del plenario en minoría, muy similar al proyecto consensuado, pero que enfatizaba la necesidad de profundizar en la distinción entre “privación” y “pérdida” de la responsabilidad parental.

Los bloques de Libres del Sur, Peronismo para la Victoria y el Frente de Izquierda votaron a favor del proyecto en general.

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Inclusión social por cuidados parentales

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que crea un programa para acompañar hasta los 21 años a los jóvenes que no tuvieron cuidados parentales, con el objeto de garantizar su plena inclusión social y su máximo desarrollo personal y social.

El plenario legislativo sancionó esta iniciativa diseñada en base a un proyecto de la diputada radical Carla Carrizo, con el fin de poder ayudar a aquellos adolescentes y jóvenes institucionalizados para su inserción social.

Tras un breve debate, en el que los integrantes de la mayoría de los bloques se manifestaron a favor de la nueva legislación, el proyecto fue aprobado por unanimidad con 194 votos.

De acuerdo con el proyecto se “entiende por adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales aquellas/os que se hallen separadas/os de su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos y/o comunitarios y residan en dispositivos de cuidado formal en virtud de una medida de protección de derechos dictada de conformidad con los artículos 33 y siguientes de la ley 26.061 o de la normativa aplicable en el ámbito local”.

Este programa contempla dos sistemas de ayuda al adolescente para su inserción social, uno que implica un acompañamiento personal para que acceda a la educación, salud, trabajo y vivienda y por otra parte se incluye una asignación económica mensual.

Sobre la prestación económica, la iniciativa establece que será del 80 por ciento de un salario mínimo vital y móvil a partir del momento del egreso de los dispositivos de cuidado formal, y sería percibida por el joven a título personal, sin perjuicio de ser beneficiario de otra asignación.

La diputada nacional Carla Carrizo, autora de una de las iniciativas consensuadas para llegar al texto definitivo, dijo sentirse “orgullosa por tratar el proyecto” y “queda demostrado que hay cosas que unen a todos los bloques y que los derechos no tienen identificación partidaria”.

“Hay 13.000 chicos que están en hogares que no son hijos nadie, no sabemos de quien son, pero no son hijos de nadie; y estos niños no fueron elegidos emocionalmente por nadie, son niños, no son hijos”, explicó.

La también radical Brenda Austin dijo que el proyecto “reconoce injusticias y viene a darles el derecho a la palabra a los adolescentes y a los jóvenes que están en instituciones de cuidados parentales”.