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La Procuradora General de la Nación presentó su dimisión con una carta enviada al Presidente Mauricio Macri y con efectos al 31 de diciembre
En medio de un intenso tironeo con el Gobierno nacional, Alejandra Gils Carbó presentó este lunes su renuncia al cargo de procuradora general de la Nación a partir del 31 de diciembre próximo.
“A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, afirmó la funcionaria judicial en la nota de renuncia que dirigió al presidente Mauricio Macri.
Esta decisión se da mientras el Gobierno buscaba removerla sin la necesidad de tener que recurrir a un juicio político, mediante la aprobación –antes de fin de año- de una nueva ley de Ministerio Público, y después de todos los intentos que se hicieron en el Congreso para cumplir el objetivo.
Gils Carbó había asumido como jefa de los fiscales en agosto de 2012, en reemplazo de Esteban Righi y desde la salida del kirchnerismo del Ejecutivo estuvo en la mira del Gobierno, que con acuerdo del Senado deberá buscarle un sucesor.
“Es muy prematuro, y es una decisión del presidente de la nación”, acotó apenas se dio a conocer la renuncia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Lo cierto es que en Casa Rosada circulan principalmente cuatro nombres: Inés Weinberg, jueza de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires; Raúl Pleé, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; Alberto García Lema, un hombre cercano a Miguel Pichetto y que cuenta con el visto bueno del peronismo; Margarita Stolbizer, cada vez más lejos del espacio de Sergio Massa; y el fiscal José María Campagnoli.
Semanas atrás, el juez federal Julián Ercolini la había procesado en una causa en la que se investigan irregularidades en la compra de un edificio por parte del Ministerio Público Fiscal. La causa se inició a partir de una denuncia anónima que el fiscal Guillermo Marijuán elevó a la Cámara Federal.
El Ministerio Público Fiscal compró un edificio en la calle Perón 667 por $43 millones, y a través de la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry, que recibió $7,7 millones por el servicio. La inmobiliaria, a su vez, pagó casi $3 millones por asesoramiento a Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, el funcionario a cargo de la licitación.