El ministro de Justicia aclaró sobre el proyecto de responsabilidad penal juvenil que busca un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley. Habló también del caso Maldonado.

Al presentar el portal de datos de la Justicia argentina y anunciar un aporte de $ 20 millones a la Provincia para obras en institutos de menores, el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que después de las elecciones el gobierno enviará un proyecto de ley responsabilidad penal juvenil.

Y, a dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, el funcionario dijo que “no hay que perder las esperanzas de encontrar” al joven y saber lo “que pasó”, al tiempo que justificó la marcha atrás del gobierno sobre la participación en la investigación de expertos del Alto Comisionado de la ONU -que él mismo había impulsado por petición de la querella- por “problemas burocráticos” y de “soberanía y jurisdicción del propio juez”.

El funcionario repudió “la agresión a periodistas” durante la marcha del último domingo, reiteró que mantiene diálogo “cada tanto con la familia” y recordó el apoyo al nuevo juez Gustavo Lleral y la fiscal Silvia Avila “con recursos y trámites para los exhortos pedidos a Chile vía Cancillería” y el programa de protección de testigos.

Al ser consultado por este diario sobre los motivos de la negativa a que el caso sea auditado por expertos de la ONU, Garavano sostuvo que “era un tema que a poco de andar tenía varias dificultades en términos formales y burocráticos, de soberanía y jurisdicción del propio juez. Igual tenemos contacto con el Alto Comisionado”. Reconoció, no obstante, haber colaborado en la convocatoria: “Por un pedido de la familia hemos respondido para ayudar a la querella, que ha ido sumando expertos para colaborar en la investigación y que va en línea de lo que se le pedía al Alto Comisionado”.

Esa iniciativa había sido planteada por la familia del joven desaparecido desde el 1 de agosto en Esquel para que “un equipo independiente siga la investigación” para dar con su paradero. Lo cierto es que hace 10 días el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le bajó el pulgar a dicha asistencia.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia fue sede ayer por la mañana de la presentación del nuevo sistema de datos de la justicia argentina. En la web datos.gob.ar (solapa Justicia) se podrán consultar los procesos civiles y penales desagregados por número de causa, imputado, expediente y con detalle de los actos procesales de cada etapa. En el evento hubo representantes de “las cortes provinciales” y de las fiscalías federales de todo el país.

“Contiene la cantidad de robos y homicidios prácticamente en tiempo real en algunas jurisdicciones en las que está avanzada la carga de datos”, consignó el ministro al enmarcar esta reforma en el programa Justicia 2020.

También la jornada sirvió para la presentación formal de la nueva forma de tramitar el certificado de Antecedentes Penales en forma online sin que sea necesario concurrir a las sedes del Registro Nacional de Reincidencia (RNR). Garavano destacó “el alcance federal y la modernización del sistema, que permite desde cualquier punto del país iniciar el trámite y completarlo a través de una computadora o de cualquier aplicación informática”. Los interesados sí tendrán que tener una cuenta bancaria para acreditar la identidad.

Por otra parte, el funcionario insistió en que el Ejecutivo enviará al Congreso “antes de fin de año o al comienzos de 2018” un proyecto de régimen penal juvenil.

LEA MÁS:

“Hay un proyecto que seguramente después de las elecciones sea enviado al Congreso”, adelantó Garavano luego del acto de entrega de $20 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, destinado a los obras de infraestructura en 19 institutos de menores provinciales.

Garavano adujo que la iniciativa “forma parte del proceso que tiene que ver con mejorar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal”, y añadió que “nosotros siempre pensamos en un abordaje integral. No se trata solamente de un tema de edad, sino de tener una ley que permita un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley penal”.

Asimismo, el funcionario indicó que en la elaboración del proyecto “estamos coordinando con (los ministerios de) Desarrollo Social y con Seguridad, y esperamos poder también abrir luego con el resto de las jurisdicciones”. En este sentido, remarcó que “en esto la provincia de Buenos Aires es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de la problemáticas más crítica en esta materia”, aseveró.

Aparecen en esta nota:

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados