"Una delincuente como Gils Carbó debe ser juzgada"
Para la líder de la Coalición Cívica, el juzgamiento debe ser "conforme a derecho". Insiste en que debe ser desplazada, pero no a través de una redacción legislativa sino de un juicio político. Los pormenores del caso.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, defendió su decisión de negarse a "redactar leyes con nombre y apellido" como la fallida reforma del Ministerio Público Fiscal, pero aclaró que es partidaria de que "una delincuente" como la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sea juzgada "conforme a derecho" por el delito de "encubrimiento agravado". "Aún los delincuentes como ella, deben ser tratados conforme a derecho, ni antes ni ahora se deben redactar leyes con nombre y apellido", sostuvo la diputada chaqueña en un comunicado. Y agregó: "Para que quede claro: soy la única que impugné por razones éticas la designación de Alejandra Gils Carbó, así como somos los primeros en denunciar encubrimiento agravado".
El Gobierno había logrado avanzar los acuerdos necesarios con el Frente Renovador para introducir la reforma del Ministerio Fiscal en el temario de la sesión del miércoles pasado, pero la rebelión de Carrió, en línea con el rechazo que el dictamen suscitó en jueces y fiscales, frenó la iniciativa, que ahora tiene un destino incierto.
Ante este panorama, el massismo no ocultó su encono y pidió que el oficialismo resuelva su interna, pero aprovechó el impasse para presentar un documento de 14 puntos con modificaciones sustanciales al proyecto, entre las que se destaca llevar a siete años el mandato del procurador. Juicio político Carrió, por su parte, insiste en la necesidad de desplazar a Gils Carbó pero no a través de una redacción legislativa sino mediante del juicio político, mecanismo en el que las primeras líneas de Cambiemos en la Cámara de Diputados depositan pocas expectativas ya que están lejos de reunir los dos tercios necesarios en ambas cámaras para que prospere esa iniciativa. En este contexto, la preciada reforma que perseguía el gobierno para terminar con el último bastión que controlaba Justicia Legítima (cercana al kirchnerismo) entró en una zona pantanosa, y ahora su sanción podría quedar postergada para el año que viene, si el Poder Ejecutivo no envía señales inequívocas en contrario.