El histórico juicio a los nueve líderes comenzará el 12 de febrero. El presidente catalán, Joaquín Torra, pidió a la comunidad internacional y, especialmente, a la Unión Europea que “proteja” a los políticos independentistas.
L as autoridades españolas trasladaron ayer desde Cataluña a Madrid a los nueve líderes independentistas que están en prisión provisional y fijaron para el martes 12 de febrero la fecha de inicio del histórico juicio por en el que serán juzgados junto a otros acusados por el fallido intento de secesión catalana de España.
Ayer, a primera hora de la mañana, los políticos y activistas secesionistas fueron reagrupados en la prisión catalana de Brians 2, cerca de Barcelona, desde donde posteriormente partieron hacia la capital en un colectivo de la Guardia Civil escoltado por los Mossos d’Esquadra (policía catalana) y dos helicópteros, entre gritos de “libertad” de manifestantes que se concentraron en el lugar.
El traslado se concretó sin que se registraran incidentes graves, al margen de un momento de tensión que se vivió a las puertas de la prisión de Mas d’Enric, cuando la policía dispersó a bastonazos a un grupo de personas que intentó obstaculizar el paso del convoy que trasladaba a la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell.
Tras visitar a los presos antes de su partida, el presidente catalán, Joaquín Torra, hizo una declaración institucional en la que pidió a la comunidad internacional y, especialmente, a la Unión Europea (UE), que “proteja” a los líderes secesionistas, procesados injustamente por “tratar de darle voz a los catalanes de forma “democrática y pacífica”.
En inglés y respaldado por su gobierno, el líder secesionista abrió su discurso con la advertencia de que se está “a horas de comenzar un juicio que cambiará al país y las relaciones con el Reino de España para siempre”.
Desde Madrid, la vocera del Ejecutivo español, Isabel Celaá, pidió a Torra “apaciguar las emociones” tras asegurar que el juicio a los secesionistas “cuenta con todas las garantías” porque España es un “Estado de Derecho homologable a los países de su entorno europeo”.
Los máximos líderes del proceso secesionista, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, afrontan graves delitos de rebelión y sedición, penados con entre 15 y 25 años de prisión, mientras otros están acusados de delitos menos graves como la malversación y desobediencia.
Entre los más de 250 testigos citados, el alto tribunal llamó al ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy, quien estaba al frente del Ejecutivo de España cuando se consumó el desafío secesionista mediante la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
También declaran la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro: el ex presidente catalán Artur Mas; el lehendakari (jefe de gobierno vasco) Iñigo Urkullu: y el ahora presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.
Asimismo, el tribunal llama a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; al ex delegado del gobierno en Cataluña Enric Milló; y a los diputados independentistas Gabriel Rufián y Joan Tardá, así como a policías y personas que resultaron heridas durante la jornada del referéndum del 1º de octubre, que fue celebrado bajo prohibición.
Por otro lado, el Supremo rechaza tomar declaración al rey Felipe VI, como pedían algunas de las defensas, porque “lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Tampoco se interrogará por videoconferencia al ex presidente catalán Carles Puigdemont, a quien la justicia alemana se negó a extraditar por considerar “inadmisible” que en el delito de rebelión que se le imputa no está acreditado el uso de violencia.
El juicio del “procés” se celebrará casi un año y medio después de la primera querella presentada por la Fiscalía contra los líderes secesionistas, tras la fallida declaración unilateral de independencia que motivó la intervención de la norteña región por parte del Ejecutivo español y llevó a la destitución del gobierno encabezado por Puigdemont.
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