Raúl Alfonsín le entrega el mando a Carlos Menem

 El principal problema que debió enfrentar Menem al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis por la hiperinflación. La violenta escalada de los precios registrada en los últimos meses había dejado a la economía en estado de postración y a amplios sectores de la población al borde de la indigencia.

 Como producto del desastre social se multiplicaban los saqueos a comercios, una práctica recurrente que acompañaría otras crisis de allí en adelante. En un salto al vacío, el gobierno de Menem se plegó a los principios del Consenso de Washington para tratar de superar la crisis.

 Para ello introdujo una serie de reformas neoliberales como la Ley de Reforma del Estado, por la que fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente.

 Las privatizaciones

Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Vertiginosamente se sucedieron otras enajenaciones del patrimonio estatal con lo que se buscaba instalar la idea de la voluntad reformista del gobierno.

 A pesar de las numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción sucumbieron a la ola privatizadora la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado. Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal.

EN 1991 SE ESTABLECE LA LEY DE CONVERTIBILIDAD

Finalmente, la inflación quedó desterrada cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía con una fuerte alianza con los sectores del poder económico y estableciendo la Ley de Convertibilidad, en 1991, y cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.

 Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI.

 Durante el gobierno de Menem la deuda externa pública se multiplicó desde los 45.000 millones que había dejado el gobierno de Alfonsín, hasta finalmente llegar en el 2000 a 145.000 millones.

 Los servicios públicos privatizados mostraron algunas mejoras de calidad en rubros como electricidad y telefonía, pero en otros el impacto fue negativo (transportes ferroviarios), este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia ocurrido en marzo de 1993.

 Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la devaluación, desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios. Al mismo tiempo, los principales inconvenientes económicos generados por esta política fueron una disminución de la competitividad basada en el tipo de cambio y un crecimiento del desempleo.

El Pacto de Olivos por la reforma presidencial

Al percibirse en la cima de su popularidad y ante la prohibición constitucional de presentarse a un nuevo mandato, Menem comenzó a presionar con la reforma de la Carta Magna. Ante este avance Raúl Alfonsín, líder de la oposición, propuso una negociación que permitiera convocar a una Convención reformadora dentro de ciertos límites. Conocido como el Pacto de Olivos el acuerdo dio vía libre la Convención reformadora de 1994 que permitió la reelección de Menem al año siguiente.

ATENTADOS A LA AMIA Y EMBAJADA DE ISRAEL

Durante la presidencia de Menem la Argentina fue objeto de dos brutales ataques terroristas que tuvieron como blanco a la Embajada de Israel y a la sede de la mutual judía AMIA. El primero de los ataques tuvo lugar el 17 de marzo de 1992, causando 29 muertos y 242 heridos y dejando la sede de la embajada totalmente destruida. Dos años después, el 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló frente a la AMIA, la organización mutual judía más importante del país, también en Buenos Aires, lo que tuvo como resultado la muerte de 85 personas.

• 25 DE ENERO DE 1997

EL ASESINATO DE JOSÉ LUIS CABEZAS

La administración de Menem se vio sacudida por un crimen de tintes mafiosos que puso en la superficie el accionar delictivo de empresarios poderosos con impunidad y contactos con el poder. José Luis Cabezas, un reportero gráfico y fotógrafo, fue asesinado el 25 de enero de 1997 convirtiéndose en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión.

 Su cadáver calcinado fue hallado en la localidad atlántica de General Juan Madariaga, dentro de un auto Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza.i

•8 DE SETIEMBRE DE 1990

EL CASO MARÍA SOLEDAD Y LOS HIJOS DEL PODER

Otro crimen, esta vez vinculado a los "hijos del poder", tuvo fuerte repercusión política afectando al gobierno de Menem. El 8 de septiembre de 1990 fue encontrado el cuerpo sin vida de María Soledad Morales, una joven estudiante asesinada en la capital catamarqueña luego de una orgía de descontrol y violencia.

 El intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el asesinato desencadenó una serie de históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país, tras lo cual se logró el esclarecimiento del homicidio.