Las mujeres hacen punta para restaurar las fiestas populares por el bicentenario bonaerense

Por lo pronto, el gobierno provincial, evita entrar de lleno en la discusión del gobierno nacional y el campo que hoy domina la agenda política y, más temprano que tarde, dominará la discusión que hace a la recuperación productiva del país.

También hubo gestiones para aislar a los intendentes más díscolos que no se resigna a una situación política provincial que ya parece consolidada para emprender con lo que será, al menos, la primera mitad de mandato.

Al mismo tiempo, se abrieron canales de diálogo formales para escuchar planteo que la oposición empezó a reclamar y que hacen a la "salud administrativa" de los gobiernos locales. Los mandatarios oficialistas también estaban advirtiendo sobre las mismas cuestiones, pero en despachos oficiales, subrepticiamente.

En ese orden, aparecen en escena también algunos reclamos sectoriales que hay que afinar muy bien el oído para poder escucharlos, pero están ahí; por caso ya se están poniendo un poco nerviosos "les muchaches" del turf por el atraso en los subsidios a la actividad, sólo por mencionar uno de esos sectores.

Sin descuidar estos frentes, incluso apuntándolos, tal como lo anunció el gobernador Axel Kicillof en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene vocación de recuperar las fiestas populares masivas y al aire libre, con el bicentenario de la fundación de la provincia como telón de fondo, pero con conmemoraciones particulares que también empujen, en este caso el día internacional de la Mujer, que funciona como el bicentenario de la "mujer bonaerense", según destacó el propio Kicillof.

El colectivo es uno de los más movilizados de estos tiempos que corren y para reforzar el compromiso con la causa, el gobierno anunció que no descontará el día a las mujeres que adhieran al paro convocado para este lunes.

Lo hizo a través de Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, durante el anuncio de la implementación de licencias por violencia de género, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

"Sabemos que hay ya convocatoria desde el movimiento de mujeres que han adherido al paro. Nadie va a perseguirlas por esto y no le vamos a descontar los días como hizo la ex gobernadora Vidal", anunció Díaz, eufórica, frente a un Salón Dorado colmado de pañuelos verdes.

Los colectivos feministas buscan implementar "el paro del día después" para visibilizar sus demandas, toda vez que "el día" caiga un domingo, pues el paro nacional de mujeres no está del todo institucionalizado.

De todas formas, desde la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina Autónoma, bajo la consigna "la deuda es con nosotras y nosotres", convocaron y adhirieron al Paro Internacional de Mujeres y Diversidades los días 8 y 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país.

Desde allí se señaló además que la "política de endeudamiento profundizada por el gobierno de Macri perjudicó exponencialmente a las mujeres y diversidades, con aumento de la precarización laboral, desocupación, salarios y jubilaciones de pobreza, despidos y aumento de la doble jornada laboral".

No obstante, desde Juntos por el Cambio suman su granito de arena a la convocatoria, pues las diputadas bonaerenses, Verónica Barbieri y Rosío Antinori, dieron a conocer por estas horas un paquete de medidas presentadas por legisladores de ese espacio política, con un denominador común, la perspectiva de género.

Dentro de las modificaciones que las legisladoras buscan lograr con los proyectos presentados, la más significativa sería la licencia por parentalidad con goce de dieta, algo que actualmente no está contemplado por el reglamento interno de la Cámara baja, ni en los Concejos Deliberantes de la provincia.

Al respecto, la diputada Antinori expresó que "queríamos presentar una propuesta de avanzada. Hoy en día, hablar de maternidad o paternidad ya quedó desactualizado, por eso, el término parentalidad nos permitió un enfoque desde la diversidad".

El pedido de las diputadas se fundamenta, no sólo en la necesidad de actualizar las normativas vigentes, sino también en los antecedentes de la Cámara de Diputados de la Nación e incluso de otros casos de la región como el vecino país de Uruguay, que contempla licencias por maternidad o paternidad desde el año 1945.

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Reapertura

Entre aquellas cuestiones sectoriales que empiezan a hacer ruido en el primer trimestre de la actual gestión provincial aparece el conflicto salarial en general y el docente en particular.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) elevó una nota al Ministerio de Trabajo de la provincia, a cargo de Mara Ruíz Malec, para pedirle al gobernador Axel Kicillof que reabra la paritaria docente, cerrada el viernes pasado con un incremento del 16,6% escalonado hasta junio.

"Solicitamos se nos convoque a una nueva reunión paritaria a los efectos de poder arribar a una propuesta que implique una mejora sustancial respecto de la realizada el día 27 de febrero pasado", indica la nota enviada por el gremio que conduce Mirta Petrocini.

El jueves pasado, Kicillof les ofreció a los trabajadores de la educación un incremento del 8,9% en marzo, que llevaría el sueldo inicial a $29.000, más otra suba en junio y reapertura de paritarias, que completaría un 16,6% llevando el salario a $31.058.

La propuesta fue rechazada por UDOCBA y la FEB luego de consultar la oferta en asamblea. Sin embargo, el Ejecutivo dio por finalizadas las negociaciones luego de que SUTEBA, SADOP Y AMET aceptaran el acuerdo.

En este sentido, el entramado de gremios docentes que desde hace años viene articulando para negociar los salarios con el Gobierno aparece algo fracturado y las diferencias quedaron plasmadas entre la FEB y el sindicato que lidera Roberto Baradel, los más importante en cantidad de afiliados.

No obstante, las clases iniciaron sin inconvenientes. En tanto, algunos gremios mostraron su inconformidad por el poco tiempo de discusión y la eliminación de "la cláusula gatillo" que aún siguen reclamando, más allá que están dispuesto a que se le cambie el nombre al mecanismo de actualización automática que se pudiera implementar.

Aperturas

Escalonadas se viene dando las aperturas del período de sesiones ordinarias en los distintos Concejos Deliberantes de los Municipios bonaerense, y cada intendente le pone un poco su impronta política al discurso que realiza y muchos de ellos presentan sus particularidades.

El intendente Martín Insaurralde fue al Concejo Deliberante de Lomas de Zamora y cuestionó duramente la deuda contraída por la gestión anterior, no por la gestión local anterior sino por el gobierno nacional anterior, pues como se sabe Insaurralde va por su tercer mandato al frente del Ejecutivo, tras completar el que inició Jorge Rossi en 2007.

El lomense se involucró en el tema de la deuda externa y aclaró que para resolver el tema "no sólo ‘vamos’ a renegociar un esquema sostenible, sino un nuevo modelo económico y social que cuide a los que más lo necesitan".

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Denuncia

Una maniobra que se venía venir. Luego de varios cruces virulento y carta documentos de un lado y del otro finalmente las actuales autoridades del distrito de Morón radicaron una denuncia penal contra del exintendente Ramiro Tagliaferro y a los concejales Natalín Ugartemendía y Leandro Faravelli por cohecho y malversación de fondos.

La presentación judicial la realizó el secretario de Gobierno comunal, Diego Spina. Entre los testigos hay exfuncionarios municipales durante la gestión 2015-2019. También pidió investigar las salidas del país del exjefe comunal, el registro de hospedaje y los movimientos de sus cuentas bancarias.

Una denuncia penal que fue formalizada en contra del exintendente Ramiro Tagliaferro y dos de los concejales con mandato en ejercicio, que entre 2015 y 2019 fueron funcionarios del gobierno local: Faravelli y Ugartemendía.

Según fuentes judiciales, en la presentación el denunciante solicita que se investigue a las tres personas mencionadas "por la posible comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y peculado".

"Con el objeto de corroborar esos extremos, al agente fiscal le bastará con proceder al secuestro de los aparatos celulares pertenecientes al ex jefe comunal y el de sus funcionarios más cercanos, así como los teléfonos móviles de los dos funcionarios mencionados los que, sometidos a las pericias correspondientes, podrán dar cuenta de la cantidad de mensajes de WhatsApp entrantes y salientes que verifiquen la verdad de mis afirmaciones", sostiene Spina en la presentación.

El secretario de Gobierno también solicita cotejar los registros y movimientos bancarios, de tarjetas de crédito, declaraciones juradas y gastos ordinarios de los nombrados, lo cual también incluye entradas y salidas del país e informes de dominio, de ellos y de sus grupos familiares, los cuales "desde ningún punto de vista pueden condecirse con los importes en blanco abonados por la administración local".

Hace dos semanas, Spina había hecho explosivas declaraciones sobre despidos y no renovaciones de contratos en el Municipio denunciados por los concejales de Juntos por el Cambio. "Se llevaban plata negra todos los meses. Eso dicho por los propios funcionarios de Cambiemos", cerró. La causa fue radicada ante el Juzgado de Garantías Nº 2 de Morón, del juez Ricardo Fraga.