Mientras la inseguridad absorbe la gestión, los funcionarios nacionales desembarcan en el territorio

La situación definitivamente no termina de caer bien en los funcionarios bonaerenses, pero no lo ven como algo resuelto; "nosotros no vamos a salir a realizar anuncios como locos", dijo un importante decididor del Gabinete de la gobernadora.

En el gobierno bonaerense explican que ya hay al menos una obra por distrito que se estaría ejecutando en estos momentos. "Vidal irá y se parará al lado del operario" que está realizando la obra y eso será todo.

Al mismo tiempo descartan de plano que se pueda reinstaurar un esquema similar al que funcionó durante buena parte del kirchnerismo, cuando a los intendentes bonaerenses prácticamente no se los veía por las inmediaciones del primer mandatario, ni diagramaban agenda en La Plata.

Pero los pasos que se están dando desde el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio fueron apuntados en los tableros de control de los administradores bonaerenses. Y no solo los pasos del propio ministro, sino también de sus colaboradores cercanos; tal los casos del viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y el subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, Lucas Delfino.

Sucedió que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aries, Cristian Ritondo, tuvo que explicar que "estadísticamente no estamos peor que el año pasado", respecto de los hechos delictivos, o asegurar en raid mediático que "no hay un brote", y sostenía que "debemos reconocer que hay una realidad que es durísima en la provincia de Buenos Aires y queremos transformarla".

Asimismo, el ministro de Justicia Gustavo Ferrari encaró las cámaras para adelantar que presentará un proyecto la próxima semana para que se le atribuya otro carácter a los damnificados en situaciones de violencia. E incluso la propia gobernadora reiteró que se está trabajando en ese sentido.

En ese marco un grupo de madres de Quilmes que perdieron a sus hijos víctimas de la inseguridad, dejaron una nota a la gobernadora Vidal, en medio de un sinnúmero de críticas a las autoridades municipales, donde aclaraban que "nos dirigimos a usted habiendo agotado casi todas las instancias, golpeamos puertas incesantemente, sólo recibimos palmadas y la ilusión efímera de que van a hacer algo para que se haga justicia por nuestros ángeles".

Para estas madres no fueron suficientes las palabras de Ferrari: "Hoy la víctima es la gran olvidada del proceso penal". Ellas quieren que los asesinos de sus hijos, también jóvenes, no recuperen la libertad y apelaron a Vidal "como madre", pues así "sabrá comprender el dolor y la desolación que enfrentamos cada día por la pérdida en situaciones de inseguridad de nuestros hijos".

Al mismo tiempo que se suceden estas cuestiones, el ministro del Interior nacional aprovechó el hueco. Fue al corazón de las dificultades políticas electorales que tiene Cambiemos, el denominado conurbano sur, y se fotografió con dos intendentes; el de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y el de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

"El Presidente (Mauricio Macri) nos pidió que trabajemos en equipo, junto a los intendentes y los gobernadores, porque los problemas de la gente no tienen color político y los tenemos que solucionar", dijo Frigerio, sólo frente a los intendentes.

No muy lejos de allí, el viceministro del Interior de la Nación, García De Luca, visitó Florencio Varela para mantener un encuentro con los integrantes de la Mesa Cambiemos del distrito; volverá en estos días con el ministro de Transporte nacional, dirigentes, funcionarios y concejales.

En el distrito que gobierna Julio Pereyra -complicado con la Justicia- están próximos a sancionarse cuatro ordenanzas autorizando los llamados a licitación para la concesión de las líneas comunales de micros que hoy está prestando -en base a prórrogas- la empresa San Juan Bautista SA, que pertenece al grupo económico que tiene la Blanquito (Línea 159 de Berazategui a CABA) y la Línea 148 (El nuevo halcón de Varela a CABA). El piloto de esa gestión es el concejal de Cambiemos que ocupa la presidencia del Concejo, Dardo Ottonello.

Y por si fuera poco, con el objetivo de mejorar y modernizar la atención del vecino se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior de la Nación y el Municipio de Merlo que permitirá comprar equipamiento de última generación y conformar equipos técnicos para el análisis de proyectos estratégicos. La reunión se llevó a cabo en "La Colonial" y participaron el intendente Gustavo Menéndez y Lucas Delfino, el funcionario que fue candidato a intendente de Hurlingham.

El presidente de Banco Provincia, Juan Curutchet, destacó "la situación financiera del municipio" de San Miguel y recordó que "fue un distrito discriminado por el gobierno anterior debido al posicionamiento político de Joaquín de la Torre, una práctica que perjudicó a los vecinos por la falta de obras públicas".

Curutchet realizó estas declaraciones tras una reunión que mantuvo con el intendente Jaime Méndez, en el marco de las recorridas que realiza cada semana por partidos del interior y el conurbano, donde aprovecha para conocer las demandas de crédito de los municipios.

El titular del Banco público provincial contó que "hubo 24 municipios bonaerenses como San Miguel, que le pisaban los créditos aprobados por motivos políticos". Y agregó que "la entidad financiera es un socio de las comunas y le da préstamos a todos los que califican".

Curutchet recordó que el primer préstamo "se lo dimos a Gabriel Katopodis en San Martín", así como también accedieron a financiamiento de Banco Provincia los jefes comunales de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

LEA MÁS:

Desde algunos ámbitos del peronismo bonaerense se empiezan a sacar conclusiones y definir los tiempos. Circula una lectura en esos espacios de reflexión que consideran que la ofensiva de Cambiemos en la estrategia de sumar intendentes peronistas a una alianza de gobierno fallara, ahora un gabinete específico estaría estudiando mecanismos para intervenir en distritos claves del Conurbano.

Se entiende que el proyecto de dividir La Matanza, junto "al desplante" a la intendenta Magario en su propio distrito, fueron apenas el inicio de una estrategia que parece definida por María Eugenia Vidal para asegurarse "gobernabilidad" por métodos no ortodoxos.

A esta avanzada contra el principal bastión del peronismo bonaerense se sumaron, en las últimas horas, algunas "acciones judiciales" contra intendentes del recién estrenado "grupo Fénix" y se pone el caso de Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar. Pero también se consigna los casos de allanamientos a las intendencias de Berazategui y, más recientemente, la protagonizada por Julio Pereyra en Florencio Varela.

Siempre en este ámbito, ahora se especula con que esa instancia específica apuntará a Moreno y le atribuyen esa definición política al vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial y "virtual armador político de Vidal", Manuel "Manu" Mosca.

Explican los muchachos peronistas, que el intendente Walter Festa ha sido desde el inicio de su gestión uno de los más críticos de la gestión provincial, con cartas y reclamos públicos a la propia gobernadora.

A eso se le suma el alerta que hacen llegar funcionarios a oídos de la gobernadora sobre la crítica situación social que atraviesa el distrito, con historia en haber encabezado las principales protestas y estallidos sociales en décadas pasadas.

Por eso, según comentan, más allá de la antigua estrategia de la asfixia de recursos, se estarían estudiando mecanismos administrativos para que el Ejecutivo provincial pueda intervenir directamente en el gobierno municipal. Los primeros pasos dados por la actual administración tampoco son muy alentadores.

El diputado provincial Juan José Mussi presentará un escrito ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir que se reabra una causa contra el juez federal Luis Armella, que permanece archivada desde febrero y que investigaba irregularidades y abuso en el ejercicio de su cargo como juez encargado de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo, ordenar y controlar la ejecución de obras a esos fines. El legislador bonaerense presentaría además testigos y nuevas pruebas a la causa.

En esta denuncia se investigaba el dictado de resoluciones por parte de Armella que obligaban a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a realizar obras complejas para el saneamiento del Riachuelo en plazos muy breves bajo sanción de imposición de multas a los funcionarios intervinientes. Así la Acumar debía realizar contrataciones de excepción y procedimientos abreviados que generalmente terminaban beneficiando a empresas vinculadas a Armella y su familia.

Según un informe confeccionado por la AGN las empresas adjudicatarias de las obras contratadas mediante procedimientos abreviados ordenados por Armella, integraban un mismo grupo económico ya que se encontraban inter-relacionadas por la alternancia de sus socios, la composición de sus órganos o la coincidencia de domicilio.

La Universidades Nacionales de Hurlingham (UNAHUR), la Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), y la Arturo Jauretche (UNAJ) conformaron un consorcio de cooperación destinado a realizar investigaciones y trabajos para fortalecer la producción, el trabajo y la coordinación en el área Metropolitana.

Los rectores de la UNAHUR, Jaime Perczyk; de la UMET, Nicolás Trotta y de la UNAJ, Ernesto Villanueva rubricaron el convenio por el que se crea el "Centro de Estudios Metropolitano", durante un acto que se realizó en la Casa de Estudios de Hurlingham.

Perzcyk explicó que las tres universidades resolvieron conformar "un centro universitario focalizado en las problemáticas que atraviesa la región metropolitana de Buenos Aires con el objetivo de realizar trabajos interdisciplinarios que aporten al mejoramiento de esa zona del Conurbano".