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La gobernadora de la provincia de Buenos Aires puso primera y dará el primer paso en la Legislatura para sancionar en una jornada doble proyectos de leyes que hacen al esquema de reforma que la gestión se planteó desde un principio, como son la reforma judicial, en obras públicas y en la modernización del Estado.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, puso primera y dará el primer paso en la Legislatura bonaerense para sancionar en una jornada doble proyectos de leyes que hacen al esquema de reforma que la gestión se planteó desde un principio, como son la reforma judicial, en obras públicas y en la modernización del Estado.
Por un lado, está previsto que este jueves en la Legislatura de la Provincia aborde un proyecto de ley que el pasado jueves remitió el PE a este otro poder republicano y que versa sobre una modificación integral del sistema de enjuiciamiento de jueces y funcionarios del Poder Judicial que rige desde el año 2007, cuando este sistema salió del ámbito de la Suprema Corte de Justicia para ser administrado por el Poder Legislativo, aunque el organismo es independiente.
Es el primer paso que la gobernadora Vidal da para establecer cambios en el mecanismo de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, y hacer más ágiles y rápidos los procesos; se sabe además que el Ejecutivo tiene en carpeta una reforma integral del Poder Judicial y que contempla proyectos que modificarían el Código de Procedimiento Penal de la provincia, para recortar instancias de apelación y mayor participación de las víctimas en los procesos.
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Al mismo tiempo la Legislatura analiza un proyecto de ley donde se crea la Comisión Permanente del Mapa Judicial bonaerense que propondrá las modificaciones pertinentes para el ordenamiento territorial y funcional del Poder Judicial bonaerense.
También integran este paquete legislativo “las emergencias”, otro capítulo de la misma historia política legislativa que vibra en la provincia. Se trata de la reedición de las leyes que establecen la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y, por otro lado, administrativa y tecnológica.
Ambas emergencias son marca registrada de la administración de Vidal, pues estas leyes ya fueron sancionadas por la Legislatura, pero tenían vigencia por un año con la posibilidad de prorrogar sus alcances por un año más, vía decreto del Ejecutivo, cosa que efectivamente ocurrió.
Tenemos entonces hasta aquí dos proyectos que hacen a la reforma judicial y dos emergencias que hacen a una reforma y modernización del Estado de fondo que se hace esperar. Modernización que, al parecer, avanza con leyes transitorias que terminan reeditándose año tras año o como en este caso año por medio. Digamos, además, que no se trata de algo exclusivo de esta gestión, pues desde fines de la década del noventa, del pasado siglo, la provincia entró en esta senda.
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Por estas horas el resultado de la avanzada legislativa es incierto, pero todo parece indicar que la jornada comenzará con la aprobación de algunos de los proyectos de ley en Diputados y en la misma jornada darle tratamiento en el otro recinto, el Senado, para así al final del día tener alguna ley sancionada.
Pero para imponer esta idea el oficialismo debe necesariamente conseguir los dos tercios de los legisladores presentes en ambos recintos, algo que no tiene por sí sólo.
Pero sin llegar a los hechos consumados, es decir, sin el proyecto efectivamente tratado y eventualmente sancionado, desde las bancadas opositoras que incluyen a cinco bloques filo peronista empezaron los “pases de facturas” entre las facciones.
“Estamos podridos de escuchar a Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría), a Gustavo Menéndez (intendente de Merlo) o a Julio Pereyra (ex intendente de Florencio Varela y actual presidente de la bancada del PJ dialoguista) decir que son opositores al gobierno de Cambiemos, principalmente a la gobernadora Vidal, y después van a la Legislatura y le votan todas las leyes que perjudican al pueblo”, dijeron voceros informales de la bancada de UC-FpV-PJ que comanda Florencia Juana Saintout.
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En ese sentido, agregaron, “se cansaron de criticar a la gobernadora en el Congreso del partido y después van y levantan la mano sin vergüenza a cambio de obras para sus distritos”. También cayó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al que calificaron de “impresentable”, porque “dice que quiere construir la unidad, es opositor en el discurso, en el micrófono y después manda a sus legisladores a negociar por abajo”, apuntaron.
“Habría que preguntarles por qué acompañan las emergencias”, agregaron aquellos peronistas que pusieron proa en una táctica que se vuelve intransigente y se posa en una oposición frontal.
Al final, desde el Senado llegó una voz tranquilizadora: “el llamado de atención de los legisladores opositores hizo reflexionar a @MariuVidal, que desistió en su intento de burlar el debate para lograr la reforma judicial. Esperamos debatir en comisiones, tal como lo decidieron los bonaerenses con su voto”, puso en las redes la presidenta del bloque de senador UC-FpV, Teresa García.
Pero el debate no termina allí: sin reforma judicial, quedan “las emergencias” y todo lo dicho.
Así entonces, la modificación del artículo 47 de la Carta Orgánica para que puedan regresar, y hasta ser candidatos, los dirigentes que en 2017 compitieron con otros colores, la denominada “autoamnistía” peronista de la segunda década del siglo XXI parece un esfuerzo vano.
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El barroco pero preciso texto que expresa: “corresponderá aplicar ineludiblemente la cancelación de la afiliación por tiempo indeterminado cuando un afiliado integre la lista de otra fuerza política en oposición a la conformada por el Partido Justicialista”, amenaza con tener larga vida útil.
Los tres nombres del Frente Renovador en la lista de autoridades partidarias: el intendente Julio Zamora, el legislador provincial Pablo Garate y el diputado nacional Felipe Solá, no parecen ser suficiente.
La “unidad en la diversidad”, lema acuñado por el intendente anfitrión del congreso, el intendente de Hurlingham, “Juanchi” Zabaleta, tendrá que cultivarse día tras día y por lo pronto está en pañales.
Más allá de esa variopinta integración que tendrá ese celado organismo partidario, cual es la Junta Electoral, que quedó en manos de los intendentes del conurbano, pues la presidirá
Zabaleta y su par de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, lo secundará; mientras que el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y Mariano Cascallares, de Almirante Brown, también la integran. Y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, se sumó a la partida.
El efecto derrame de los cabildeos palaciegos de los contubernios legislativos más temprano que tarde se apoderará la inmensa mayoría de la dirigencia del movimiento nacional y popular, y el gran público percibirá los desencuentro.
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Vidal, mientras tanto gobierna y se mantiene con oposición inestable o en búsqueda de un sujeto electoral que no termina de recortarse claramente en el horizonte bonaerense. Y el peronismo empieza a ser dueño ya no solo de sus errores en el gobierno, ahora también en la oposición. Hay que decirlo también de sus aciertos.
El INDEC dio a conocer los resultados la tasa de actividad económica y los niveles de ocupación de todo el país, pero en el distrito de La Plata la lectura tuvo un toque local interesante.
Sucede que el índice en la ciudad de La Plata y alrededores, arrojaron nuevamente un incremento de la ocupación y un descenso de un punto en la tasa de desempleo.
Según la Encuesta Permanente de Hogares, se registró un incremento en la tasa de actividad económica y los niveles de ocupación en el Gran La Plata, al tiempo que se redujo al 5.9% el índice de desempleo en el último trimestre del 2017.
En ese marco, teniendo como referencia los últimos tres meses del 2016 en comparación con los del 2017, el nivel de desocupación disminuyó del 7.1 al 5.9%; mientras que los índices de ocupación incrementaron de 41.8 al 44.9% y la tasa de actividad económica subió del 45.4 al 47%.
En esa línea, se informó la disminución por segundo período consecutivo de la tasa de desocupación, la cual bajó del 10.2% en 2016 al 5.9% en el tercer trimestre del 2017.
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Esta tasa, presenta una particularidad, ya que su nivel más alto de desocupación se mantuvo llamativamente hasta el segundo trimestre del 2017, momento en el cual se detuvo al líder de la UOCRA seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
Desde esa fecha, el índice ha ido mejorando de forma sistemática, al punto tal de encontrarse hoy en uno de los niveles más bajos de la última década, llegando al 5.9% en los últimos tres meses del año 2017.
El titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, anunció que el congreso del gremio resolvió iniciar acciones penales contra los intendentes de la provincia que no cumplan con la ley 14656 de negociación colectiva, al considerar que de esa manera incurren en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según aseguró García, “la ley es de orden público y por lo tanto es obligatoria”, y agregó que la norma “debe cumplirse, no es que (los municipios) tengan que adherirse”, al tiempo que precisó que de los 135 municipios que hay en la provincia, sólo firmaron 54.
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Pero el también titular de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) no se detuvo allí pues además apuntó contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia por "interferir" en la rúbrica de los convenios colectivos en algunos distritos.
Las denuncias entonces serán dirigidas además de a los intendentes “incumplidores”, también al “Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC), órgano de carácter provincial que debe ejercer el control y la fiscalización de las cuentas públicas de los 135 municipios que tiene la Provincia de Buenos Aires”, según detallaron.
En este contexto, Daniel Báez, secretario General de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Berazategui (UOEMB), sostuvo que desde el Tribunal de Cuentas se tomaron “atribuciones que no les corresponden al querer incidir sobre los acuerdos salariales entre los gremios y los municipios”.