La escena política de la provincia de Buenos Aries parece no detenerse en su peregrinar, y mientras sus viejos conflictos, principalmente el frente educativo, siguen irresueltos, nuevas situaciones de puja aparecen en un primer plano, cual la situación de los trabajadores de Astilleros Río Santiago.

La gestión de María Eugenia Vidal dejó, desde principio de este año, abierto un frente con trabajadores del Estado; básicamente sectores minoritarios de empleados en general, profesionales de la salud y judiciales. Tampoco cerró un acuerdo salarial con los representantes de los docentes, acá la falta de acuerdo experimente una condición excepcional.

Hoy se desarrollará un una nueva instancia de esa negociación entre el gobierno y el Frente de Unidad Docente Bonaerense, luego del último fracaso del 23 de julio, cuando los gremios rechazaron una suba del 16,7%. Piden 30%. Pero además, es el primer encuentro luego de la explosión que mató a un docente y un auxiliar en Moreno y luego de la conciliación obligatoria.La secuencia desordenada que hace la oposición de conflictos abiertos y que prolongan la puja en la principal provincia Argentina la expusieron con beneficio de inventario los intendentes peronistas en una de las pronunciaciones en conjunto que realizaron. A los mandatario opositores los convocó el último capítulo que promete cabildeos varios. Pero ya que estaban repudiaron ‘la represión a los trabajadores del Astillero Río Santiago’ y acto seguido expresaron ‘respaldo’ a Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de ‘persecución política sin precedentes en la Argentina’.

Luego aclararon que por esta hora se reunieron con el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, para expresar su rechazo ‘a la escalada de tarifazos que está ahogando la economía de los bonaerenses’.

Pero por sobre todas las cosas, unos 40 intendentes opositores de la provincia de Buenos Aires, se reunieron para expresar un nuevo repudio a la eliminación por decreto del Fondo Federal Solidario y para definir acciones en conjunto, junto a la Defensoría del Pueblo bonaerense, que conduce Guido Lorenzino, para exigir al gobierno su restitución.Los mandatarios locales peronistas, capitaneados por los jefes comunales de los distritos más importantes del conurbano, recordaron que El Fondo Federal Solidario establece que el 30% de lo que recaude el Estado nacional en concepto de retenciones a la soja y sus derivados será coparticipado con las provincias, las cuales, a su vez, girarán estos recursos a sus Municipios para ser utilizados en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial.

‘No hace falta hilar muy fino para dimensionar la gravedad de la situación que atraviesa la provincia’, según los intendentes opositores, para considerarla ‘transversal a todas las áreas’, según expusieron para luego concluir que ‘lo que sucede con la educación es tal vez la cara más trágica de lo que pasa cuando el Estado se ausenta. La explosión en Moreno no es un hecho aislado y debe marcar un límite’.

Bien, este es el inventario, ahora hay que enfrentar lo inmediato se vienen las discusiones de los presupuestos, de hecho en la provincia habría que ingresarlo en la legislatura antes del 31 de agosto. Y en ese marco los fondos coparticipables toman una dimensión excepcional para la oposición como resultan las autorizaciones de endeudamientos para el oficialismo.A ese son es que parecen perfilarse al debate de los debates los intendentes y legisladores. La representante de los intendentes, la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, anunció públicamente que ‘hoy mismo (por ayer) le pediremos una audiencia al presidente Mauricio Macri, para tratar el tema de los recursos del fondo sojero. Le vamos a pedir que no les recorte fondos a los ciudadanos’. ‘Queremos que la provincia declare la Emergencia en Infraestructura Educativa e invierta el 50% de los 36 mil millones de pesos que recibe de la Nación en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo en infraestructura escolar, tal como hacemos los Municipios’, dijeron los intendentes opositores. Detallaron además que, en el caso de las comunas, esta inversión representa 3.200 millones de pesos, el doble de lo presupuestado por la provincia, unos 1.700 millones y también chicanearon: ‘la provincia destina 0 pesos del Fondo de Fortalecimiento Educativo a realizar obras en las escuelas y en cambio, emplea la totalidad de estos recursos para pagos al personal’.Si bien es cierto que todos estos puntos son debates abiertos que no terminan de encontrar una salida consensuada, no pasó desapercibido en las oficinas cercanas al sillón de Dardo Rocha la radicalización, algunos incluso hablan de ‘cristinización’, de quienes terminan siendo los interlocutores más ‘racionales’ de la oposición, tal como consideran a los intendentes.Algunos funcionarios cercanos a Vidal especulan que muchos de los municipios manejados hoy por el peronismo, también lo fueron en el pasado inmediato, y que supieron cultivar una muy buena relación que el otrora poderoso ministerio de Infraestructura que comandaba el observado judicialmente Julio De Vido, pieza central de la causa de los cuadernos o coimas en la obra pública. Muchos jefes comunales habrían rubricados certificados de obras públicas que nunca se hicieron en sus distritos, a pesar de que buena parte de los fondos sí fueron derivados desde la Nación.

Por último, agregan, que no se trata solo de intendentes de la hoy oposición sino que también los daños podrían alcanzar a algunos intendentes hoy oficialistas. Y por supuesto que en la primera fila están los intendentes de los principales distritos del conurbano bonaerense.Esta es la especulación que comparten varios funcionarios del gobierno de la provincia, aunque no deja de ser una especulación que explique una actitud.

Cambio de nombre

Bajo la consigna ‘Es una vergüenza que el Estado siga homenajeando a un corrupto’, un diputado provincial, el marplatense Guillermo Castello avanzó la con la idea de volver al nombre original o poner otro nombre a todo lo que se denominó presidente o simplemente Néstor Kirchner en los últimos años tras su muerte.

La presentación en sociedad del proyecto por parte del diputado la idea se diseminó en los distritos bonaerenses. Los cosos de Ituzaingó y Morón son elocuentes, en ambos distritos avanzan en el mismo sentido para eliminar el nombre de Néstor Kirchner de avenidas y plazas.

La avenida principal del distrito gestionado por Alberto Descalzo lleva el nombre del ex presidente y un grupo de concejales trabaja para volver a la antigua denominación.

Los concejales del bloque Cambiemosde Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo y Mariano Steininger, presentaron el pedido con el fundamento de que, durante el 2010, el Concejo sancionó la ordenanza 2829 por la cual se le cambió el nombre a ese tramo de la avenida Rivadavia, con la intención de rendir homenaje al fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

‘En 2010 se avanzó en el cambio de nombre más por la necesidad política y el ánimo de congraciarse con la presidenta Fernández, máxima dirigente política del oficialismo local’, se consigna en el proyecto presentado por los concejales del municipio.A la hora de argumentar la propuesta, Di Castelnuovo remarcó que ‘la intención de la iniciativa es volver al nombre original hasta tanto el paso del tiempo nos brinde una real perspectiva de los merecimientos de un homenaje’.Al mismo tiempo, el bloque Cambiemos de Morón propuso sacar el busto de Néstor Kirchner que está instalado desde febrero de 2013 en la plaza San Martín. El proyecto fue presentado por la presidenta del Concejo Deliberante, Analía Zappulla. La propuesta podría ser tratada hoy (jueves) en el recinto local y desde el kirchnerismo calificaron la iniciativa como una ‘provocación’. ‘Es una vergüenza que el Estado siga homenajeando a un corrupto como Néstor Kirchner a través de bienes públicos con su nombre. Por eso, volvimos a introducir el proyecto que exige 10 años desde la muerte de una persona antes de imponer su nombre a un bien del Estado provincial’ fue el argumento más neutro del diputado marplatense que mueve la idea en la Cámara que preside Manuel Mosca.

Habría registrados 175 casos en la Argentina de bienes públicos que llevan el nombre del ex presidente y 60 en la Provincia de Buenos Aires.

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