Sucede en la política, en la economía, y también en el boxeo, todavía.

El sábado pasado, en Londres, peleó Vasyl Lomachenko ante el local Luke Campbell, y retuvo sus coronas ligero AMB- OMB y sumó la del CMB, al vencerlo por puntos, y hasta pareció no quererlo noquear.

Si hacemos una encuesta sobre quién es el Nº 1 libra por libra en la actualidad, Lomachenko aparecería entre los 3 primeros en el 100 % de los casos, y en muchos en el 1º lugar.

¿Alguien sabía que el ucraniano estaba suspendido por la Comisión Atlética de California hasta el 9 de octubre de este año?

Lomachenko, quizás el mejor boxeador del planeta, no podía pelear según esta Comisión californiana, nadie sabe bien por qué.

Lo hizo igual, más de un mes antes de que se cumpliera el plazo, en una desobediencia que pasó inadvertida. ¿El motivo tendría que ver con alguna protección de salud? Porque si es así, de él para abajo no podría pelear nadie.

¿Tienen tanta seriedad tales medidas?

Esa misma suspensión, de una Comisión Atlética en este caso, o de una Federación en otros, era la que regía sobre el fallecido santafesino Hugo Santillán, por la que tanto nos rasgamos las vestiduras tras su muerte, luego de su pelea contra Sebastián Abreu, dado que el púgil reapareció 10 días antes de que se cumpla dicho plazo, que a decir verdad, jamás quedó claro el motivo de su inhabilitación.

Habría que pegar una mirada en boxrec.com para indagar sobre este tema. Se sorprenderían de ver la cantidad de boxeadores que aparecen inhabilitados, varios por “tiempo indefinido”, entre ellos, por ejemplo, César “La Joya” Barrionuevo (?).

Y sin embargo no lo está su doble vencido Adrián “Chucky” Verón, que perdió ambas peleas frente a él antes del límite.

Tampoco está suspendido Juan José Velasco, que perdió sus últimas dos en USA, ambas por KO, una de ellas en mayo de este año (por KO 2).

Pero hay psicosis. Y la FAB, con exceso de responsabilidad, y violando de alguna manera sus propias reglas, el pasado sábado por querer hacer las cosas bien cometió un acto de injusticia, que podría depararle una acción legal en su contra: bajó de la cartelera al entrerriano Gustavo “Perrito” Vittori para enfrentar al chaqueño Diego “Chacarero” Ramírez, al descubrir que sobre el Perrito pesaba una suspensión de la Comisión Atlética de Nueva York en forma indefinida.

La pelea iba a ser por el irrelevante título FEDEBOL welter de la AMB vacante –corona reservada en teoría a púgiles de extracción bolivariana, es decir, Venezuela y Colombia-, y a Vittori lo reemplazaron por el chubutense Walter Castillo, que curiosamente había perdido frente a él en febrero de este año por puntos en 10 vueltas, a juzgar por las tarjetas, casi todos los asaltos.

O sea que no sólo se violó la concepción original reglamentaria del título, ya que lo disputó un chaqueño contra un chubutense, sino que además degradaron la jerarquía poniendo a un rival de menor calidad, sólo por la prohibición que descubrieron en una página de internet, sin siquiera saber los motivos. (NdeR: se suponía que por alguna prescripción médica relacionada a lo físico).

La misma databa del 21 de junio de 2018, es decir, de hace más de 1 año y 2 meses, sin fecha de caducidad (indefinida). Pero lo más insólito es que el Perrito en ese ínterin realizó ¡4 peleas! Tres fueron victorias y una fue derrota. Pero peleó, y no pasó nada. ¿Por qué razón lógica y coherente no podría hacerlo ahora?

Entre la FAB y la AMB se tiraron la pelota una a la otra, culpándose respecto de quién bajó a Vittori. La FAB dice que fue a instancias de la AMB, y viceversa, para no quedar pegados quizás legalmente. Pero por otro lado, la medida protegía más a ellos que al propio boxeador, después de lo de Santillán y la paranoia surgida.

Lo cierto es que el propio Vittori aclaró en el programa radial “El Noble Arte del Boxeo”, que se emite por AM 1400, Radio Punto, que su suspensión se debió a un doping positivo por ingerir diuréticos para dar el peso.

Ese motivo (el doping) en nuestro país está reglamentado con una pena de 3 meses en la primera ocasión, y de 2 años en casos de reincidencia, por lo tanto, Vittori en suelo argentino estaba reglamentariamente habilitado para combatir, para “trabajar”, y nada ni nadie podría coartarle ese derecho, menos sin argumentos válidos, y si él está en regla.

Es más, la forma de levantar tal sanción era haciéndose estudios clínicos nuevos que demostraran “limpieza” y enviarlos a la Comisión Atlética de California, cosa que se intentó hacer, pero le avisaron del problema tan sobre la fecha que no tuvo tiempo material.

En síntesis, nos estamos yendo al otro extremo, a cual peor. Porque cuando la medida a tomar es exagerada, se torna injusta e inaplicable. Si es inaplicable, es violable, por lo tanto pierde efecto y deja desprotegido al ciudadano, o al atleta en este caso. Y de cumplirse, termina siendo peor el remedio que la enfermedad, porque en vez de proteger, perjudica.

¿Cuántos accidentes ferroviarios han ocurrido por pasar las barreras bajas? ¿Y por qué se cometía tal imprudencia, si no es porque –con el fin de sobreproteger- las bajaban con tanta antelación, que se ocasionaba un caos de tránsito? La necesidad de zafar de ellas generaba mayores riesgos.

Ni un extremo, ni el otro. Sentido común, e idoneidad, para evitar el efecto contrario, y no terminar apagando un incendio con nafta.