Dinámico e inestable es el clima en la city porteña. Los operadores de mercado se debaten entre las proyecciones apocalípticas y el fomento a la timba financiera, con una sorprendente capacidad de inventiva para renovar sus críticas. Ahora, lo reprochable en todo caso no es que tomen postura y hagan una apuesta política en función de sus intereses, sino que no lo expliciten y se escondan tras un manto de pretendida pureza y neutralidad técnica.
Los analistas económicos del establishment tienen como principal blanco de críticas al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El 'consenso del mercado' era unánime en enero, en favor de la aceptación del número publicado del nuevo índice de precios nacional urbano (IPCNu), a saber 3,7% de aumento promedio. Sin embargo, la estabilidad de precios que empieza a vislumbrarse en febrero y más marcadamente en los primeros días de marzo, no colmó las ansias de desestabilización de ciertos grupos. Con el número de febrero de alza de 3,4%, publicado el lunes pasado, consultoras económicas flojas de papeles volvieron a cargar contra el Gobierno, buscando horadar la credibilidad de este nuevo indicador.
No es necesario un análisis en profundidad para desbaratar la rigurosidad técnico/metodológica de las mediciones privadas, como bien comentó Axel Kicillof, el nuevo índice oficial, IPCNu, abarca la medición de casi 230.000 precios, en más de 13 mil locales computados, de 40 aglomerados urbanos. En contraposición, buena parte de las consultoras relevan menos de 100 precios mensuales, de productos no muy representativos del consumo de las familias, y tan sólo circunscritos al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hay muchas cosas para decir sobre la evolución futura del IPCNu. No descubrimos el fuego si decimos que las complejidades del cambio en el tejido social derivadas de un crecimiento promedio del PBI superior al 7% en 10 años son positivas, en el sentido de que permiten que el nivel de los reclamos mejore significativamente. Este modelo político ahora afronta demandas económicas de una índole que en la salida de la convertibilidad hubieran sido impensadas.
Por un lado, está claro, a partir de la publicación del movimiento de precios de febrero muestra, que el Gobierno es consciente de la problemática y el objetivo es que la inflación se reduzca gradualmente. Por otro lado es importante analizar las perspectivas a corto y mediano plazo, a partir de las medidas económicas puestas en marcha desde el inicio de la gestión del nuevo equipo económico y al calor del devenir de la coyuntura actual.
* Como se sabe, el programa precios cuidados está dando importantes resultados como estabilizador de precios y como medida de referencia. Lejos de desarticularse, como piden los economistas opositores, el 1º de abril se analizará la estructura de costos de las compañías enmarcadas en el acuerdo, en función de conciliar los valores de los productos. Además, se sumarán más sectores al acuerdo, por ejemplo los supermercados mayoristas.
* La pérdida de reservas del Banco Central, derivada de la corrida financiera que afrontó este Gobierno a principios de año, fue dejada atrás. Los próximos meses redundarán en liquidaciones de divisas por exportaciones del complejo agroindustrial. En tal sentido, el fortalecimiento de las arcas del Central permitirá mantener el tipo de cambio de convergencia, desbaratando nuevos intentos de ataques especulativos contra la moneda con el objetivo de traspasar los aumentos a precios.
* La futura readecuación de tarifas de servicios públicos, ya anunciada por Jorge Capitanich, en el marco de armonizar aún más la progresividad del sistema de subsidios y orientar los recursos del Estado hacia los sectores más vulnerables.
Por último destacar el rol de la Secretaría de Comercio en función de indagar en la estructura de costos de las compañías. El día jueves se instrumentó una resolución por medio de la cual las empresas de producción y distribución de insumos y bienes finales con un nivel de facturación superior a los $250 millones deben consignar los valores de los productos que venden, mes a mes. Esta importante medida apunta a poder desentramar la estructura de agregación de valor de las principales compañías y detectar cuales son los eslabones de la cadena productiva en los que se presenta el mayor margen de aumento y no se respetan tasas de rentabilidad normales.
El propósito es detectar aquellos sectores donde se genere una apropiación de riqueza extraordinaria, muchas veces ante mercados cautivos por una cuestión de proximidad geográfica o absorción gradual de firmas de menor tamaño: el caso de los supermercados es el más gráfico a la hora de entender una concentración cada vez más distorsiva de las correctas prácticas de competencia.
A las claras, el Gobierno Nacional intenta mantener la estabilidad de precios y actividad económica, priorizando el mantenimiento de puestos de trabajo y la redistribución de la riqueza. Por esto, es esencial cuidar las victorias alcanzadas y desconfiar siempre del relato de los economistas neoliberales que detrás de un discurso complejo, muchas veces inalcanzable para el ciudadano de a pie, esconden con eufemismos las políticas económicas que buscan perseguir el crecimiento económico mediante salarios bajos, postergando el consumo masivo de los sectores populares, pilar de nuestra década ganada.
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