En el marco de una larga sesión, el oficialismo aprobó por 39 votos a favor y 27 en contra, el proyecto de Pago Soberano de la deuda, pese al rechazo de la oposición. El gobierno habilitó una serie de cambios al proyecto original.
El oficialismo aprobó anoche con 39 votos a favor y 27 en contra el proyecto de Pago Soberano que cambia la jurisdicción de los bonos reestructurados y lo giró a la Cámara de Diputados.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que también autoriza la eventual reapertura del canje para los bonistas que no entraron en la reestructuración de 2005 y 2010, se aprobó tras casi diez horas de debate.

Se abstuvieron de votar los senadores del Frente Amplio UNEN Fernando "Pino" Solanas y Magdalena Odarda.

El bloque oficialista introdujo varios cambios al proyecto, entre los cuales se destacó la ampliación de la jurisdicción de pago a Francia y la creación de una comisión bicameral para investigar el origen y evolución de la deuda externa, pero esto no alcanzó para conseguir la adhesión del arco opositor.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo declara "de interés público" la reestructuración de la deuda realizada en 2005 y 2010 y señala la "pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York Mellon" como agente de cobro para los bonistas que entraron al canje. Autoriza al Ministerio de Economía a "remover al Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A" u otro agente de cobro que sea solicitado por los bonistas.

El proyecto establece que si los tenedores piden un cambio de legislación y jurisdicción, la cartera económica podrá "instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos, regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal".

Tras una reunión que el último miércoles mantuvo el bloque oficialista con el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, se agregó un inciso que ofrece la opción de instrumentar "un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa".

También se agregó un artículo que propicia la creación de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Deuda Exterior de la Nación, la cual estará conformada por ocho diputados y ocho senadores de acuerdo a la proporcionalidad de fuerzas de cada cámara.

Allí se consigna que esta comisión "tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha".

El senador oficialista Aníbal Fernández defendió la iniciativa al señalar que al Banco de Nueva York "no está cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas por el Banco Central" y subrayó que "cuando el agente fiduciario está incapacitado para actuar, la Argentina podrá removerlo, sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario".

Sostuvo que los fondos buitre "están esperando a un gobierno que le diga sí a la usura" y cuestionó el proyecto alternativo del Frente Renovador al afirmar que "el daño que se le produciría a la Argentina sería monumental", porque "el artículo 9 fija garantías para los buitres", lo que dispararía la cláusula Rufo. Quien le salió al cruce fue el peronista Federal Roberto Basualdo, impulsor en el Senado del proyecto del masismo, al que calificó como "una propuesta superadora" y agregó: "No puede decir que el proyecto está mal, comparado con el de ustedes, es un proyecto superador". La radical Laura Montero evaluó que la iniciativa del Gobierno "no soluciona absolutamente nada" en lo que respecta al conflicto con los fondos buitre, sino que "a lo suma pretenden buscar tiempo, dilatar la situación"

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