La Presidenta envió durante esta semana el proyecto de Ley de pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina como una muestra más de la intención del país de honrar sus compromisos de deuda. Este proyecto resulta necesario luego de las trabas que se le han puesto al país para poner en riesgo el éxito de las reestructuraciones de la deuda de los años 2005 y 2010. Cabe mencionar que los bloqueos impuestos a la Argentina para que los tenedores de los Títulos de Deuda Pública reestructurada no puedan cobrar fueron medidas ilegales e ilegitimas sin precedentes dentro la historia del capitalismo.
El nuevo inconveniente que se presenta esta vez es que el Banco de Nueva York (BoNY) pretende hacer caso omiso de lo que los fondos buitres pretenden a través del juez Griesa. De este modo, el principal objetivo del proyecto es establecer un modo local de pago ante las dificultades que presenta la plaza de Nueva York. En este sentido, resulta irracional las medidas adoptada por la Justicia de los Estados Unidos al poner de manifiesto la 'independencia' de este poder de la política (pero no así de los grupos económicos). No resulta entendible, bajo esta lógica, el exceso de jurisdicción y competencia que pretenden forzar al Estado Nacional a violar sus políticas soberanas de reestructuración de deuda pública, las cuales fueron aprobadas por el Congreso de la Nación.
En un contexto como el actual resulta sumamente importante recordar la historia de la deuda argentina de los últimos 30 años que implicó sumir al país a merced de grandes grupos financieros hasta que en un discurso a la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2003, el Presidente Nestor Kirchner dijera: 'Los muertos no pagan'. Esa frase avizoraba otro futuro para la República Argentina.
El default del año 2001 es el resultado de un proceso de endeudamiento feroz que comenzó durante la dictadura cívico militar y se concentro fuertemente durante el proceso neoliberal de los 90', en donde la aparente bonanza y el buen clima de negocios solo propiciaba el bienestar de unos pocos mientras que millones de argentinos sufrían la exclusión y expulsión del sistema.
Como para muestra alcanza un botón, la presidenta de la nación en uno de sus más recordados discursos recordaba que 'desde el año 2001 se abrieron contra nuestro país, contra su país, contra mi país, la República Argentina, más de 900 causas judiciales, y 80 intentos de embargos, que incluyeron reservas del Banco Central, los fondos de los jubilados, dos satélites científicos, el edificio de la Embajada en Washington y hasta nuestra Fragata Libertad'. Es a partir del año 2003 donde cambia el rumbo de la deuda externa argentina gracias a la decisión de un Estado presente.
Este cambio de rumbo se concretó con el 76 por ciento de los acreedores que ingresaron a la primera etapa de la reestructuración del canje en 2005 que permitió la primera recomposición de los más de US$ 80.000 millones de deuda en default. El éxito de esta reestructuración soberana se consolidó en el año 2010 con la adhesión de más acreedores que permitió llegar al 92,4%.
En el medio de este proceso, se le ha abonado al FMI la totalidad de los compromisos que nuestro país mantenía con tal organismo internacional. Esto permitió mayor autonomía financiera, lo cual implicó un fortalecimiento del proceso de crecimiento con inclusión social. Asimismo se acordó con el Club de París una deuda que el Estado Nacional mantenía desde 1956 (donde ya se ha pagado la primera cuota de 642 millones de dólares), se concluyó el diferendo con la multinacional Repsol por las acciones expropiadas de YPF (por medio de un plan de pagos a cubrir en 6 años y a una tasa promedio del 7%) y por último se logró definir la situación argentina frente a los juicios del CIADI que se le había iniciado al país.
La solución de los problemas externos que heredó este gobierno se hicieron paralelamente al pago de la deuda social interna que derivaba también del estallido de 2001, donde coexistió un 25 por ciento de desocupación con el 54 por ciento de pobreza y más del 27 por ciento de indigencia. En la Argentina comenzó a producirse la apertura de fábricas, aumento del empleo, aumento de jubilaciones y cobertura social, mayores derechos. Bienestar para muchos, aunque aún falten cosas por hacer.
Es por ello que los reproches de los buitres internos, criticando todo lo logrado no por un gobierno sino por un país que se hundió en la peor crisis de su historia, requiere que constantemente revisemos nuestro rumbo de política. Sergio Massa es el mayor exponente en este grupo de lobbystas de los intereses externos, propiciando esta semana un contraproyecto donde propone un pago excedente a los fondos buitre, por encima de la exitosa renegociación con quita alcanzada, con lo cual sólo oficia como garante de los intereses del más rancio capital financiero internacional. Es importante finalizar recordando que esta lucha se ha constituido en una bandera que todos debemos levantar: los argentinos no debemos permitir que un minúsculo 0,45% de los bonistas pretenda cobrar el cien por cien de la deuda que establece una ganancia del 1600% a costa de la reestructuración exitosa pero por sobre todo a costa de los 40 millones de argentinos.
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