Detrás de la rescisión del FPT: cláusulas y preguntas en el aire

DIARIO POPULAR tuvo acceso a las actas que terminaron uno de los proyectos vertebrales del kirchnerismo. Hubo dos motivos oficiales para culminar el Fútbol Para Todos. En una de las actas firmadas en el mes de febrero se lee que el programa estatal finaliza porque "las partes no arribaron a un acuerdo sobre el Ingreso Mínimo Anual Garantizado para el año 2017" y, como se conoció públicamente, "por la posibilidad que presenta la AFA de conseguir mejores recursos por parte del sector privado".

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Si el campeonato no arrancó en febrero fue porque la AFA y el Gobierno no se pusieron de acuerdo en la ruptura del contrato. El fin del convenio demoró varias reuniones en Casa Rosada para convertirse en acta. Los directivos pedían $350.000.000 para liberarse de las transmisiones oficiales. Querían una indemnización. El documento foliado dice otra cosa: habla de "derechos residuales". Como el campeonato estaba cerca de comenzar, el Estado hace una "adecuada transición" y conforma con AFA un paquete de partidos —cuyos encuentros ya fueron elegidos— para transmitir por la TV Pública y DeporTV en concepto de "derechos residuales".

De esos "derechos residuales" vienen los $350.000.000 que cobró la AFA. El texto lo argumenta en cuatro motivos:

1) Que por el año 2016 se abonó, para el periodo anual, la suma de $1.661.000.000.

2) Que para el año 2017 la AFA requería que se contemple un ajuste.

3) Que el semestre en curso es el que concita mayor interés dado que incluye la definición deportiva del torneo.

4) Que en la convocatoria de ofertas de la AFA se ha establecido como base la suma de $3.000.000.000 anuales.

El último punto desata dudas: si para AFA el fútbol valía ese monto por año, ¿por qué aceptó recibir apenas el 12% por este semestre?

Ese dinero, indica el documento, "debe ser transferido en su totalidad a los clubes que integran la AFA". Eso se cumplió el lunes.

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La rescisión impone derechos y obligaciones para las partes. AFA renuncia a cualquier reclamo de cualquier índole: desde el contrato madre del Fútbol Para Todos hasta la última firma quedan exentas de revisiones. No hay lugar para gritos. Pero el Gobierno se guardó una carta. Un comodín con el que, cuando lo precise, puede volver a poner las manos en la AFA. La Secretaría de presidencia se reservó el derecho a "auditar los pagos que se hubiesen realizado bajo la vigencia del contrato y de las actas acuerdo", es decir: toda la plata que gastó el Estado en el Fútbol Para Todos puede ser auditada "cuando lo considere necesario" por "cualquier órgano colegiado que se designe". Y AFA "se compromete a poner a disposición de los auditores todos los documentos y registros contables o de otra naturaleza que fueran necesarios para auditar y controlar el destino y/o distribución de los fondos percibidos".

¿Es esta una forma de presionar a los dirigentes, un panóptico amenazante desde el cual pueden caer con un operativo sorpresa si algo no funciona como ellos esperan? ¿Qué ocurriría si el nuevo presidente de AFA no es del agrado de la cúpula de Balcarce 50?

Mientras tanto, en AFA deciden quién televisará el próximo campeonato. Este jueves vuelve a rodar la pelota. Para que estos temas queden enterrados.