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La empresa puede quedar muy comprometida si cuatro empleados ratifican ante la Justicia un testimonio off the record. Según su versión, los matafuegos no tenían presión y no funcionaron los rociadores. El análisis de un especialista
Los matafuegos no tenían presión y los rociadores antiincendios no funcionaron, contó un empleado de la empresa Iron Mountain. Declaración que, si ratifica hoy ante la fiscal Marcela Sánchez, dejará muy comprometidos a los titulares del depósito que se incendió el miércoles en Barracas y produjo la muerte de 9 bomberos y rescatistas.
Así lo contó el periodista Mauro Szeta en C5N, de acuerdo al testimonio –off the record- de cuatro trabajadores de la empresa. "No vieron salir agua de esos regadores, los empleados tiraban baldazos de agua, porque cuando agarraron los matafuegos no tenían presión", relató, y comentó que en cambio sí sonó la alarma –a las 7.50- y funcionaron las cámaras de seguridad, que son seis en total y ya están en poder de la fiscal.
El abogado penalista Gabriel Iezzi, especialista en este tipo de temas, mantuvo un largo diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio Del Plata en el cual explicó que el hecho podría presentar tres tipos de responsabilidades.
"Por un lado está la responsabilidad penal, que es lo primero que se va a investigar. La fiscal Marcela Sánchez estuvo en el lugar e inició una causa penal por incendio. Una vez que se logre apagar el foco ígneo –esto podría demorar hasta diez días, deslizaron los bomberos- se va a poder proceder a realizar las pericias que indicarán si el incendio fue accidental o Intencional", explicó Iezzi.
"En segundo lugar -continuó el letrado- va a haber una responsabilidad civil por los fallecimientos. Más allá de ser funcionarios –algunos de la ciudad y otros de bomberos, cubiertos por compañías aseguradoras- existirá la posibilidad de ir solidariamente contra la empresa. Por otra parte no se sabe si Iron Mountain es dueña del inmueble, con lo cual también habrá una responsabilidad del titular registral frente a la compañía de seguros".
Pero el mayor inconveniente surgirá, según Iezzi, cuando a las empresas que contrataron los servicios de Iron Mountain les sean requeridos documentos que desaparecieron o resultaron dañados en el siniestro.
"Este escenario no tiene parangón en nuestro país y es el hecho de que se haya incendiado un predio que conserve documentación que en muchos casos están sujetas a controles por organismos como el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, AFIP o ARBA. Esto es inédito y se llama responsabilidad profesional. Hay empresas que de manera responsable digitalizan o escanean la documentación antes de entregarla al archivo móvil. Y aquí se discutirá qué pasará cuando se le exija a una empresa o banco una documentación a contralor de algo que estaba guardado en las cajas que fueron dañadas. ¿Será válido el documento digitalizado para estos organismos o para la AFIP? Esto va a generar una cuestión de responsabilidad provisional entre los clientes y la empresa Iron Mountain", concluyó Iezzi.
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