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El depósito operaba sin habilitación y había sido clausurado semanas antes del siniestro. La empresa es investigada por desobedecer la orden municipal y poner en riesgo a los vecinos.
La Municipalidad de La Plata comenzará este lunes a las 10 de la mañana la demolición del edificio de cuatro pisos que ardió el pasado 16 de julio en la esquina de Diagonal 77 y calle 48. Se trata de una estructura perteneciente a la firma Al Tecno S.A., vinculada a la empresaria Roxana Aloise, que funcionaba como un depósito clandestino de electrodomésticos y había sido clausurada previamente por carecer de habilitación y condiciones mínimas de seguridad.
El operativo fue autorizado por la Justicia tras un informe técnico que advirtió sobre el riesgo inminente de derrumbe. El fuego se extendió durante más de cinco horas y dejó severos daños estructurales. La zona permanece vallada y bajo custodia desde entonces, y más de 50 familias de viviendas linderas fueron evacuadas ante el peligro de colapso.
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Durante el incendio, se vivieron momentos de alto riesgo: heladeras y lavarropas cayeron a la vía pública, arrastrados por la caída parcial de la fachada. También se destruyeron vehículos estacionados, y una vivienda contigua quedó inhabitable. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos. Bomberos, SAME, Defensa Civil, Policía Bonaerense, y el grupo USAR de la Policía Federal participaron del operativo junto a perros entrenados.
El valor de la mercadería destruida se estimó en aproximadamente 1.500.000 dólares. Las pérdidas materiales se suman al corte del suministro eléctrico, la interrupción del tránsito en una zona céntrica y el cierre forzado de comercios cercanos afectados por el humo persistente.
La investigación penal avanza bajo la carátula de “averiguación de causales de incendio”, pero no se descarta que pueda recaratularse como “estrago”, un delito que prevé hasta 20 años de prisión si se comprueba intencionalidad o negligencia grave. El fuego habría comenzado por un cortocircuito en una oficina de la planta baja, aunque la fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis.
La causa, que está en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, ya tiene una imputada: Roxana Aloise, responsable de la empresa. El expediente detalla que el inmueble no contaba con sereno ni seguro contra incendios, y que pese a la clausura municipal de junio, continuaba operando. “Entraban y salían vehículos todos los días”, confirmó una fuente judicial.
Uno de los aspectos más delicados del operativo de demolición es la existencia de dos tanques de nafta enterrados bajo el edificio, remanentes de una antigua estación de servicio que funcionó allí hace más de una década. Por ese motivo, los trabajos se realizarán con medidas de seguridad especiales y bajo estricta supervisión de ingenieros, autoridades judiciales y personal municipal. El procedimiento estará abierto a la cobertura de medios de comunicación.
Técnicos especializados también evalúan la situación de un edificio multifamiliar de ocho pisos lindero al depósito. Si bien aún no se confirmó su condición estructural definitiva, no se descarta que también requiera una intervención.
Mientras tanto, los peritajes continúan. Se analizan registros eléctricos, documentación municipal, actas de clausura y cámaras de seguridad. Sin embargo, las cámaras internas del depósito fueron destruidas por el fuego y es poco probable que se recupere material fílmico útil.
La demolición representa un paso clave para permitir el regreso de los vecinos desalojados. Pero también pone en evidencia una serie de fallas e incumplimientos que pudieron haberse evitado. Lo que empieza a caer este lunes no es solo un edificio: es parte de una trama de desidia, responsabilidades compartidas y alertas que no fueron atendidas a tiempo.
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