La imagen del hombre tumbado en el piso, en plena avenida 9 de Julio, conmocionó a todos. Aún más cuando se informó que se trataba de un anciano de 71 años, remisero de Villa Tesei, que hizo un viaje hasta el centro, estacionó el auto y cuando regresó se encontró que había sido remolcado por una grúa. Al ser informado que debía pagar 350 pesos por el acarreo, el trabajador discutió con los encargados del sistema, tuvo un infarto y murió.
El caso ocurrió en medio de la polémica instalada por el informe publicado ayer en Diario Popular, en torno a un "negocio" que reporta más de 10 millones de pesos mensuales a dos empresas privadas encargadas de remolcar vehículos que se considera están mal estacionados, y que sólo abonan a la ciudad un 1% por el alquiler de las playas de estacionamiento.
Acerca del lamentable episodio, Juan Chavarri, titular de la asociación vecinal No al Parquímetro, que viene denunciando las irregularidades del sistema desde hace años, comentó indignado que "es una verdadera pena que la opinión pública tome conciencia de este escándalo cuando tenemos que lamentar a una persona fallecida, pero estos episodios de personas furiosas porque les llevaron sus autos sucede de manera permanente, porque es muy injusto lo que pasa".
"Decimos que el gobierno porteño tiene que respetar la Ley 4003, que fijaba en noviembre del año pasado la fecha tope para que se regularice el sistema de grúas o bien se tenía que hacer cargo el Estado de ese servicio. Ya no hay excusas, el jefe de gobierno Mauricio Macri tiene que responder y acatar la ley votada en la legislatura. No se puede permitir este negociado infame", dijo Chavarri.
De acuerdo a lo que pudo averiguarse, la muerte del remisero ocurrió luego de mantener una fuerte discusión con un empleado de tránsito en la entrada de una playa de estacionamiento, donde estaba su auto, tras ser acarreado por una grúa. El hecho se registró en Carlos Pellegrini y Sarmiento, cuando el hombre se dirigió al estacionamiento subterráneo, recientemente habilitado por el gobierno de la Ciudad, para pedir que le devolvieran el vehículo, trasladado poco tiempo antes por la grúa.
La discusión se tornó elevada, por lo que el hombre se descompuso y falleció por un paro cardíaco. Personal de Criminalística de la Policía Metropolitana se hizo presente en el lugar.
"Insisto con la Ley 4003, que dispone de reglas claras para que sean aplicadas por el gobierno de Macri. Y no lo hace desde noviembre pasado. El sistema de grúas debe pasar al Estado, para que sea más humanizado. Luego, se puede llamar a concurso público y volver a tercerizar, pero no para que sea un negocio de dos empresas, como actualmente y desde hace doce años con licencia vencida", dijo Chavarri.
En el informe publicado ayer por este diario, se indicó que la ONG Defendamos Buenos Aires realizó un cálculo de 1.000 vehículos remolcados por día en la ciudad, lo que representa una facturación cotidiana de 350.000 pesos, y alrededor de 10,5 millones por mes. De ese monto, apenas 100 mil pesos llegan a la ciudad, pero por el alquiler de las playas donde terminan los rodados hasta que los propietarios los reclaman y retiran, tras el pago de 350 pesos en concepto del acarreo. Luego, los "infractores" deben esperar a recibir la multa y pagarla aparte.
"Los porteños tenemos que tomar conciencia y lograr que Macri cumpla la ley. Ni siquiera tienen la excusa de los empleados de las empresas, porque en la ley se determinó que pasarían a ser empleados del Estado. Muchos venimos trabajando desde hace años con estas grúas del escándalo", cerró Chavarri.i
Gobierno porteño, en infracción
eDesde noviembre pasado, el gobierno porteño se encuentra en "infracción" por no cumplir la Ley 4003 que obliga a estatizar el servicio de remolque de vehículos mal estacionados y mantener los puestos de trabajo de los empleados de las dos empresas privadas (Dakota y BRD). Pero hay más, porque existe otra ley (2.985), votada afirmativamente para que, entre otros puntos, avisen al infractor y dejen pasar una hora antes de efectuar el acarreo del rodado.
"Esto no se cumplió nunca, y tampoco el ciudadano recibe información para conocer sus derechos. Es un negocio redondo para estas empresas, que recaudan y no reportan nada a las arcas de la ciudad", dijo la diputada nacional Liliana Parada, autora del proyecto cuando era legisladora porteña.