Hackeo, acoso, difusión no consentida de fotos y videos íntimos. ¿Cómo protegerse contra estas agresiones 2.0?  La consigna no es alejarse de las redes ni atentar contra la libertad sexual y de expresión, sino defenderse de quienes violentan escudados en la virtualidad y en el vacío legal que desampara a las víctimas.

Una mujer se aísla y se recluye en su departamento durante dos años porque los hombres que cruza en la calle la acosan, la encaran, algunos incluso la manosean y le susurran obscenidades al oído. La llaman por su nombre. Parecen conocerla, pero ella no los conoce. La historia bien podría ser la sinopsis de un capítulo de la famosa serie Black Mirror, que suele relatar situaciones relacionadas con los peligros del uso de la tecnología y las redes sociales llevado al extremo. Pero es real.

Marina Benitez Demtschenko tenía 26 años y ya era abogada cuando descubrió que había sido víctima de un plan macabro ideado por su ex novio, Sebastián M., con quien había mantenido una relación durante 6 años. El ex de Marina creo perfiles falsos en distintas redes sociales, haciéndose pasar por ella. Contactó alrededor de 400 hombres, a quienes les envió fotos y videos íntimos de Marina y los incitaba a encuentros sexuales. La viralización fue tal que el material llegó a la computadora de un vecino de Marina, quien le siguió el juego al Sebastián y así logró recolectar algunas pruebas para comenzar a andar el camino judicial. Marina pudo hacer la denuncia y frenar la viralización. Pero se encontró con un vacío legal importante: la difusión no consentida de imágenes íntimas –una de las formas más comunes de la violencia de género digital- no está penada por la ley.

En una charla con Popular, Marina lo cuenta mucho mejor: “Había pasado hacía muy poquito lo de Florencia Peña (N. de la R: la viralización de un video íntimo de la actriz) y en ese momento se ligaba a que eso le sucedía sólo a las mujeres públicas. No se creía que una mujer normal, común y corriente pudiera pasar este tipo de cosas y el impacto que realmente tenía”.

Antes de enclaustrarse en su casa para que los hombres contactados por su ex dejen de acosarla (Marina vivía en el centro de La Plata, fácil ubicarla en las calles), cambió seis veces de teléfono, más de 40 de nombre de perfil en redes sociales y ocho veces en dos años de color de pelo. Pensó también en mudarse a San Juan. Viajó hasta la provincia y allí se dio cuenta de que no era ella la que tenía que irse. Volvió a Buenos Aires y decidió ponerse en movimiento: presentar un proyecto de ley en el Congreso y especializarse en Derecho Informático.

¿Para qué un proyecto de ley? Para resolver el vacío legal argentino frente a la violencia de género digital. Lo que propone Marina es una modificación en el Código Penal que tipifique los delitos y sus respectivas penas a: la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso virtual y el hackeo de redes sociales.

El caso de Marina, además, traspasó el plano digital y pasó al real cuando no sólo los hombres la acosaban, sino que su ex comenzó a amenazarla para que retire las denuncias. Pero ella siguió adelante.

“Yo ya era abogada en ese momento y me daba cuenta de que era bastante desafiante instalar una movida con respecto a la violencia digital, porque no sólo no había legislación sino que tampoco había aún un repudio social”, detalla. La movida feminista, que hoy sacude con fuerza el tablero, era aún muy incipiente. “El ambiente digital era un área gris en el que no pasaban estas cosas, no se hablaba y ni siquiera se perfilaba lo que era la violencia digital en este nivel”, dice. Ella inició la denuncia en 2014.

“Cuando radique la denuncia en la fiscalía, las dos veces anteriores no entendían la mecánica, me ofrecían una perimetral. ¿A quién se suponía que iban a ponerle la perimetral? Si eran un montón de tipos que me perseguían por la calle…”, detalla. El derrotero judicial no amedrentó a Marina y a la par del expediente penal que logró que abrieran contra su ex, comenzó a visibilizar el tema. Comenzó a dar charlas en La Plata, Buenos Aires y en el interior. Habló de derecho informático con el plus de la perspectiva de género y del feminismo que ya militaba hace tiempo. Y también habló con legisladores para comenzar, de a poco, a meter el tema en la agenda. Logró insertar en el Congreso un proyecto de ley de modificación del Código penal para la incorporación de los tipos penales. Tiene media sanción en el Senado y en Diputados fue aprobado en la comisión de Legislación penal y está a la espera de ser tratado en el recinto.

Actualmente, Marina tiene 9 expedientes abiertos contra su ex. Siete de ellos, penales.

Tender manos y puentes

El caso de Marina comenzó a tomar relevancia mediática en 2016 y ahí fue cuando comenzó a recibir una catarata de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Entonces supo que era el momento de institucionalizar la actividad. “Mi caso es un disparador de la temática, pero no es el caso normal, porque yo tengo las herramientas. Una mujer sin la capacidad o la posibilidad o las oportunidades que tengo yo como abogada ¿qué hace?”, se pregunta. “No es un tema simplemente de un abogado o abogada penalista, o de derecho informático. Comprende además la violencia de género digital, el aspecto penal, el jurídico, la perspectiva de género necesaria y todo lo que es el feminismo y, encima, que te crean”, destaca.

Así fundó, junto a otras dos colegas, la Fundación Activismo Feminista Digital que plantea el abordaje de diversas temáticas que surgen del Feminismo, las nuevas tecnologías, la Internet y la política. Entre otras muchas actividades (como la formación y capacitación en diferentes ámbitos y la difusión de campañas sobre la temática), ofrecen asesoramiento jurídico e informático a mujeres víctimas de violencia de género digital en cualquiera de sus formas.

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¿Cómo actuar ante un caso de violencia digital?

“De nuestras estadísticas, surge que el 44 por ciento de los agresores conocidos de las víctimas. Es decir, hay un trasfondo de violencia doméstica. Entonces, motivamos a la denuncia con la legislación relacionada con la protección contra la violencia familiar, que eso es un plus porque te habilita a medidas cautelares, por ejemplo, un cese de hostigamiento, que se puede aplicar en el ámbito digital”, detalla.

*Antes de realizar cualquier acción, lo primordial es conservar toda la evidencia digital. “En general, la víctima borra todo y desactiva todos los perfiles. Entonces cuando el agresor ve que la víctima reaccionó, cierra los perfiles y abre otros y empieza por otro lugar”, dice.

*Articular con un perito informático para intentar recuperar la mayor cantidad de información.

*Accionar. Cuando el agresor ve que la víctima abandona el rol de vulnerabilidad, generalmente se frena.

*Radicar la denuncia, preferentemente, en una fiscalía.

“En la Fundación hemos tenido cientos de casos y sólo cinco continúan”, apunta Marina. Es que las víctimas se cansan. Creen que no tiene sentido, están hartas de que las revictimicen. “A lo que apuntamos, desde la fundación, es a un empoderamiento que fortalezca a la denunciante: mientras que la causa está en curso, trabajá en vos”, dice.

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El agresor digital

“En la violencia digital hay una realidad que no ocurre en el resto de las violencias: el agresor ostenta poder, pero es mucho más impune, porque no hay delito; es cobarde, porque no da la cara, y además utiliza al resto de la sociedad para generar un entorno de hostilidad”, detalla Marina.

La violencia de género digital es una forma novedosa de la violencia de género tradicional. Tiene características que la hacen autónoma, específica para su estudio, pero no deja de reflejar una jerarquía de poder entre el agresor y la víctima.

“La desnudez de la mujer causa mayor morbo. La desnudez del hombre está vista hasta como ‘graciosa”. Y acá es fundamental la complicidad del género masculino. “El género opresor, si ve ventilada su intimidad, tiene un refuerzo de sus propios pares que hacen que no termine siendo tan perjudicial. El refuerzo es no sólo ponerlo en situación lúdica, sino que no lo coloca en el riesgo de otros derechos”, acota.

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Libre expresión de la sexualidad: sexting seguro

El sexting es una práctica sexual, que consiste en el envío de fotos y videos íntimos de manera consensuada. Lamentablemente, a través de esta práctica se practica luego una o varias de las formas de violencia digital: la difusión no consentida de material íntimo, por ejemplo.

De ninguna manera es un delito, pero ¿cómo practicarlo sin riesgos? La idea no es censurar ni coartar libertades, pero sí cuidarse, practicarlo de manera segura.

“Hay recaudos que se pueden tomar para evitar que si ese material trasciende la órbita de lo privado, no puedan identificarte, no haya rasgos en la foto que permita ver quién la mandó”, destaca.

Es aconsejable leer los términos y condiciones de las redes que se utilizan y los accesos que posee una aplicación cuando se descargan a una celular.

“No recomendamos para nada el uso de Whatsapp, que es el mayor peligro. Recomendamos, en cambio servicios de mensajería instantáneos alternativos, como Signal, que tiene la eliminación del material que vos enviás en el tiempo que le pongas”, detalla.

#Juntas. El poder de la unión

“Fijate que están publicando fotos tuyas en una página”. Antonella Jaime, de 23 años, se alarmó. Eran fotos que, sin su autorización, alguien había sacado de su Instagram y su Twitter. Y estaban allí, además, con la identificación personal: si alguien googleaba su nombre y apellido, aparecía esta página como referencia. Una página que se dedica a subir fotos íntimas de mujeres.

“Hasta que nosotras entramos y empezamos a intervenir estaba bastante cargada de fotos de chicas, algunas privadas, intimas, de sus cuerpos y caras, otras como las mías, que las habían sacado de mi Instagram”, cuenta Antonella a Popular. Cuando dice “nosotras” se refiere a un grupo de mujeres que primero fueron 10, después 20 y ahora más de 70 que decidieron organizarse y “hacer algo” con la difusión de material íntimo no autorizado.

“Lo que empezó siendo una búsqueda sobre qué podíamos hacer con esto, se transformó en una lluvia de relatos de violencia. Entonces decidimos organizarnos para cuidarnos entre nosotras”, agrega.

Son mujeres de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y La Plata, en su mayoría. Como un espacio de contención surgió “Juntas”, por el momento de manera virtual.

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“El cuerpo de la mujer ha sido históricamente vendido al consumo y es una cuestión de empoderamiento poder hacernos cargo de nuestros propios cuerpos, de nuestros gustos, de nuestro propia sentido de la estética, es un derecho que no se nos puede arrebatar”, dice Antonella, quien por supuesto coincide con la no censura y la libre expresión de los cuerpos y la sexualidad.

“Las imágenes que circulan en un sexting son tanto de hombres como de mujeres. Y, sin embargo, las que tenemos miedo de aparecer publicadas en alguna página somos las mujeres y no los hombres”, dice.

Más información en: Activismo Feminista Digital

Contacto de Juntas: @JuntasArg

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