Para reducir expensas, se podrá variar desinfección

En el marco de un programa de medidas que buscan la reducción de costos fijos en las expensas, el Ejecutivo porteño emitió la resolución Nº 245/2018 para que los vecinos puedan decidir la periodicidad de desinfección del edificio que deberá ejecutar el administrador.

Antes, esa tarea se debía realizar en forma mensual y obligatoria, por más que no existiera necesidad, y generaba una facturación obligatoria de 24 mil pesos anuales en promedio para un edificio tipo de 10 pisos y 20 departamentos.

“Hemos dispuesto que los vecinos tengan la libertad de fumigar de acuerdo a la necesidad real de cada edificio y que ese trabajo no sea una imposición mensual del estado”, afirmó Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

El funcionario agregó que “seguimos adelante con el plan de reducción de costos que afrontan los consorcios y que permitirá una vez aplicado que los vecinos ahorren el valor mensual de una expensa al año”.

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Se estima que el servicio de control de plagas para un edificio de 20 unidades funcionales representa un costo que oscila entre los 1800 y 2200 pesos por mes, dependiendo de la superficie total a cubrir y del tipo de desinfección o desinfestación. En este sentido, se estimó que los consorcios que decidan por ejemplo realizar dos fumigaciones preventivas al año, podrán ahorrar hasta 20 mil pesos.

En la ciudad existe un registro de las empresas que realizan la desinfestación y desinfección, cuya misión es garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e idoneidad previstas para esa actividad.

En tal sentido, se recordó que son estas empresas las únicas habilitadas para emitir certificados y efectuar recomendaciones en base a la problemática que tenga el edificio, pero en todos los casos la decisión siempre estará en manos de los copropietarios.

Esta es la tercera medida puesta en vigencia de las 14 previstas para bajar gastos consorciales: la primera fue la eliminación del libro de datos periódicos (un documento superfluo ya que el administrador ya presentaba esa información a través de una declaración jurada anual.

Luego se dejó sin efecto el certificado de edificio seguro, dado que agrupaba trabajos con certificados específicos ya existentes, y los consorcios pagaban por esa certificación entre 12 a 14 mil pesos anuales.

Se estima que el ahorro total anual para un consorcio por todas las medidas ya aplicadas asciende a 33 mil pesos.

En tanto, una vez que se complete el plan de baja de expensas con las 14 medidas, cada vecino que viva en un edificio tipo de 10 pisos con veinte unidades funcionales, por ejemplo, podrá ahorrar 4.900 pesos por año de expensas.

Lo que implica una expensa menos al año y un ahorro global por año para el consorcio sería de 98.000 pesos.

Entre otras medidas que se tomarán durante este año, se destaca también la licitación de una plataforma denominada Consorcio Participativo, que permitirá controlar online los gastos que hace el administrador.

Se prevé el lanzamiento de una cuenta corriente gratuita para cada consorcio que ofrecerá el Banco de la Ciudad (solo resta que la entidad bancaria disponga por sistema la apertura) lo que permitiría un ahorro de 7.200 pesos al año.

En tanto, ya se encuentra en la Legislatura porteña una norma que introduce cambios en los controles que se realizan sobre los tanques de agua pasando del actual régimen semestral a otro anual, permitiendo de esta manera un ahorro de 8.000 pesos por año.

También esta previsto el establecimiento de un control anual para matafuegos dejando sin efecto la supervisión trimestral mediante la fijación de obleas autoadhesivas.

Asimismo, se prevé eliminar la obligación de construir edificios con vivienda para encargados, prevista por el Código de Edificación para edificios con más de 15 unidades.

De esa manera todas las unidades funcionales aportarán al pago de expensas y el consorcio podrá ahorrar los gastos de contratación de los servicios de un encargado con vivienda incluida.

En cuanto al control de ascensores y calderas, se establecerán nuevos criterios según la antigüedad de las instalaciones, el uso, sus características y el resultado de las pruebas y análisis que se realicen.

Por ejemplo, se permitirá establecer distinciones entre ascensores nuevos y viejos, con uso intensivo (edificios apto profesionales) o residencial en forma exclusiva. Así, habrá una racionalización de los costos del mantenimiento, entendiendo que los más antiguos con alto tránsito requieren una supervisión constante.