En el boletín estadístico, correspondiente al primer trimestre de 2019 y denominado "Las Cárceles en Números" se hace especial hincapié en la sobrepoblación de reclusos en el Servicio Penitenciario Federal y como una de las medidas para que esta situación empiece a revertirse, es que los "jóvenes adultos", que tienen entre 18 y 21 años de edad, no sean incorporados a las unidades con los mayores de edad. Si bien con 466 internos solo representan el 3 por ciento, se propone que ese número vaya decreciendo, a partir de "una propuesta de abordaje para los/las adolescentes procesados/as o condenados/as por delitos cometidos siendo menores de edad que cumplen 18 años en los dispositivos penales juveniles".

Sujetos más vulnerables

"Los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) se encuentran entre los sujetos de mayor vulnerabilidad en su contacto con las distintas agencias del sistema penal", se sostiene, en relación a los que están en conflicto con la ley penal y de acuerdo al relevamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), "desde 2018 a esta parte, se ha registrado una cantidad importante de detenciones dentro de estas franjas etarias de minoridad y resulta llamativa la corta edad, como como especial preocupación la intervención represiva en los episodios en que se los involucra".

Al respecto, se puntualizó que sólo en la ciudad de Buenos Aires, entre el 1 de enero y 31 de marzo de este año, se produjeron 552 detenciones de NNyA, 14 de ellos tienen entre 9 y 12, un total de 202 entre 13 y 15 y 334 en el rango de los 16-17, de los dos restantes se carece de datos.

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Desde aquella mesa de trabajo, desarrollada en octubre de 2018, se cuestionó que sucede con los NNyA en contexto de encierro cuando cumplen 18 años y surgió como una de las conclusiones principales que "el objetivo es evitar su traslado a una cárcel de adultos y, consecuentemente, su permanencia en los establecimientos penales destinados a los que están en conflicto con la ley penal".

Ese documento fue presentado, recientemente, la titular de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Blasco, quien conduce este organismo encargado de la gestión de los dispositivos penales en el ámbito porteño, en una reunión en la que partició el Procurador Penitenciario Francisco Mugnolo, quien celebró "!este tipo de encuentros donde se persigue la búsqueda de soluciones en conjunto interinstitucional".

Cabe señalar que cuando los adolescentes privados de libertad en los Centros de Régimen Cerrado (CRC) cumplen los 18 años, los juzgados y tribunales a cargo deben definir la continuidad de esa condición como prisión preventiva o como condena; como así también se debe definir el lugar de alojamiento donde la misma se cumplirá. "Algunos de ellos son trasladados de manera inmediata e intempestiva al Complejo Federal para Jóvenes Adultos, en caso de los varones y al Complejo Penitenciario Federal IV, paa las mujeres.

Allí el Servicio Penitenciario Federal lo trata como un ingresante al sistema penal, desconociendo la trayectoria institucional previa y sometiéndolo a la violencia que genera el circuito de ingreso del sistema carcelario", se explicó.

Por lo tanto, desde la PPN se considera, en línea con el documento elaborado, que "los jóvenes alojados en CRC que cumplen la mayoría de edad no deben ser trasladados a unidades penitenciarias y por el contrario deben cumplir su condena en dispositivos penales juveniles".