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Un fiscal pidió la detención de Jeanine Áñez y de sus colaboradores en un proceso abierto en Bolivia.
Un fiscal de La Paz ordenó este viernes la detención de la ex presidenta provisoria de Bolivia, Jeanine Áñez, (2019-2020) y varios de sus colaboradores, en un proceso abierto por lo que consideró un golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales en 2019.
La información fue difundida por el ex ministro de Justicia de Áñez, Álvaro Coimbra, uno de los involucrados en la orden de detención impartida por el fiscal Omar Alcides Mejillones.
"Denuncia pública. De manera ilegal y abusiva han detenido a Rodrigo Guzmán, ex ministro de Energías, por el caso armado de 'golpe de Estado'; además hay orden de aprehensión en contra de Jeanine Áñez, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez y en contra mía”, publicó Coimbra en su cuenta de Twitter.
El 12 de noviembre de 2019, Áñez fue proclamada presidente interina del Estado, alegando sucesión constitucional, con el voto de parlamentarios de partidos opositores que representaban un tercio del total de los legisladores y el rechazo del Movimiento Al Socialismo, que no participó de la decisión de la Asamblea Legislativa y consideró la decisión como un golpe de Estado.
La acción contra Jeanine Áñez fue revelada en medio de la tensión provocada por previas órdenes de detención contra ex jefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, en un proceso activado por una denuncia de una ex diputada del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Jeanine Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo, estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la orden de detención, según medios locales.
Esa orden, según un fragmento divulgado por Coimbra, afectaba en total a 12 personas: Jeanine Áñez, cinco ex ministros y seis jefes militares, aunque no figuraban los ex comandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Serio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, citados en mandamientos previos de detención.
Los cinco ex ministros incluidos en la lista son, además de Coimbra y Guzmán, los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos refugiados en Estados Unidos, y de la Presidencia, Yerko Núñez.
La ola de órdenes de aprehensión contra figuras de la pasada gestión transitoria de Áñez se inició la semana pasada a partir de una demanda de la ex diputada oficialista Lidia Patty.
Tras la denuncia de Coimbra, la red privada Unitel reportó que Guzmán fue aprehendido en Trinidad y traslado por agentes vestidos de civil al aeropuerto de esa ciudad, desde donde se esperaba que sea trasladado a La Paz, la capital de Bolivia.
"Cuando llega al aeropuerto recién muestran la orden de aprehensión por caso terrorismo, nunca nos notificaron”, relató a Unitel la esposa de Guzmán.
Fuentes de la fiscalía de La Paz dijeron que era probable una declaración oficial de esa oficina sobre el caso en las próximas horas.
Este viernes, efectivos policiales detuvieron a Guzmán por su presunta vinculación con el caso de "terrorismo y sedición" cuando se produjeron las revueltas contra el golpe de Estado que dejaron 36 muertos y más de 800 heridos.
Guzmán fue detenido en inmediaciones de su domicilio, pese a que sostuvo que nunca fue notificado para que comparezca ante la justicia.
El caso de “terrorismo y sedición” fue presentado por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Evo Morales en 2019 fue propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.
Kaliman, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se convirtió en el cuarto ex jefe policial o militar sobre el que pesa órdenes de detención por su aparente participación en el golpe y es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, según un informe de la red televisiva ATB.
En noviembre de 2019, en conferencia de prensa, Kaliman sugirió la renuncia del entonces presidente Evo Morales en el marco de lo que parecían preparativos para un golpe de Estado en Bolivia.
Este jueves, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los ex jefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Evo Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.
"La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas”, señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.
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