La Justicia española sacudió este lunes el tablero al ordenar el arresto de dos líderes de organizaciones civiles independentistas catalanas, mientras el presidente regional, Carles Puigdemont, respondió con una evasiva al ultimátum del Ejecutivo español sobre si declaró la independencia e insistió en su oferta de diálogo.
Sobre el final de una jornada en la que el esperado intercambio entre los gobiernos de Barcelona y Madrid no logró mover el escenario de bloqueo, una jueza provocó un terremoto al decretar la prisión sin fianza por delitos de sedición para los líderes de las dos principales organizaciones independentistas de Cataluña.
Tras la decisión de la jueza Carmen Lamela, de la madrileña Audiencia Nacional, contra Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, en Barcelona estalló un cacerolazo y una catarata de reacciones políticas, así como también comenzaron las movilizaciones.
Militantes de la ANC llamaron a “empapelar” la plaza Sant Jaume de Barcelona con carteles para pedir por la libertad de los dirigentes.
“España encarcela a los líderes de la sociedad civil de Cataluña por organizar manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, tenemos prisioneros políticos nuevamente”, escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter.
Desde la izquierda, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que la decisión es “injusta y un grave error” que aleja el diálogo, mientras el líder de los socialista catalanes, Miquel Iceta, consideró que la medida es “desproporcionada”.
La resolución judicial hizo saltar por los aires la estrategia que parecía haber puesto en marcha el gobierno español para contener el conflicto de secesión luego de que Puigdemont dejara en suspenso la semana pasada la decisión de declarar de forma unilateral de independencia.
El encarcelamiento de Sánchez y Cuixart, no obstante, cambió radicalmente el panorama, a pesar de que el gobierno español insiste en que la Justicia y la política transitan por caminos paralelos.