Ante la Audiencia de Múnich (Alemania), Stadler aseguró que las acusaciones en su contra son "arbitrarias" e "infundadas", además de ignorar los hechos, y acusó al fiscal de "parcialidad" en la causa.

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El juicio, que arrancó en septiembre y se prolongará hasta 2022, trata de esclarecer las responsabilidades dentro de Audi del Dieselgate que afectó a todo el grupo Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa.

El exdirectivo está acusado de un presunto delito de fraude, con falsedad en las certificaciones de los vehículos y publicidad ilegal. De ser hallado culpable, le podría caber una pena de cárcel de hasta 10 años.

La Fiscalía lo acusa de haber tenido conocimiento de la manipulación al menos desde que se destapó el escándalo en Estados Unidos, en septiembre de 2015, y haber autorizado, sin embargo, que se siguiesen vendiendo modelos de Audi manipulados. Stadler lo negó este martes tajantemente.

También están procesados otros tres ex altos ejecutivos del Grupo Volkswagen, entre ellos el exresponsable de Desarrollo de Motores de Audi hasta 2009, Wolfgang Hatz, que lleva meses cumpliendo prisión preventiva.

El Dieselgate, un escándalo que lleva cinco años

El juicio arrancó exactamente cinco años después de que se descubriese el escándalo, que afecta a unos 400.0000 vehículos de Audi, y apenas unas semanas después de que se conociese el doble procesamiento del hasta entonces presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, acusado de fraude y manipulación de mercado.

En septiembre de 2015, las autoridades medioambientales de Estados Unidos acusaron al grupo Volkswagen de manipular el software de distintos motores diésel para hacer ver que cumplían los límites de contaminación máxima autorizados en Norteamérica.

Fraude en 11 millones de vehículos del Grupo Volkswagen

En los siguientes meses se constató que 11 millones de vehículos del grupo Volkswagen en todo el mundo contaban con un "software" ilegal que hacía que sus motores emitiesen por debajo de los límites, pero sólo cuando se encontraban en un banco de pruebas. En carretera la contaminación era mucho mayor.

El "software" desconectaba los filtros del tubo de escape en muchas más ocasiones de lo legalmente permitido, logrando una mayor potencia en los vehículos, pero con un mayor daño ambiental.

Pérdidas por unos 39.000 millones de dólares

El escándalo derivó en múltiples causas judiciales para Volkswagen. Diversas estimaciones apuntan a que el escándalo le costó a Volkswagen unos 39.000 millones dólares en multas, indemnizaciones y reparaciones.

Los clientes afectados, por un lado, exigieron compensaciones tanto a título individual como en grandes causas colectivas en diferentes jurisdicciones

Los accionistas, por su parte, denunciaron a la dirección por ocultarles información crítica para poder evaluar el precio de las acciones. Varios gobiernos forzaron al grupo a reparar los vehículos afectados.