Guillermo Marijuan impulsó una investigación por jurisdicción universal, reunió pruebas sobre las masacres y consiguió que la Justicia argentina ordenara la captura internacional de 25 sospechosos antes de la sentencia de La Haya.
Guillermo Marijuan impulsó una investigación por jurisdicción universal, reunió pruebas sobre las masacres y consiguió que la Justicia argentina ordenara la captura internacional de 25 sospechosos antes de la sentencia de La Haya.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de las Naciones Unidas, emitió un fallo histórico al declarar que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohingya durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakhine. La sentencia representa un precedente inédito en los 80 años de historia del organismo y también puso en primer plano el trabajo realizado desde Argentina para investigar los crímenes y perseguir a sus responsables.
En ese proceso tuvo un papel central el fiscal federal argentino Guillermo Marijuan, quien impulsó una investigación por jurisdicción universal para determinar las responsabilidades penales individuales de los funcionarios y militares birmanos involucrados. Su trabajo permitió reunir testimonios de sobrevivientes, documentación internacional y otras pruebas sobre las masacres, además de avanzar con pedidos de captura internacional contra integrantes de la cúpula política y militar del país asiático.
El fallo de La Haya fue adoptado por nueve votos contra seis. El presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, confirmó que las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de civiles rohingya, perpetraron violencia sexual generalizada y cometieron actos de extrema violencia contra niños. También atacaron a quienes intentaban escapar hacia Bangladesh.
De acuerdo con las pruebas examinadas por el tribunal, alrededor de 10.000 integrantes de esa comunidad fueron asesinados. Las operaciones incluyeron la destrucción de aldeas enteras y provocaron un desplazamiento masivo de la población. Actualmente, cerca de 1,2 millones de refugiados rohingya viven en Bangladesh, principalmente en campamentos de Cox's Bazar.
La Corte también rechazó el argumento de Myanmar, que había presentado la ofensiva militar como una operación legítima contra grupos insurgentes. En cambio, consideró acreditada la responsabilidad del Estado por el genocidio y estableció obligaciones para investigar y castigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso seguro de los desplazados.
La intervención de Marijuan comenzó antes de que se conociera la sentencia internacional. El 28 de junio de 2024, la fiscalía argentina solicitó la emisión de circulares rojas de Interpol para localizar y detener a los presuntos responsables de las atrocidades cometidas contra la comunidad rohingya.
Posteriormente, en febrero de 2025, la Justicia argentina ordenó la captura internacional de 25 personas, entre ellas integrantes de la conducción militar y autoridades civiles de Myanmar. La investigación buscó establecer quiénes planificaron, ordenaron y ejecutaron las operaciones que terminaron con asesinatos masivos, violencia sexual y la destrucción de cientos de poblaciones.
Uno de los principales desafíos fue reconstruir los hechos sin tener acceso directo al territorio donde ocurrieron las masacres. Para eso, la fiscalía reunió declaraciones de sobrevivientes en Buenos Aires y mediante videoconferencias desde Bangladesh, que luego fueron contrastadas con imágenes satelitales y documentación del Mecanismo Independiente de Investigación de Naciones Unidas para Myanmar.
A ese material se sumó el testimonio de un exintegrante de las fuerzas armadas birmanas que desertó y aportó información sobre el funcionamiento interno del Ejército. La coincidencia entre fuentes independientes permitió reconstruir las operaciones y avanzar sobre uno de los aspectos más complejos de una causa por genocidio: demostrar la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano.
La investigación también reconstruyó que la violencia de 2017 no fue un episodio aislado. Durante décadas, los rohingya habían sufrido políticas de discriminación, restricciones para acceder a la ciudadanía, circular libremente, estudiar y recibir atención médica. También enfrentaban limitaciones para practicar su religión y formar sus familias.
En ese contexto, la fiscalía documentó la destrucción total o parcial de unas 392 aldeas, cerca del 40% de los asentamientos del norte de Rakhine. La magnitud y simultaneidad de las operaciones, sumadas a las políticas de persecución anteriores, fueron elementos centrales para reconstruir el carácter sistemático de los ataques.
La sentencia de la CIJ y la investigación argentina avanzan por vías judiciales diferentes, aunque sus conclusiones se complementan. Mientras el tribunal de Naciones Unidas determinó la responsabilidad internacional del Estado de Myanmar, la causa impulsada por Marijuan busca establecer la responsabilidad penal individual de quienes participaron en los crímenes.
El fallo ordena a Myanmar investigar y castigar a los responsables, indemnizar a las víctimas, facilitar el regreso de los refugiados y garantizar la restitución de las propiedades perdidas o dañadas. También contempla medidas para localizar a las personas desaparecidas y brindar rehabilitación física y psicológica a quienes sufrieron las consecuencias de la violencia.
Sin embargo, todavía existen obstáculos para que los sospechosos enfrenten a la Justicia. Interpol no emitió las notificaciones rojas solicitadas por Argentina y argumentó cuestiones vinculadas con las inmunidades y el carácter político y militar del caso. Además, Myanmar presentó una objeción formal contra los procedimientos.
La sentencia internacional abre un nuevo escenario para insistir con la cooperación y las órdenes de detención, aunque no garantiza por sí sola que los acusados sean arrestados. La CIJ tampoco cuenta con una fuerza propia para ejecutar sus decisiones: ante un eventual incumplimiento, la cuestión puede llegar al Consejo de Seguridad de la ONU.
La resolución, de todos modos, representa un respaldo significativo para la investigación argentina y para los sobrevivientes que buscan justicia desde hace casi una década. El trabajo de la fiscalía permitió que los crímenes fueran investigados desde otro continente y que la Justicia argentina avanzara sobre los máximos responsables, incluso sin cooperación del Estado donde ocurrieron las atrocidades.