Estados Unidos está aumentando drásticamente la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibirle a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, creando la posibilidad de imponer restricciones comerciales y retirándole las visas a unos 500 allegados al cuestionado presidente nicaragüense.
Las acciones, incluidas en una orden ejecutiva firmada este lunes por el presidente Joe Biden, son las más recientes y quizás las más agresivas de Estados Unidos para castigar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano.
Sanciones previas fueron aplicadas contra Ortega, contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y contra familiares y allegados cercanos, pero ninguna medida ha afectado el poder del mandatario, cuyo objetivo más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros miembros del clero.
La orden de Biden amplía significativamente otra emitida bajo la presidencia de Donald Trump, donde declara las violaciones de normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Junto con sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro, la orden ejecutiva prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía nicaragüense y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega, dijeron funcionarios que pidieron no ser identificados.
La orden ejecutiva además allana el camino para que Estados Unidos pueda restringir las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.
Las acciones del lunes podrían augurar el inicio de nueva ofensiva contra la economía nicaragüense, una acción que la administración Biden hasta ahora ha sido renuente en tomar para no agravar las penurias económicas del país centroamericano y no provocar más emigración. Para el año fiscal culminado en septiembre, agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron nicaragüenses en la frontera en 164.000 ocasiones, más del triple de todo el 2021.
Al mismo tiempo, ha aumentado en Washington la frustración por la manera en que las élites económicas de Nicaragua han guardado silencio ante la represión del gobierno de Ortega.
La decisión de Biden de enfocarse en la industria aurífera nicaragüense podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiamiento. El oro fue la principal exportación del país en 2020 y el país, ya el mayor productor del metal precioso en Centroamérica, busca duplicar la producción en los próximos cinco años.