La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sentenció este martes que el país debe pagar US$224,2 millones a dos fondos litigiosos (llamados holdouts) que no entraron a los canjes de reestructuración, correspondientes al default de 2001 y que en 2005, 2010, ni durante el gobierno de Mauricio Macri cerraron un acuerdo.
Preska aceptó el reclamo de los fondos Attestor Master Value, por u$s67,9 millones y Trinity Investments, por u$s156,3 millones.
El anticipo fue realizado por el economista Sebastian Maril, quien también indicó que estos dos fondos constituían la mayor tenencia de bonos en default y no reestructurados de los casos iniciados ante el Juez Thomas Griesa en el año 2014.
Al monto final de pago llegaron a través de un acuerdo entre los estudios de abogados que defienden al país y los fondos litigiosos, por lo cual no hay una instancia de apelación.
Los bonos defaulteados fueron emitidos entre 1997 y 2001 en este caso y sus tenedores originales no entraron a los canjes posteriores a la cesación de pagos de fines del 2001, que se llevaron a cabo en 2005 y 2010.
Cabe destacar que el 93% de los acreedores había aceptado dichas reestructuraciones, pero, a falta de cláusulas de acción colectiva (CACs) en los bonos que no se pagaron, la justicia norteamericana consideró que el país debía pagarle al resto de los bonistas.