Ante inminente prisión del rapero Pablo Hasél, que recibió apoyo de muchas figuras, España promete aliviar penas por "excesos" en la libertad de expresión.

El Gobierno de Españaanunció que va a cambiar el Código Penal para aliviar las penas por “excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”, a raíz del popular caso de un rapero condenado a prisión, Pablo Hasél, que recibió el apoyo de figuras como el cineasta Pedro Almodóvar, el cantautor Joan Manuel Serrat o el actor Javier Bardem, y una intensa movilización a su favor en las redes sociales.

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Varias personas se reunieron este sábado en Madrid para protestar por la decisión de la Audiencia Nacional de encarcelar al rapero Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo Hasel.

Varias personas se reunieron este sábado en Madrid para protestar por la decisión de la Audiencia Nacional de encarcelar al rapero Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo Hasel.

Pablo Rivadulla Duró, conocido artísticamente como Pablo Hasél, había sido condenado a nueve meses y un día de cárcel por publicar unos tuis en los que atacaba a la monarquía y a las fuerzas policiales españolas, llamándolas “mercenarios de mierda” y acusándolas de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.

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Pablo Hasél fue procesado por 64 mensajes en Twitter y una canción en YouTube durante un periodo entre 204 y 2016.

Pablo Hasél fue procesado por 64 mensajes en Twitter y una canción en YouTube durante un periodo entre 204 y 2016.

El rapero fue condenado en 2018 a partir de un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales entre 2014 y 2016.

En la sentencia, la Audiencia Nacional insistía que el alcance de difusión de Pablo Hasél en Twitter de más de 50.000 seguidores en ese momento suponía un “potencial riesgo final de que algún seguidor, aleccionado por las expresiones y la justificación del terrorismo que encierran, acabe usando la violencia”. Frente a esto lo calificaba como "discurso de odio".

El pasado 28 de enero, la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, le dio un plazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente en prisión. Sin embargo, el rapero indicó que no irá por sus propios medios a la cárcel, ya que lo califica como un "secuestro".

Su caso provocó manifestaciones de apoyo en Madrid y Barcelona. Más de 200 artistas firmaron un manifiesto en su apoyo que fue publicado el lunes.

Dentro de los firmantes del texto que son un total de 234 figuran nombres del mundo del cine como Paco León, Luis Tosar, Alba Flores, Álvaro Morte, Javier Gutiérrez, Fernando Trueba, Aitana Sánchez-Gijón, Willy Toledo o Melani Olivares, así como de la música como Isamel Serrano, Josele Santiago, Coque Malla, Brisa Fenoy, Pedro Guerra o Fermín Muguruza.

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En este afirman: "Nos hemos unido para mostrar nuestro apoyo a Pablo, exigir su libertad, así como que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”.

Amnistía Internacional (AI) se sumó a las críticas con su opinión: “Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso”.

Horas después de la publicación del manifiesto, el Gobierno de España anunció que planteará “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”. El Ministerio de Justicia revisará que se pongan penas "disuasorias" y no de prisión para casos que tengan de “conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta”.Considera que la pena en aquellos casos “supondría un desaliento para la libertad de expresión”.

Hay un antecedente de esta cuestión, Valtonyc, otro rapero, fue condenado en 2017a tres años y medio de prisión por enaltecimiento de la banda separatista armada vasca ETA, injurias al rey y amenazas en canciones suyas de 2012 y 2013. Se encuentra en Bélgica dónde no responden a los pedidos de España por extradición en estos casos ya que no lo consideran delito.

El procesamiento judicial de estos delitos es muy criticado por la formación izquierdista Podemos, que desde enero de 2020 gobierna España en coalición con los socialistas de Pedro Sánchez.

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