La Justicia intenta determinar si la esposa y el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria intervinieron en la maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que una banda integrada por ciudadanos argentinos y colombianos llevó a cabo mediante inversiones inmobiliarias en Argentina, entre ellas en el histórico “Café de los Angelitos”, informaron fuentes judiciales y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se trata de María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, esposa e hijos del fallecido narco colombiano Pablo Escobar, quienes se cree que cobraron una “comisión” para conectar al jefe de la organización José Piedrahíta Ceballos (detenido en Colombia) con el argentino Mateo Corvo Dolcet (empresario detenido y procesado en Argentina).
Según las fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias Télam, la sospecha de que Santos y Marroquín tuvieron algún tipo de intervención en la maniobra surgió a raíz del hallazgo semanas atrás durante un allanamiento a la casa de Corvo Docet, en el partido de Pilar, de un documento que fue firmado en el 2011 en el cual se estipulaba el pago de una comisión por contactar a Corvo Docet con Piedrahita Ceballos.
“Se trata del pago de una comisión del 4,5 por ciento del total del dinero que se pensaba invertir en el país por contactar a ambos involucrados”, dijo a Télam una fuente de la investigación, quien aclaró que ese documento posee la firma de la esposa y del hijo del entonces líder del “Cartel de Cali”, cuyos verdaderos nombres son Victoria Henao Vallejos y Juan Pablo Escobar Henao.
En un comunicado, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich señaló que el documento hallado en la casa de uno de los procesados “prueba la impunidad con la que los carteles operaban en Argentina” y señala que Corvo Docet es el “testaferro del dinero de los peores narcocriminales del brutal Cártel de Cali, conocido por su poder, corrupción y asesinatos masivos. Su familia eligió este país para seguir operando. Hoy esta impunidad comienza a caerse”.
Ayer, el juez federal de Morón, Néstor Barral, procesó a Corvo Dolcet (53), a María de los Ángeles Verta (51), a María Gabriela Sánchez (48), a Esteban Adrián Delrio (54), y a Antonio Pedro Ruiz (57), a quienes consideró coautores de los delitos "de lavado de activos, agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza”.
En su resolución, el magistrado dictó la prisión preventiva sólo para el abogado y empresario Corvo Dolcet por considerar que existen riesgos procesales.En tanto, el juez dictó la falta de mérito de un sexto acusado y concuñado de Corvo Dolcet, Marcelo Gustavo Pera (52).
A los procesados se les imputa haber formado parte de “una asociación criminal” que se dedicaba a “poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras de tráfico de estupefacientes”, realizadas en Colombia y Estados Unidos, “con el objeto que adquieran apariencia de lícito”.
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