Las polémicas escuchas telefónicas a familiares de Maldonado, amigos e integrantes mapuches de la comunidad Resistencia Cushamen, fueron ordenadas en plena búsqueda del artesano por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien conducía la investigación hasta que fue apartado y reemplazado por Lleral.

Como el código procesal penal solo avala las intervenciones de teléfonos de imputados en las causas, la semana pasada el juez Lleral ordenó la destrucción de los audios.

LEA MÁS:

Sin embargo, este lunes la fiscal Ávila apeló la decisión, con el argumento de que las escuchas tienen información sobre supuestos falsos testimonios y plantado de pistas para obstruir y desviar la investigación del caso Maldonado.

Esta acusación de Ávila fue dirigida a mapuches que testimoniaron que a Maldonado lo secuestró Gendarmería en un violento ingreso a Resistencia Cushamen, además de un amigo de la víctima, quien aseguró que alguien atendió un llamado que hizo al celular del artesano, y de integrantes de la comunidad mapuche.

También incluyó en su investigación sobre las escuchas a Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antico, para conocer sus movimientos y acciones mientras estaba en marcha la búsqueda del tatuador, quien desapareció el primero de agosto del año pasado y fue encontrado ahogado 78 días después en el río Chubut, cerca de donde se hizo el operativo denunciado.

LEA MÁS:

Sergio Maldonado dijo a Télam que la familia "está de acuerdo" con la decisión de Lleral y dijo que la justicia debe garantizarles "cómo se van a destruir los audios".

"Además queremos saber qué pasará con quienes tienen copias (de los audios de las escuchas), como (el diario) La Nación, que ya publicó escuchas de un testigo y mis conversaciones", agregó el hermano de la víctima.

Consideró que si Otranto no ordenaba el espionaje en sus teléfonos "las conversaciones no serían publicadas" y se preguntó quién le dio los audios a La Nación y otros medios que también tuvieron acceso a las grabaciones.

Además, anticipó que la familia pedirá este miércoles la recusación de Ávila por esta actitud hostil a la familia, que se considera "doblemente víctimas, por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa", como publicaron el sábado en un comunicado.

LEA MÁS: