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La Justicia ordenó el fin de la domiciliaria para el financista y Federico Pulenta. Están procesados por el manejo de bienes provenientes de actividades criminales.
La Justicia ordenó el fin de la prisión domiciliaria y la detención en un establecimiento penitenciario de los financistas Ivo Rojnica, conocido como "El Croata", y de Federico Pulenta, quienes se encuentran procesados por el supuesto delito de administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales.
La resolución -tomada por el Juzgado Criminal y Correccional N° 8- establece que en ambos casos "deviene adecuado resaltar que se encuentra probado que Ivo Rojnica junto con Federico Pulenta dirigen las operaciones de la estructura y también que opera directamente las cuentas bancarias de la organización tanto en el país como en el exterior, como así también a través de la web que se utiliza para canalizar fondos marginalmente".
En ese marco se determinó que "la restricción preventiva de su libertad ambulatoria en un establecimiento penitenciario, deviene, por el momento, como la única medida lo suficientemente idónea, para garantizar los fines del proceso".
De esta manera, el tribunal resolvió revocar "la prisión domiciliaria y disponer la detención en la unidad del Servicio Penitenciario Federal que por turno corresponda".
A principios de noviembre, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva a Rojnica como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
Tras ello, resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
Este último magistrado ya estaba investigando a Rojnica por manejar la "cueva" Nimbus en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.
Villena procesó a Rojnica y a otro de los acusados, Federico Pulenta, como coautores de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada y dispuso para ambos el arresto domiciliario y uso de tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones.
Continental Armadores de Pesca (Conarpesa), de capitales españoles y constituida en 1977, es una firma dedicada a la captura, procesamiento y explotación de langostinos que cuenta con una flota de 22 buques pesqueros y cuatro plantas en la Patagonia, según indica su web oficial.
La firma, que cuenta con "más de 1.000" empleados y es presidida actualmente por Fernando Álvarez Castellano, señala ser la mayor exportadora de langostino salvaje de Argentina.
En el pasado, estuvo involucrada en diversos escándalos.
Este año, la Justicia allanó su predio de Puerto Madryn por el presunto vuelco de afluentes crudos al Golfo Nuevo y dos de sus gerentes fueron imputados por delito de contaminación ambiental.
Otro escándalo ocurrió en 2004 cuando fue vinculada con el asesinato de un empresario.
La entonces líder del ARI, Elisa Carrio, afirmó que, detrás del asesinato en enero de 2003 del empresario y ex gerente de Cornapesa Raúl Espinosa, se encontraba presuntamente Héctor Antonio, vinculado a la firma y que, según señalaba, habría tenido participación intelectual en el delito, pero esta teoría se fue diluyendo luego.
Los dos juicios por su asesinato terminaron impunes y todos los acusados fueron sobreseídos.
En tanto, en 2009, Conarpesa fue denunciada por tirar tres toneladas diarias por buque de langostinos sin procesar y en 2007 la Agrupación de Obreros Marítimos Unidos (Agomu) la acusó de inseguridad en los buques, abandono de persona, violación de derechos humanos, depredación y contaminación ambiental.
El presunto vínculo de Rojnica con Conarpesa no se trata de la única maniobra del financista que está siendo investigada en las cuales habría realizado otras similares, girando al exterior millonarias cantidades de dinero y eludiendo los controles a través de la creación de sociedades y el ocultamiento del origen de los fondos.