Reclamo por pensión por un asesinato impune

Sebastián Oscar Prado, tenía 36 años y trabajaba como traumatólogo en el Hospital Central de Mendoza, en medio de su carrera como médico había logrado cierta estabilidad laboral y junto a su pareja Carla Santarelli, con la que habían tenido dos varoncitos Adrián y Augusto, estaban a punto de formalizar la relación.

A una semana de casarse, salieron de su casa para ir a un cumpleaños en la noche del 6 de septiembre de 2013 y cuando se encontraba al volante de su Renault Duster, acompañado por su esposa e hijos, apareció un encapuchado que le exigió le entregara el vehículo y un movimiento de resistencia al robo, pero también buscando preservar a sus seres queridos, terminó en tragedia. Los tres balazos en el abdomen, la espalda y el antebrazo que recibió resultaron fatales y murió cuando era operado.

Ya han pasado más de cuatro años de ese desgraciado episodio y todas las hipótesis seguidas, algunas profundizadas y otras no tanto, no lograron dar con el autor de los disparos de este intento de robo “al voleo”, como se indicó, cuando se dio en el marco de una creciente inseguridad en determinado barrios de la capital mendocina, como el de Sexta Sección donde residía Sebastián Prado, “Pacha” como todos lo conocían, junto a su familia.

De las marchas reclamando justicia, las reuniones con los investigadores comprometiéndose a aportar soluciones para dar con el asesino y la infinidad de declaraciones de personas que aportaron datos en el expediente, Blanca Sotelo, la madre de la víctima, conoce como nadie y pese a todos los contratiempos, sostiene su convicción de seguir demandando “para que detengan y condenen a ese criminal, que no se encontró, debido a que se cometieron muchos errores en los días posteriores al hecho”. No obstante, su impotencia ante la falta de respuestas concretas de quienes deberían dárselas, se potencia con la insensibilidad para atender su reclamo para lograr la pensión de su hijo para destinarla a la crianza de sus nietos.

“Una vez superada esa conmoción inicial, nadie se ocupó de su familia en esos trámites administrativos. Sebastián trabajó durante más de diez años en distintos hospitales de Mendoza, en una situación de precariedad laboral, ya que fue monotributista hasta que logró ingresar a planta permanente. Cuando lo mataron, nos dijeron, que solo le faltaban dos meses de aporte como para el otorgamiento de una pensión y que al no estar casado legalmente, quien era su pareja y madre de sus hijos no podía ser beneficiaria. Una simple cuestión burocrática que en el ANSES la colocaron como obstáculo, cuando a mucha gente se le otorgó una moratoria y a nosotros cuando hicimos el trámite nos salió rechazado”, denunció la mujer.

Desde el gobierno de Mendoza, la recompensa para quien aporte datos fehacientes para individualizar al homicida de Sebastián Prado se aumentó de los iniciales 50 mil pesos a 150 mil, pero, a pesar de las gestiones con distintos funcionarios que realizó la madre del médico asesinado, nadie se ha ocupado de destrabar el trámite de la pensión para su viuda o hijos. “Nosotros como familia nos hacemos cargo de todo, de los tratamientos psicológicos de esos niños que crecieron preguntando por su papá muerto y de que no les falte nada, ya que mi nuera tiene su trabajo. Solo pedimos que haya justicia. La investigación de la causa penal hasta aquí ha fracasado, ya que el crimen está impune y ese beneficio que le corresponde por ley, por los muchos años que mi hijo se desempeñó en varios hospitales, tampoco se lo han otorgado”, concluyó Blanca Sotelo.