Con su protesta en la 9 de Julio, las agrupaciones sociales enviaron un mensaje al actual gobierno y al que viene, además de otros sectores. El papel de contención que cumplen y las intenciones políticas de la movida

La polémica por la declaración de la emergencia alimentaria que reclama la oposición al Ejecutivo, que podría debatirse en el Congreso la semana próxima, no sólo se vincula a la necesidad de los más vulnerables por el alza inflacionaria: hay en el medio un planteamiento de las organizaciones sociales y algunos sindicatos, no solo a la actual administración, sino también hacia las corporaciones industriales y a los formadores de precios de cara al debate que se viene para un futuro gobierno donde la puja distributiva -aunque cambie de signo del Ejecutivo- no hará más que incrementarse por el tamaño de la crisis.

En ocasión del levantamiento del acampe sobre la avenida 9 de julio que llevaron a cabo distintos grupos de desocupados, un dirigente envío un mensaje al candidato triunfador en las PASO: "No estamos de acuerdo como dice Alberto Fernández que está bien el dólar a $60". Para el gobierno, que califica de "extorsiva" la movilización ya que asegura que detrás de la emergencia alimentaria se esconde un pedido por más planes sociales, la marcha también muestra un aviso al futuro gobierno sobre el poder de movilización de las agrupaciones. En un eventual mandato de Alberto Fernández, ya no habría lugar para el supuesto Ministerio de la Economía Popular que le habrían prometido al líder de la CTEP, Juan Grabois.

Tanto el gobierno como la oposición, no obstante, admiten que la existencia de las organizaciones sociales en la práctica funcionaría como un "dique de contención" al reclamo de los más vulnerables. "Esto no es 2001 porque hay planes sociales y podemos reforzar las raciones de los comedores", reconoció en las últimas horas un funcionario de Jefatura de Gabinete.

Con ese diagnóstico coincide Juan Carlos Schmid, titular de la CATT (gremios del transporte) y ex triunviro de la CGT, que ha tenido que soportar el rechazo de sus pares de la central obrera por respaldar las demandas de las organizaciones populares y también por haber intentado asimilarlos a la discusión en calle Azopardo. "En muchos sectores hay una cerrazón incomprensible" por no aceptarlos, mencionó ante la consulta de este diario y sostuvo que "cuando hablo de estos temas, muchos me dicen que me cierro las puertas (de la CGT). Hay que abrir un debate intenso, porque es la nueva composición de la clase trabajadora en la Argentina".

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Schmid, que participó de la movilización del 28 de agosto en la que las organizaciones visibilizaron el reclamo por la emergencia alimentaria al que luego se sumaron la Iglesia y los bloques legislativos de la oposición, recordó que "en realidad esto lo venimos planteando desde noviembre de 2016 cuando salió la ley de emergencia social. Y ahora reclamamos un verdadero SOS no sólo al Ejecutivo sino a toda la sociedad: a los formadores de precios, a los sectores monopólicos, a los bancos, a las petroleras. Hay que reformular el plan para atender el hambre más urgente pero el Ejecutivo debe estar a la cabeza".

Sobre la posibilidad que se concrete una sesión especial del Congreso para aprobar la mentada ley, el gremialista dijo que "la realidad es que la inflación ha ido diluyendo todas las partidas que preveía la emergencia social. Pero el Congreso tiene que estar altura, no queriendo sacar una ventaja que tenga que ver con lo electoral. Es una utopía".

El titular de Dragado y Balizamiento chicaneó a sus colegas de CGT que el miércoles emitieron un comunicado apoyando el reclamo. "El documento es tardío, pero mejor tarde que nunca", y remarcó que "hoy todos hablan de prudencia, que era lo que los sectores más duros del sindicalismo me cuestionaban cuando estaba en la conducción" de Azopardo.

Y pensando en lo que viene, un gran acuerdo social para minimizar la puja distributiva, dijo que es función del "ejercicio de la política ver quien le pone cascabel al gato".

Respecto a la actual situación de emergencia, sentenció que "todos los sectores tienen que abrir la mano de alguna manera" y reclamó para los sindicatos una acción conjunta "similar a la cruzada que llevó a cabo Red Solidaria en los días de frío" para dar cobijo a las personas sin techo.

En Casa Rosada, en tanto, sostiene que hoy la emergencia alimentaria está vigente con la ley 25724 (Emergencia Social), que las partidas presupuestarias siempre estuvieron a disposición para reforzar la asistencia alimentaria y que en pos del salto inflacionario "se van a subir un 43% el valor de las raciones de comedores comunitarios y merenderos y un 40% en la cantidad de compra de comida a granel. Hicimos el acuerdo de sacarle el IVA a productos esenciales -insistieron en Desarrollo Social- y dimos el bono de $1000 para todos los chicos que tienen AUH".

No obstante, en el gobierno hay intención de "dejar hacer" a los bloques legislativos de la oposición en caso que logren convocar a una sesión especial de Diputados para aprobar la emergencia alimentaria. Es que el eventual costo fiscal de la enmienda, en todo caso, lo pagará la futura administración nacional y hoy el Frente de Todos es favorito para asumir el 10 de diciembre próximo.

Para un funcionario bonaerense, en tanto, la presión de los últimos días por parte de la oposición tiene intenciones "desestabilizadoras: no en vano hace décadas no termina su mandato un gobierno no peronista".

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