En el marco de la agenda de seguridad que está agitando el gobierno, ahora trascendió que buscan crear un registro con muestras de ADN de todos los delincuentes peligrosos, como el que ya existe para violadores

El gobierno presentará un proyecto de ley para crear un registro con las muestras de ADN de todas las personas que hayan cometido un delito doloso, sin distinguir la gravedad del hecho.

La idea es ampliar el uso del mecanismo que ya se utiliza para los condenados por violación, quienes deben someterse a exámenes genéticos para que sus datos queden guardados en una lista.

La iniciativa llega luego del anuncio por parte del Ejecutivo de la adquisición de las pistolas Taser para la Policía y la reforma que impulsa del Régimen Penal Juvenil para bajar a 15 años la edad de imputabilidad.

Si el proyecto avanza, a ese registro de criminales sexuales se sumarán aquellos que cometan homicidios, secuestros extorsivos, lesiones graves, robos y todo el resto de “delitos dolosos tipificados en el Código Penal”.

Según trascendió, el texto fue elaborado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y aprobado técnicamente por el Ministerio de Justicia, que dirige Germán Garavano.

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Se prevé que pase a manos del secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, para que en los próximos días lo firme el presidente Mauricio Macri y sea girado luego al Congreso.

El proyecto propone puntualmente la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, creado en el 2013 por la ley 26.879 luego de la indignación de gran parte de la sociedad por el caso de Ángeles Rawson.

Para Bullrich, incluir en esa lista a otro tipo de criminales permitirá “identificar y condenar a los autores de delitos, así como para exculpar a personas erróneamente acusadas”, además de provocar “en futuros agresores una sensación de mayor control y de pérdida del sentimiento de anonimato e impunidad”.

A los condenados por este tipo de hechos se les realizará un hisopado en la garganta que será procesado después en laboratorios certificados por el estado, como ya ocurre con los violadores.

Esos datos se sumarán después al registro general a través de un moderno y complejo software que fue provisto por el FBI, de los Estados Unidos.

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