Política
La situación condena a esos trabajadores a vivir con un sueldo que no llega al Mínimo Vital y Móvil, a no cobrar asignaciones familiares ni gozar de un régimen de licencia por enfermedad.
Sin estabilidad laboral y cobrando poco más de la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, que a partir de setiembre llegó a $ 7.560, es la situación en que se encuentran los 7.000 empleados contratados que tiene el Municipio de Lomas de Zamora. Debido a ello, no cobran salario familiar ni bonificación alguna, y deben esperar 7, 8 y hasta 10 años para que, con suerte, los efectivicen. Un panorama que fue calificado como 'aberrante' desde distintos sectores políticos.
Por esa razón las críticas caen con dureza sobre el intendente Martín Insaurralde, aún a pesar de haberse convertido en una de las caras de la renovación del PJ en la provincia de Buenos Aires.
La planta temporaria, que duplica a la permanente, se fue incrementando "astronómicamente" durante los últimos años, y no son pocos quienes creen que detrás de este suceso se encubre el financiamiento de la estructura política del alcalde lomense, según denuncia la oposición.
La presunción la sustentan en que la erogación anual en salarios de esta enorme estructura es de $ 1.200 millones de pesos, sin embargo año a año el municipio privatiza más servicios, como ser la recolección de residuos, el mantenimiento del alumbrado público o la utilización de algunos de los 7.000 cooperativistas que se desempeñan en el distrito para tareas que en realidad le corresponderían al municipio.
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Desde la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado-Regional Sur (ATE Sur) asemejan este delicado panorama a la precarización que se vive en los talleres clandestinos, ya que los trabajadores se ven obligados a realizar horas extras o conseguir otros empleos para poder redondear un salario que les permita llegar a fin de mes.
A pesar de los reiterados pedidos de audiencia presentados por los dirigentes sindicales, ni el alcalde ni ningún miembro de su gabinete los ha recibido. Ante esta "insensibilidad", el gremio concretará el jueves próximo una concentración frente al Palacio comunal para hacer público este 'atropello'. Instalarán una carpa y una radio abierta para exigir que "todos los trabajadores gocen de los mismos derechos" y no haya "empleados de segunda".
El concejal de la Unión Cívica Radical, Marcelo Pellegrini, recalcó que "Insaurralde tuvo que efectivizar a algunos trabajadores al sancionarse en la provincia la Ley 14,656 de Paritarias Municipales, pero lo cierto es que a lo largo de toda su gestión no ha concretado ningún pase a planta perramente".
Tras calificar que el incremento de los contratados fue "astronómico" en los últimos años, el edil radical precisó que en 1983 la Administración arrancó con 1.500 trabajadores y ningún contrato; en 1994, la planta empleaba a 2.500 personas y contrataba a otros 2.000; y en 1999, las cifras se ubicaban en 2.700 y 1.500, respectivamente.
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