Tras las críticas de Patricia Bullrich, el abogado del presidente Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, reveló que su estudio fue quien pagó los 3 millones de pesos correspondientes a la tasa de Justicia en el jucio que el mandatario le inició por daños y perjuicios
“Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia, la pagó mi estudio, con cheque a mi nombre. ¿No miró el expediente? Deje de mentir”, fue el tweet que le dedicó Dalbón a Bullrich.
La titular del PRO había cuestionado que el mandatario mintiera al decir que no contaba con el dinero para afrontar la donación propuesta como compensación (1,6 millones de pesos) y que acabó con cerrar la causa por la fiesta de Olivos, en plena cuarentena por Covid, y que luego lo abonara estos otros tres millones de pesos.
“Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, había escrito la exministra de Seguridad.
Esta causa por "daños y perjuicios" la iniciaron de manera separada el presidente Fernández así como el exministro de Salud Ginés González García y el empresario farmacéutico Hugo Sigman, luego de que Bullrich acusara al Gobierno de intentar colocar un socio local en la compra de vacunas del laboratorio Pfizer contra el Covid.
El lunes, el juez Mirabelli homologó los acuerdos celebrados con la Fiscalía por 1,6 millones de pesos, en el caso del presidente y de 1,4 millones de pesos en el caso de Fabiola Yáñez, argumentando que eran “proporcionales” al daño causado por la fiesta que tuvo lugar en junio de 2020 en la residencia de Olivos.
En los hechos, la causa ya había quedado cerrada a partir del acuerdo con el fiscal, que decidió tomar como parámetro el valor de un respirador.
“El monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID-19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en modulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID-19″, sostuvo el fiscal.
Para evitar la indagatoria y una posible condena, el Presidente optó por la “reparación económica”, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Aunque públicamente defendió esa estrategia jurídica, Alberto Fernández sigue pensando en la intimidad que no hubo delito por la fiesta en la Quinta de Olivos.
A partir de la homologación de los acuerdos, el Presidente tenía hasta diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria del Instituto Malbrán. Pero la necesidad de cerrar la causa aceleró la definición.
comentar