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Es el único legislador desaforado en debate parlamentario de los cinco que fueron sometidos a proceso desde la aprobación de la Ley de Fueros
Julio De Vido es el único legislador desaforado en debate parlamentario de los cinco que fueron sometidos a proceso desde la aprobación de la Ley de Fueros, sancionada en septiembre de 2000, en medio de una investigación a once senadores por las coimas presuntamente recibidas para aprobar una ley de flexibilización laboral.
El impedimento de arrestar a cualquier legislador está garantizado en el artículo 69 de la Constitución Nacional, “excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen’; de hecho, los primeros casos de expulsiones del Congreso datan de 1867, cuando dos diputados fueron acusados de haber formado parte de una rebelión.
La Ley de Fueros se aprobó y promulgó como una necesidad política y para que el juez pudiese investigar a 11 senadores involucrados en la maniobra. Hasta hoy, un caso particular de desafuero tuvo de protagonista al represor Luis Patti, quien no llegó a asumir la banca que ganó como diputado en 2005 porque, en 2006, los miembros del Congreso le impidieron asumir por carecer de “idoneidad moral”.
Dos años después, cuando quien fuera también ex intendente de Escobar ya estaba condenado y preso por crímenes de lesa humanidad, la Corte Suprema definió que el Congreso no tenía atribuciones para impedir la asunción de Patti; pero rápidamente el Congreso volvió a tratar el desafuero, que se aprobó nuevamente.
También se iniciaron procesos a algunos legisladores, sin la aprobación necesaria para sus respectivos desafueros, como a Luis Barrionuevo, a quien en 2003 se lo intentó desaforar por intentar obstruir las elecciones provinciales catamarqueñas -un episodio que incluyó quema de urnas.
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La entonces senadora Cristina Kirchner sugirió avanzar en su expulsión alegando “inhabilidad moral” de Barrionuevo para ejercer su función; pero la maniobra falló porque, para ello, se necesitaban dos tercios, algo que no se consiguió.
En 2002, la Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó sobre el pedido de desafuero de una diputada mendocina, Norma Godoy, por amenazar de muerte a un productor televisivo, al aprobar el dictamen para que ingrese a plenario; sin embargo, renunció antes de culminar el proceso legislativo.
Otro caso es el de Raúl Ochoa, diputado puntano que fue condenado por la justicia de San Luis a dos años y nueve meses de prisión en suspenso por haber votado dos veces en 2001 y, aunque sus pares se negaron a aceptar el desafuero, lo mantuvieron suspendido sin goce de sueldo hasta el final de su mandato, al que le dejaron concluir.