Del debate del proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil participarán funcionarios y especialistas. Ricardo Gil Lavedra será el primer disertante.

La Cámara de Diputados llevará a cabo a partir de este martes audiencias con funcionarios y especialistas para debatir el proyecto para un nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya reforma troncal propone bajar la edad de imputabilidad a los 15 años.

Este martes a las 9:30 el anexo C de la Cámara baja será el escenario de reunión de las comisiones de Legislación Penal; y Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, en el que aportarán su visión los primeros expositores.

Se esperaba que el primer disertante fuera el coordinador general del programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, quien participó en la redacción del proyecto, pero finalmente no sería de la partida, por lo que se presume que en su lugar se presentarán representantes del Ministerio de Justicia.

La semana pasada, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) había estimado que en total se realizarían ocho o nueve audiencias, ordenadas por temáticas, a desarrollarse los días martes y jueves.

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Por la relevancia del asunto a legislar, se definió un esquema de estas características, semejante al utilizado durante discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, para albergar a la mayor cantidad de miradas y así tener todos los elementos para profundizar en el tratamiento.

Más allá de reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años, la reforma del Poder Ejecutivo propone un máximo de cárcel de 15 años y prohíbe "la imposición de reclusión y de prisión perpetua" para los jóvenes de entre 15 y 18 años.

Pese a esto, la iniciativa aclara que la prisión efectiva será "el último recurso" y "por el plazo más breve posible".

A su vez, el texto estipula que los adolescentes "no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas".

Además, se establece que la prisión preventiva para los adolescentes tenga un plazo máximo de un año. En tanto, plantea que en los casos de delitos cometidos por menores, tomará intervención una justicia especializada en adolescencia.

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