Política |
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La disputa no es sólo económica. Es política. El Gobierno empieza a perder control de la agenda parlamentaria, incluso en temas clave como el sistema previsional.
El Senado se convirtió en el nuevo escenario de confrontación política entre Javier Milei y los gobernadores con los que, hasta hace poco, el Presidente mantenía una tensa pero funcional relación. En una sesión que evidenció fracturas internas y alianzas cambiantes, la Cámara Alta aprobó por unanimidad tres proyectos sensibles: el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la restitución de fondos para programas de discapacidad.
Las tres iniciativas ya habían sido aprobadas por Diputados, pero el tratamiento en el Senado expuso la decisión de varios gobernadores de romper filas con la Casa Rosada. La tensión no es nueva, pero esta vez se convirtió en ley. Y con un costo político y fiscal.
El proyecto establece un aumento adicional del 7,2% para las jubilaciones, correspondiente a la inflación de enero que quedó fuera del cálculo con la nueva fórmula oficial. Además, se incrementa el bono previsional que acompaña a las prestaciones mínimas y hace más de un año que no sufre ningún ajuste: con la iniciativa convertida en Ley por el Senado pasará de 70.000 a 110.000 pesos, y se actualizará por inflación mes a mes.
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Impacto fiscal
Así, una jubilación mínima que hoy es de $379.295 (con bono de $70.000 incluido) pasará a ser de aproximadamente $441.568, (también contemplando que incluya el bono de $ 110.000). En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso subiría de $247.436 a $317.436. Para quienes cobran jubilaciones mayores, el aumento del 7,2% también se aplica: por ejemplo, un haber de $500.000 pasaría a unos $536.000. El haber máximo, en tanto, treparía de $2.081.261 a $2.231.111.
El impacto fiscal total estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) oscila entre el 0,6 y el 0,7% del PBI. El bono de $110.000 implicaría un costo anual de 0,26% del PBI, mientras que la recomposición del 7,2% agregaría un gasto de 0,20% este año y hasta 0,42% en 2026, por efecto arrastre.
La moratoria previsional también fue prorrogada hasta 2027. Se trata de un régimen que permite acceder a la jubilación a quienes no reúnen los 30 años de aportes requeridos, mediante el reconocimiento de deuda con ANSES. La prórroga busca evitar que miles de mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 queden fuera del sistema.
La tercera iniciativa aprobada apunta a la restitución de fondos para programas de atención a personas con discapacidad, que habían sido recortados por el Gobierno nacional durante el primer trimestre del año. Las organizaciones del sector venían denunciando la interrupción de servicios básicos como transporte, acompañantes terapéuticos y prestaciones escolares. El Senado decidió garantizar los recursos, aun con el rechazo del oficialismo.
Vetar, al respuesta del Gobierno a la pérdida del control parlamentario
Fue el propio Javier Milei el encargado de anunciar que el Gobierno redoblara la apuesta: “Vamos a vetar, y si por alguna razón el veto se cayera, vamos a judicializar. Porque el superávit fiscal no se negocia y es permanente” dijo el presidente al hablar en un acto en la Bolsa de Comercio.
Ya el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado esta decisión del Gobierno y también el ministro de Economía, Luis Toto Caputo lo subrayó. “Es un acto fiscalmente irresponsable” dijo el ministro tras embestir contra los gobernadores, a quienes acusó de no bajar impuestos ni ajustar sus estructuras provinciales, y de trasladar al Tesoro nacional el costo de las políticas sociales.
El proyecto incluye sin embargo una cláusula de financiamiento: propone eliminar exenciones de IVA para directores de empresas, quitar beneficios fiscales a ciertas sociedades, reducir partidas asignadas por decreto a la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) y rediscutir los sobrecargos que paga la Argentina al FMI. Para sus impulsores, no se trata de gastar más, sino de reasignar prioridades.
La disputa no es sólo económica. Es política. Lo que quedó en evidencia en la sesión del Senado es que el Gobierno empieza a perder control de la agenda parlamentaria, incluso en temas clave como el sistema previsional. La tensión con los gobernadores se agudiza, y la posibilidad de un veto abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso